La fusión entre las AFPs Cuprum y Argentum, ambas del grupo financiero internacional Principal, comienza a mostrar hebras que perfilan un nuevo escándalo similar a episodios como el perdonazo que hiciera el Servicio de Impuestos Internos (SII) durante el gobierno de Piñera a la empresa Johnson’s, o con eventos similares a las repactaciones unilaterales de La Polar o al mismo caso “cascadas”, articulado por el controlador de Soquimich, Julio Ponce Lerou, y conspicuos operadores de la Bolsa de Santiago.
Si este nuevo escándalo se inició hace unos meses con denuncias privadas y discretas, desde comienzos de junio, impulsado por el senador del MAS Alejandro Navarro, el incidente financiero ha tomado todas las características de un escándalo mayor. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora en tanto la Fiscalía acogió la denuncia presentada por Navarro para investigar la fusión de las AFPs del mismo grupo.
La fusión de las dos AFPs del grupo Principal tiene como primer efecto una elusión tributaria de 80 mil millones de pesos (unos 130 millones de dólares, al cambio actual). Una operación que significó un beneficio para sus accionistas y una pérdida neta para el Fisco que ha puesto en el centro de la polémica no sólo al grupo económico sino a Tamara Agnic, superintendenta de Pensiones desde julio del año pasado. Agnic está bajo el foco de la Cámara y la Fiscalía por la sospecha de haber autorizado la fusión entre las dos AFPs y otorgar a sus dueños el millonario beneficio.
Para Navarro, “todo indica que Agnic es cómplice del holding norteamericano Principal Financial Group, quienes crearon una AFP fantasma llamada Argentum para fusionarla con Cuprum y así eludir el pago de impuestos. La superintendenta de Pensiones tiene una responsabilidad inexcusable. Su negligencia y falta de probidad no puede echarse bajo la alfombra, por lo que debe dar una explicación al país o dar un paso al costado”, sostuvo el senador.
Las denuncias de Navarro configuran una trama mayor. Según explicó, hubo una junta de accionistas de la AFP Cuprum en la cual participaron los representantes de la Superintendencia de Pensiones Felipe Gálvez y Eduardo López: en esa misma reunión Hugo Lavados, presidente de Cuprum, expuso el objetivo de llevar a cabo la fusión. A partir de aquí comienza una nueva trama. Lavados, militante DC, fue ministro de Economía en el primer gobierno de Bachelet y desde 2013 es presidente de la AFP tras la venta de ésta por el grupo Penta en más de mil millones de dólares a Principal. En 2014 Cuprum tuvo utilidades por más de 114 millones de dólares, cifra un 25 por ciento mayor a la del año inmediatamente anterior.
OTRA VEZ LA PUERTA GIRATORIA
Hugo Lavados es un clásico exponente de la puerta giratoria entre el sector privado y el Estado. Durante el primer gobierno de la Concertación fue superintendente de Valores y Seguros, más tarde gerente del banco BBVA para regresar al sector público en un alto cargo en la Comisión Resolutiva Antimonopolios. En la década siguiente pasó a la dirección de Prochile y luego a ministro de Economía, en el primer gobierno de Michelle Bachelet. A comienzos de 2013 asumió la presidencia del directorio de Cuprum tras la toma de control por Principal, cargo que ejerce en la actualidad junto a la rectoría de la Universidad San Sebastián.
En mayo pasado, cuando el escándalo comenzaba a emerger, la Superintendencia de Pensiones elaboró un comunicado para desligarse de responsabilidades, las que canalizó hacia el SII. En el comunicado la institución dirigida por Tamara Agnic señaló que se cumplieron todos los requisitos que la ley exige a las sociedades que se fusionan, y conforme a las atribuciones de la Superintendencia, se aprobó la operación de fusión por absorción de Argentum S.A. y Cuprum S.A., el 2 de enero de 2015. En el mismo documento se precisaba que “la Superintendencia de Pensiones no aprobó un beneficio tributario en ninguna etapa de este proceso. De hecho, no podría hacerlo ni ninguna AFP u otro regulado podría solicitarle que se pronunciara sobre materias de este tipo, pues no están dentro de las facultades que la ley le otorga. El único organismo público que puede pronunciarse en Chile sobre temas tributarios es el Servicio de Impuestos Internos (SII)”.
