Desde el inicio de la crisis financiera mundial, los ahorros previsionales de los 9,5 millones de argentinos afiliados al sistema se habían desvalorizado en más de 25%, el mismo porcentaje que perdían los fondos chilenos hasta este viernes.
El análisis que hizo el Gobierno de Cristina Fernández fue que estas cifras desalentadoras dejaban en evidencia el fracaso del sistema previsional privado. Esa fue la explicación que dio la Mandataria para tomar una decisión que dejó a todos perplejos: estatizar las pensiones de los argentinos.
"Estamos ante el final de una época y esto es una decisión estratégica", sostuvo la señora K el martes, en el acto en que anunció el proyecto. De esa forma terminó de un plumazo con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que había creado hace 14 años el entonces Presidente Carlos Menem. En su reemplazo, propuso la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, que termina con las cuentas individuales la fórmula que existe en Chile y establece un sistema público de reparto, en el que las AFJP podrán gestionar sólo ahorros voluntarios, lo que a juicio del mercado significaría su desaparición.
Con el nuevo sistema, los 30 mil millones de dólares de los fondos de pensiones serán administrados por el Estado argentino. De ahí las críticas más feroces a esta decisión: según los opositores a Fernández, estos recursos serán utilizados para financiar las deudas fiscales. Sin embargo, la señora K lo negó tajantemente: "Hemos escuchado hablar que el Gobierno viene a hacer un saqueo. La única motivación es rescatar de la incertidumbre a nuestros futuros jubilados".
Sistema blindado
En Chile, desde el inicio de las turbulencias en Estados Unidos, la caída de los fondos de pensiones ha sido tan profunda como en Argentina. Sin embargo, el consenso de las autoridades y los expertos locales es el sistema chileno funciona y que no hay espacio para desmantelar el actual sistema e instaurar uno como el argentino. "Como sistema es bueno, ha funcionado y ha dado beneficios. Sin duda, hoy día estos fondos han sido afectados, pero eso no significa que tenga que ver con el sistema", dijo el presidente del Banco Central, José de Gregorio. Y el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, también fue enfático: "Los ahorros de los trabajadores chilenos están a buen recaudo".
En la industria previsional también descartan que la caída de las fondos pensiones termine con el sistema que tan buenos dividendos les ha dado a las AFP. A juicio del presidente del gremio que reúne a las administradoras, Guillermo Arthur, "en Chile hay una institucionalidad jurídica que hace impensable que se pudiera adoptar una medida que vulnere el derecho de propiedad y que desconoce la finalidad que tienen los ahorros previsionales. La situación es absolutamente incomparable".
Julio Bustamante, ex superintendente de AFP, plantea que el sistema de pensiones chileno está mucho más blindado que el modelo que finiquitó Cristina Fernández. "Aquí los fondos de pensiones están garantizados en la Constitución y para hacer un proceso similar al argentino sería necesario cambiarla, con toda la complejidad que eso requiere. Ese blindaje en Argentina no existía".
Funciona, pero
Sin embargo, en parte importante del oficialismo coinciden en que es necesario introducir nuevas correcciones al sistema de AFP y sumarlas a los cambios que ya incorporó la reforma previsional, cuando comenzó a operar en julio de este año. La idea es evitar desplomes de los fondos similares a los de las últimas semanas, fortaleciendo la seguridad de las inversiones. Por esta razón, en el Ejecutivo están acelerando el proyecto que crea la AFP estatal, el que, según fuentes de Gobierno, ya estaría en manos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La disminución de los riesgos será uno de los puntos centrales de esta nueva empresa pública, ya que uno de sus artículos señala que uno de sus dos objetivos junto con la rentabilidad será garantizar la "adecuada seguridad" de los fondos de pensiones.
La iniciativa será despachada en noviembre y contaría con el respaldo de toda la Concertación más los senadores independientes. Por el contrario, en la Alianza no están de acuerdo con la idea, postura que coincide con la de los actuales dueños de la industria: "No vemos ninguna necesidad de una AFP estatal. Con la reforma el Estado tomó un rol enorme, al hacerse cargo de todo el primer pilar. Entonces, ¿para qué se mete en el segundo pilar si éste funciona adecuadamente? ¿En qué habría cambiado la situación hoy con una AFP estatal? ¿Cuál habría sido el cambio? Ninguno", se queja Arthur.
