Gasto previsional del fisco subiría a US$14.300 millones en 2018, si antes no se concreta una nueva reforma para apoyar a los futuros pensionados de ingresos medios, en su mayoría no elegibles para acceder a los beneficios del pilar solidario.
La proyección de que en 2015 los pensionados en las AFP superarán el
millón de personas está estremeciendo al sistema, no tanto por la
magnitud de la cifra, sino por el bajo monto de ingresos que se estima
recibirá la mayoría de los futuros jubilados de este sistema.
La prueba de fuego para las AFP comenzó antes de lo previsto por
los expertos, impulsada por el aumento en la esperanza de vida de los
chilenos, como también por la creciente demanda de un mejor pasar en la
tercera edad.
Mientras los afiliados de menos recursos están
relativamente protegidos con el llamado Pilar Solidario, creado con la
reforma de 2008, los que están un poco más arriba en la escala de
ingresos corren el riesgo de empobrecerse en la vejez. Por eso ya se
está pensando en abordar este problema con una nueva reforma
previsional, esta vez, dirigida a las clases medias.
Con la misma vara con que se mide cualquier sistema previsional, a
las AFP chilenas se les exigen pensiones de al menos el 70% de lo que
ganan los trabajadores en su vida activa.
Esa fue la promesa con que
partió el sistema, en 1981. Sin embargo, estimaciones hechas por los
expertos y por las autoridades del sector indican que la mayoría de los
afiliados obtendrá sólo entre el 40% y el 55% del ingreso que reciben
como trabajadores activos.
En algunos casos extremos, la pensión sólo representa un tercio de
lo que se obtiene en la vida activa, como ocurre con los cálculos que
hoy se pueden hacer para una alta proporción del millón 300 mil
afiliados que cotizan como independientes.
Este problema se solucionará
en parte a contar de 2015, cuando entre en vigor una norma (también
establecida por la reforma de 2008) que obliga a estos afiliados a
cotizar, mediante un descuento sobre el monto que imputen en su
declaración anual de renta. En este caso se les descontará el porcentaje
correspondiente a previsión, de tal modo que recibirán menos devolución
de impuestos.
Este año y el próximo el procedimiento es voluntario, pero ha sido
más que suficiente para reflejar la aversión que tienen los
independientes hacia el ahorro previsional.
A sólo días de iniciada la
operación renta 2013, el Servicio de Impuestos Internos informó que 518
mil personas desistían de destinar parte de los ingresos obtenidos en
2012 al ahorro previsional, lo cual hacía suponer que hacia fin de mes,
cuando termine este proceso, el número de personas que decide no cotizar
sería aún mayor.
El problema para estos afiliados, como para otros que, siendo
trabajadores dependientes, cotizan por el mínimo -sea porque ganan poco,
porque no hacen ahorro previsional voluntario (APV), o porque han
tenido largos períodos de lagunas por cesantía-, es que son candidatos
seguros a una baja pensión.
El subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias , recurre a
la metáfora de un automóvil nuevo para explicar lo que los afiliados a
las AFP esperan del sistema: "Se suben al auto y quieren llegar a
Concepción, pero la gasolina que le pusieron sólo les alcanza hasta
Talca, por lo tanto, la solución es aumentar la cantidad de combustible
para llegar a la meta; es decir, hay que hacerse la idea de que para
tener una mejor pensión, hay que ahorrar más".
Según Iglesias, es
necesario preocuparse hoy de este problema, para evitar que en el futuro
el Estado tenga que cubrir parte del déficit previsional que se
proyecta.
Muchos afiliados, pero pocos cotizantes
Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, al 31 de enero
pasado los afiliados a las AFP sumaban 9.290.555, pero sólo cotizaban
4.960.478, es decir, el 53% del total.
Además, la mayoría de los
cotizantes activos tenía una baja remuneración, con una media de
$601.479 al mes y un sesgo en contra de las mujeres que recibían
$538.808, en contraste con los $643.731 de los varones. Esto revela que
en el futuro las principales perjudicadas con las bajas pensiones serán
las trabajadoras.
Mientras tanto, los 978.723 pensionados en el sistema de AFP, en
sus distintas modalidades (vejez, anticipada, invalidez y
sobrevivencia), recibían una pensión promedio de $179.066, cifra
ligeramente menor que la percibida por los pensionados del antiguo
sistema de reparto, atendidos por el Instituto de Previsión Social
(IPS), que ese mes alcanzaba a $182.190. Los pensionados atendidos por
el IPS sumaban 746.722 personas.
Tasa de reemplazo
Tomando como base la remuneración promedio de los afiliados a las
AFP ($601.479), la pensión ideal debiera ser de $421.035, cifra que
corresponde al 70%. Por lo tanto, la promesa con que partió el sistema
de AFP hace 31 años, no se estaría cumpliendo.