Pocas semanas más tarde, AFP Cuprum informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que, “haciendo uso de un beneficio incluido en la reforma tributaria de 2014, calculaba en 80 mil millones de pesos el valor de los impuestos que podría pagar en forma diferida, dependiendo de los resultados que obtenga en el ejercicio de su actividad”.
La segunda semana de junio, días antes de aprobarse la creación de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la Comisión de Economía del Senado llamó a declarar a Agnic. En la oportunidad detalló que tras cuatro meses de análisis, la Superintendencia aprobó la operación “bajo estricto cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley sobre sociedades anónimas” y destacó que el proceso de fusión no provocó perjuicios a los fondos de pensiones de los 640 mil afiliados que cotizan en Cuprum, ni generó efectos adversos en su rentabilidad ni en sus condiciones de seguridad. Sin embargo, un punto quedó en el aire, que no fue respondido: se estima que la fusión sólo tuvo por fin defraudar al Fisco en casi 80 mil millones. Por este motivo, en aquellos mismos días el Ministerio Público acogió la querella interpuesta por el senador Navarro para investigar el hecho y determinar las responsabilidades judiciales respectivas.
LOS OSCUROS PODERES FACTICOS
La investigación está en sus inicios y avanza tanto en la Fiscalía como en la Cámara. Una de las hebras se pierde en los primeros meses del año pasado, con la abrupta salida, en julio de 2014, del entonces superintendente de Pensiones, Alvaro Gallegos, tras haber denunciado presiones de las AFPs. En la presentación del senador Navarro a la Fiscalía recoge el testimonio de Gallegos, quien dijo en su oportunidad haber sido “desbancado por los poderes fácticos” producto de su oposición a la creación de la AFP fantasma Argentum. Estas declaraciones del ex superintendente son para Navarro “de extrema gravedad. No es posible que los dueños de las AFP tengan la capacidad de remover a un superintendente de Pensiones”.
La remoción de Gallegos por los “poderes fácticos” es un hecho difícil de ocultar. El desbancado superintendente había declarado verdades que no soportaron los ejecutivos de las AFPs, que le pasaron el recado al gobierno. Durante un seminario en Icare realizado el año pasado, criticó las inversiones de las administradoras en La Polar, las que calificó de “fraude controlado”. En tanto, agregó que “sorprendentemente, ningún agente del mercado fue capaz de prever (…) ni siquiera nuestras AFPs, que tenían directores en esa compañía. No solo uno: tres directores”.
En la oportunidad, criticó a las AFPs las caídas de rentabilidad de los fondos de pensiones durante la crisis financiera de 2008. Y, en relación con el sistema, agregó otro comentario: “Si me perdonan la expresión, los afiliados al sistema de pensiones están en un corralito. Están obligados por ley y no pueden salir”. A partir de allí, la reacción de la industria fue mover hilos en la oscuridad. El ex presidente de la Asociación de AFPs y ex ministro de Pinochet, Guillermo Arthur, señaló que no le parecía “prudente” que Gallegos hiciera declaraciones con “un grado de prejuicio enorme hacia las AFPs”.
Tras su salida, Alvaro Gallegos envió un mail al senador Carlos Montes en el que relató “los hechos que condujeron a que el primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector financiero, en este caso la Superintendencia de Pensiones, fuera desbancado por los poderes fácticos”. En este mensaje, agregaba que “tales poderes hicieron la lectura correcta: el artificio para ahorrar 80 mil millones de pesos en impuestos no habría prosperado si hubiese dependido de este humilde servidor resolver sobre la autorización de la existencia de Argentum”.