El senador PS Carlos Ominami señala que propondrá que, junto al proyecto de AFP fiscal, se tramite una iniciativa que busca vincular el cobro de las comisiones que cobran las administradoras que representan uno de cada tres pesos aportados por los cotizantes con la rentabilidad de los fondos. La idea es que cuando éstos renten en forma negativa, disminuya el monto del cobro.
Su correligionario Alejandro Navarro ya se adelantó y explica que está preparando una propuesta para que el Gobierno establezca restricciones a la inversión de los recursos previsionales en activos riesgosos. "No tenemos certeza si la volatilidad sigue y las pérdidas de las pensiones siguen profundizándose. Por eso creo que se debe obligar a las AFP retirarse de los fondos más riesgosos y resguardarse en los fondos A y B", explica el senador socialista.
Las claves de la AFPE
1 El Estado creará una administradora de fondos de pensiones, la que será regulada por las normas de la nueva ley y por las del Decreto Ley Nº 3.500, que rige al sistema de pensiones, especialmente en lo que se refiere al encaje, rentabilidad, adquisición, enajenación, mantención y custodia de los instrumentos financieros de los fondos de pensiones.
2 Esta nueva sociedad anónima será constituida por el fisco y Corfo, y tendrá el nombre de Administradora de Fondos Previsionales del Estado, AFPE S.A. por sus siglas. El Gobierno aún no define cuál será el porcentaje de capital que aportarán el fisco y Corfo. Sí está definido que las ganancias pertenecerán al Estado e ingresarán a las rentas generales de la nación.
3 El proyecto establece que las inversiones de la AFPE tendrán dos únicos objetivos: la obtención de una adecuada rentabilidad de los fondos de pensiones y la seguridad de los mismos. La iniciativa contempla que cualquier otro objetivo que se pretenda dar a estas inversiones será considerado contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de la AFPE.
4 Los recursos de la AFP pública podrán ser invertidos en todos los instrumentos financieros establecidos en el artículo 45 del Decreto Ley 3.500, a excepción de los bonos emitidos por empresas públicas y los bonos de empresas estatales canjeables por acciones.
5 Siete serán los integrantes del directorio de esta nueva empresa pública: tres designados directamente por el Presidente de la República y otros dos nombrados por el Presidente a partir de una terna presentada por el Consejo de Alta Dirección Pública; más un representante de los trabajadores afiliados y otro de los pensionados. Estos dos últimos tendrán derecho a voz pero no a voto en la mesa directiva.
Datos
10 son las administradoras que funcionan en Argentina. Ahora sólo podrán gestionar ahorros voluntarios.
39,13% de su valor han perdido los activos que están en el fondo A desde julio del año pasado, cuando los fondos de pensiones chilenos alcanzaron su mayor valor.
US$30 mil millones administran hoy las AFJP argentinas. Estos recursos pasarán ahora a un sistema de reparto.
El análisis que hizo el Gobierno de Cristina Fernández fue que estas cifras desalentadoras dejaban en evidencia el fracaso del sistema previsional privado. Esa fue la explicación que dio la Mandataria para tomar una decisión que dejó a todos perplejos: estatizar las pensiones de los argentinos.
"Estamos ante el final de una época y esto es una decisión estratégica", sostuvo la señora K el martes, en el acto en que anunció el proyecto. De esa forma terminó de un plumazo con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que había creado hace 14 años el entonces Presidente Carlos Menem. En su reemplazo, propuso la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, que termina con las cuentas individuales la fórmula que existe en Chile y establece un sistema público de reparto, en el que las AFJP podrán gestionar sólo ahorros voluntarios, lo que a juicio del mercado significaría su desaparición.
Con el nuevo sistema, los 30 mil millones de dólares de los fondos de pensiones serán administrados por el Estado argentino. De ahí las críticas más feroces a esta decisión: según los opositores a Fernández, estos recursos serán utilizados para financiar las deudas fiscales. Sin embargo, la señora K lo negó tajantemente: "Hemos escuchado hablar que el Gobierno viene a hacer un saqueo. La única motivación es rescatar de la incertidumbre a nuestros futuros jubilados".