Y lo que es peor, se
prevé que en los próximos años aumente la brecha para una mayor
proporción de afiliados, entre lo que reciben en su vida activa, y lo
que podrían percibir como jubilados. Esto es lo que los expertos
denominan tasa de reemplazo.
Según estimaciones hechas por analistas ligados a la Dirección de
Presupuestos, si continúa aumentando la brecha en la tasa de reemplazo
en los afiliados a las AFP, de aquí a cinco años el Fisco se vería
obligado a incrementar los aportes solidarios, llevando el gasto
previsional total a cerca del 25% del presupuesto.
En cifras de 2012,
esto elevaría el gasto a US$14.300 millones, lo cual habría que
financiar con recursos extras (por ejemplo, más impuestos) o con déficit
fiscal.
El año pasado el gasto previsional total alcanzó a US$11.100 millones, equivalente al 19,2% del presupuesto fiscal.
"Estas cifras revelan un problema estructural para el sistema,
tanto por el alto volumen de afiliados que no cotiza, como por los bajos
ingresos promedios, que no aseguran un ahorro suficiente para alcanzar
una pensión digna en la vejez", sentenció el diputado Carlos Montes,
miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
El parlamentario
advirtió que más temprano que tarde se tendrá que realizar una nueva
reforma para hacerse cargo de este problema. Esta vez orientada a
beneficiar a los trabajadores de ingresos medios. Sin embargo, reconoció
que esto conlleva otro problema: de dónde sacar más recursos para
financiar aquellas futuras prestaciones previsionales.
Mientras tanto, el mecanismo de ahorro voluntario conocido como
APV, tampoco entusiasma a la mayoría de los trabajadores. A febrero
pasado estas cuentas sumaban 707.655, cifra equivalente al 14% del total
de afiliados. Ello, no obstante los beneficios tributarios que ofrece
la ley para apoyar a los ahorrantes, sea con un descuento por los
ingresos declarados en segunda categoría, como por la bonificación
estatal contemplada para aquellos ahorrantes que aspiran a mejorar su
jubilación.
¿Aumentar la edad para pensionarse?
"En general, las estimaciones muestran que las tasas de reemplazo
son más bajas que lo que la gente espera y más bajas que lo que la OCDE
recomienda, 70%", sentenció el profesor de la Universidad Católica,
Klaus Schmidt-Hebbel, en un seminario organizado por el Centro de
Estudios Públicos (CEP) a comienzos de marzo.
Sugirió que el problema
podría afrontarse con cuatro medidas fundamentales: aumentar la edad de
jubilación de hombres y mujeres a 67 años; elevar la cotización
obligatoria de 10% a 13%; hacer imponibles todos los ingresos que
perciben los trabajadores dependientes (bonos y asignaciones); y
combatir la evasión previsional que hoy afecta a alrededor del 25% de
los trabajadores chilenos, debido a las malas prácticas de sus
empleadores.
Sin embargo, la economista Andrea Repetto, miembro de la comisión
que propuso la reforma de 2008 , advierte que "cambiar los parámetros
del sistema, tales como la tasa de cotización o la edad de jubilación,
intenta hacerse cargo de una baja acumulación, pero su efectividad no es
segura", según declaró a La Segunda. Explica que no se le puede pedir a
un trabajador que retrase su edad de jubilación, si no tiene acceso a
empleo.
Asimismo, dice que el alza en las cotizaciones "no sólo no eleva
la acumulación de quienes no cotizan, sino que también puede reducir la
frecuencia con la que cotizan los que cotizan, en particular quienes
tienen un acceso más vulnerable al empleo formal".
El economista Mario Marcel, quien encabezó la comisión que preparó
la reforma de 2008 , lanzó en el mismo seminario del CEP una batería de
ideas para otra eventual reforma.
Entre éstas, el aumento en la tasa de
cotización obligatoria, pero compartida entre el trabajador y el
empleador; un nuevo esfuerzo para reducir los costos en la
administración de los fondos; aumentar la densidad de las cotizaciones
con aportes estatales provenientes de contraprestaciones sociales
(servicio militar, servicios a la comunidad, aportes previsionales en
periodos de cesantía y subsidios por cuidados de discapacitados y
adultos mayores), aumentar la cobertura del APV; elevar la renta máxima
imponible; y crear una entidad estatal orientada a afiliar a los
trabajadores independientes.
El superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma , también
entró al ruedo de las propuestas para mejorar las pensiones. Tomando
como antecedente el incremento del riesgo que está significando para las
compañías de seguros la mayor longevidad de los chilenos, propuso
medidas para mejorar las pensiones por rentas vitalicias.
Entre éstas,
adecuar las exigencias de capital mínimo con que operan las
aseguradoras; crear productos especiales para dar cobertura por mayor
longevidad a los asegurados (tales como rentas vitalicias variables,
swaps y reaseguros); y aprobar el mecanismo de hipoteca revertida, en
que el pensionado aumente su pensión tomando dinero prestado con cargo a
la posesión de algún bien raíz.