Tiempo después, y con estos antecedentes ya conocidos respecto a la creación de la AFP Argentum como mecanismo financiero para la evasión tributaria, la actual superintendenta aprobó la fusión. Para Navarro, “es el colmo que la superintendenta de Pensiones Tamara Agnic diga que es legal en Chile crear una AFP que no busca administrar fondos de pensión, sino sólo servir como instrumento tributario para evadir 80 mil millones de pesos en impuestos”.
Como ha quedado demostrado, Agnic es una fiel defensora del sistema de AFPs y, según sus declaraciones en un reciente seminario ante las cúpulas empresariales y financieras, la única manera de aumentar los montos de las pensiones en Chile es subir la edad de jubilación. “El hecho de que estemos viviendo más y que está la posibilidad ya casi cierta de que la edad de jubilación se extienda, también hay una responsabilidad de parte de los empleadores con el sistema”.
La elusión tributaria de 130 millones de dólares del grupo Principal, una defraudación fiscal mayor que el infame perdonazo de Johnson’s, se inscribe en un territorio de abismales contrastes. Por un lado las enormes ganancias de Cuprum y la codicia mediante estas ilegales maniobras financieras; en el otro extremo, las miserables pensiones que se pagan a los jubilados y de cuya administración salen sus utilidades.
Agnic, y no Gallegos, representa el sentir y los intereses del gobierno de Michelle Bachelet, como de los anteriores de la Concertación y de la Alianza respecto al sistema de AFPs. Para ello, el ejemplo del DC Hugo Lavados en la presidencia de Cuprum es palmario, así como la instantánea defenestración en julio pasado de Gallegos por criticar el modelo. Pero también es la inacción y otras señales ambiguas ante uno de los mayores problemas sociales del país. Es por ello que la comisión asesora de AFPs, que busca una verdadera solución a las bajas pensiones, dejó fuera a los sectores no sólo más críticos al sistema, sino también a los más informados, como es el caso del economista de Cenda, Manuel Riesco.
El gobierno hasta el momento parece lejano a escuchar soluciones reales a las miserables pensiones, porque éstas requieren la desinstalación del sistema y una guerra con las administradoras, que tienen los fondos invertidos en todo el sistema económico y financiero chileno. Pese a ello, la comisión deberá evacuar un informe final con propuestas, las cuales tenderían a reestructurar el modelo. Pero la implementación de estas propuestas por un gobierno desorientado y muy debilitado es por el momento algo distante.
Al promediar junio el economista y Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ex alto funcionario del Banco Mundial, colocó una lápida al sistema de pensiones chileno, el cual, si bien es útil para engordar al sector privado, no sirve para su objetivo, que es otorgar pensiones decentes de vejez. Stiglitz, invitado mediante videoconferencia a un seminario de cierre de la comisión que estudia los cambios al sistema, fue enfático: hay 23 países que privatizaron sus sistemas de pensiones, pero siete de ellos ya revirtieron su decisión y muchos lo están reconsiderando. Pero junto a este argumento, lanzó su propuesta. “Lo que necesitan en Chile es un primer pilar más fuerte. Es más necesario para evitar pobreza en la vejez y asegurar un nivel mínimo de seguridad. Se debería crear un segundo pilar público, que debe tener un componente de redistribución importante y debe haber un elemento de suavidad intergeneracional que evite la relativa pobreza en la vejez”.
En esos mismos días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP convocaba a una movilización nacional a la que asistieron miles de personas. La Coordinadora promueve el fin del sistema privado y su reemplazo por uno público. Recordó en su convocatoria la fusión trucha de Cuprum con Argentum, “que no es más que una estafa legal al Fisco, visada por la superintendenta de Previsión, que comprueba la urgencia de acabar con este sistema voraz, que roba dónde y como puede”.