Por su parte, el subsecretario Augusto Iglesias propone iniciar una
cruzada de educación previsional, para que los trabajadores se
preocupen del tema y complementen el ahorro obligatorio con el
voluntario, "lo cual evitaría que el estado tuviera que asumir una mayor
carga en el futuro", sostiene.
Tanto Iglesias como Schmidt-Hebbel opinan que el sistema de
capitalización individual ha funcionado bien, sobre todo en cuanto a la
rentabilidad de los fondos. Mientras Iglesias sostiene que el sistema
"ha cumplido con creces el retorno anual promedio de 4,5% que se
proyectó en 1981, porque estamos por sobre el 7%", el profesor de la
Universidad Católica sostiene que la tasa de rentabilidad de las AFP
chilenas es "extraordinariamente alta", en el contexto de la perspectiva
internacional comparada".
El problema está en lo que ellos llaman la "baja densidad" de los
ahorros acumulados por los afiliados al sistema, es decir, en una
acumulación insuficiente y poco constante. Por lo mismo, es en este
plano donde sugieren hincar el diente, "para echarle más combustible al
estanque", como dice Augusto Iglesias.
Proyección a 20 años
En estas condiciones, sigue vigente el negro pronóstico que
hicieron los expertos de la llamada "Comisión Marcel" en 2006, cuando
echaron las bases para la reforma previsional promulgada en 2008: "De
seguir las cosas como están, se estima que dentro de 20 años sólo
alrededor de la mitad de los adultos mayores podrá contar con una
pensión superior a la mínima (...).
Entre quienes corren mayor riesgo de
encontrarse en esta situación se cuentan los trabajadores de bajos
ingresos, los temporeros, los trabajadores por cuenta propia y una
importante proporción de mujeres."
A lo anterior, el subsecretario Iglesias sostiene que en el mejor
de los casos, un hombre que comenzó a cotizar a los 25 años y su salario
creció a una tasa de 1,5% anual, cuando llegue a los 65 años se
jubilará con el equivalente al 54% del salario promedio de sus últimos
tres años como trabajador activo.
Pero una mujer, en las mismas
condiciones que se jubile a los 60, se estima que podría alcanzar a una
pensión líquida equivalente al 39% del sueldo de sus últimos tres años.
Conclusión para Iglesias: "Con una cotización básica equivalente al
10% del sueldo, una persona, sea hombre o mujer, no puede aspirar a
tener una pensión cercana al sueldo en su vida activa y por ello
cualquier solución a este problema pasa inevitablemente por incrementar
el ahorro previsional".
Para solucionar en parte el problema, Andrea Repetto cree posible
extender los beneficios del Pilar Solidario.
Eso sí, advierte que habría
que estimar el costo y también discutir sobre otros usos posibles de
los recursos involucrados porque, mal que mal, junto con las bajas
pensiones, el Estado tiene que hacerse cargo de otros problemas
sociales, tanto o más acuciantes que aquellas.
Pilar solidario
El
pilar solidario implica una carga para el fisco, equivalente al 0,77%
del producto interno bruto (unos US$ 2.300 millones) y se prevé que en
pleno régimen, hacia 2025, subirá al 1,4% del PIB. No fue diseñado para
atender a trabajadores con ingresos medios, que corren el riesgo de no
alcanzar una pensión razonable en el futuro.
En 2012 el gasto previsional total del fisco representó el 19,2% del presupuesto, equivalente a unos US$ 11.100 millones. Junto con los beneficiarios del pilar solidario (1.349.281 personas), se suman a este gasto los aportes para los pensionados del Instituto de Previsión Social (ex INP) y el personal retirado de las fuerzas armadas.
Además del pilar solidario, la reforma de 2008 introdujo una serie de mejoras al sistema previsional, orientadas a ampliar la cobertura de beneficios para los sectores más vulnerables.
En 2012 el gasto previsional total del fisco representó el 19,2% del presupuesto, equivalente a unos US$ 11.100 millones. Junto con los beneficiarios del pilar solidario (1.349.281 personas), se suman a este gasto los aportes para los pensionados del Instituto de Previsión Social (ex INP) y el personal retirado de las fuerzas armadas.
Además del pilar solidario, la reforma de 2008 introdujo una serie de mejoras al sistema previsional, orientadas a ampliar la cobertura de beneficios para los sectores más vulnerables.
Entre otras: subsidio
previsional a los trabajadores jóvenes, bono por hijo para las mujeres,
incentivos de cargo fiscal para el Ahorro Previsional Voluntario,
creación del Fondo para la Educación Previsional, cotización del seguro
de invalidez y sobrevivencia para los empleados públicos, un crédito
contra el impuesto de primera categoría por las actividades que
subcontratan las AFP; y asignación familiar y de cobertura de la Ley de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales para los
trabajadores independientes.
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