Sistema blindado
En Chile, desde el inicio de las turbulencias en Estados Unidos, la caída de los fondos de pensiones ha sido tan profunda como en Argentina. Sin embargo, el consenso de las autoridades y los expertos locales es el sistema chileno funciona y que no hay espacio para desmantelar el actual sistema e instaurar uno como el argentino. "Como sistema es bueno, ha funcionado y ha dado beneficios. Sin duda, hoy día estos fondos han sido afectados, pero eso no significa que tenga que ver con el sistema", dijo el presidente del Banco Central, José de Gregorio. Y el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, también fue enfático: "Los ahorros de los trabajadores chilenos están a buen recaudo".
En la industria previsional también descartan que la caída de las fondos pensiones termine con el sistema que tan buenos dividendos les ha dado a las AFP. A juicio del presidente del gremio que reúne a las administradoras, Guillermo Arthur, "en Chile hay una institucionalidad jurídica que hace impensable que se pudiera adoptar una medida que vulnere el derecho de propiedad y que desconoce la finalidad que tienen los ahorros previsionales. La situación es absolutamente incomparable".
Julio Bustamante, ex superintendente de AFP, plantea que el sistema de pensiones chileno está mucho más blindado que el modelo que finiquitó Cristina Fernández. "Aquí los fondos de pensiones están garantizados en la Constitución y para hacer un proceso similar al argentino sería necesario cambiarla, con toda la complejidad que eso requiere. Ese blindaje en Argentina no existía".
Funciona, pero
Sin embargo, en parte importante del oficialismo coinciden en que es necesario introducir nuevas correcciones al sistema de AFP y sumarlas a los cambios que ya incorporó la reforma previsional, cuando comenzó a operar en julio de este año. La idea es evitar desplomes de los fondos similares a los de las últimas semanas, fortaleciendo la seguridad de las inversiones. Por esta razón, en el Ejecutivo están acelerando el proyecto que crea la AFP estatal, el que, según fuentes de Gobierno, ya estaría en manos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La disminución de los riesgos será uno de los puntos centrales de esta nueva empresa pública, ya que uno de sus artículos señala que uno de sus dos objetivos junto con la rentabilidad será garantizar la "adecuada seguridad" de los fondos de pensiones.
La iniciativa será despachada en noviembre y contaría con el respaldo de toda la Concertación más los senadores independientes. Por el contrario, en la Alianza no están de acuerdo con la idea, postura que coincide con la de los actuales dueños de la industria: "No vemos ninguna necesidad de una AFP estatal. Con la reforma el Estado tomó un rol enorme, al hacerse cargo de todo el primer pilar. Entonces, ¿para qué se mete en el segundo pilar si éste funciona adecuadamente? ¿En qué habría cambiado la situación hoy con una AFP estatal? ¿Cuál habría sido el cambio? Ninguno", se queja Arthur.
El senador PS Carlos Ominami señala que propondrá que, junto al proyecto de AFP fiscal, se tramite una iniciativa que busca vincular el cobro de las comisiones que cobran las administradoras que representan uno de cada tres pesos aportados por los cotizantes con la rentabilidad de los fondos. La idea es que cuando éstos renten en forma negativa, disminuya el monto del cobro.
Su correligionario Alejandro Navarro ya se adelantó y explica que está preparando una propuesta para que el Gobierno establezca restricciones a la inversión de los recursos previsionales en activos riesgosos. "No tenemos certeza si la volatilidad sigue y las pérdidas de las pensiones siguen profundizándose. Por eso creo que se debe obligar a las AFP retirarse de los fondos más riesgosos y resguardarse en los fondos A y B", explica el senador socialista.
Las claves de la AFPE
1 El Estado creará una administradora de fondos de pensiones, la que será regulada por las normas de la nueva ley y por las del Decreto Ley Nº 3.500, que rige al sistema de pensiones, especialmente en lo que se refiere al encaje, rentabilidad, adquisición, enajenación, mantención y custodia de los instrumentos financieros de los fondos de pensiones.
2 Esta nueva sociedad anónima será constituida por el fisco y Corfo, y tendrá el nombre de Administradora de Fondos Previsionales del Estado, AFPE S.A. por sus siglas. El Gobierno aún no define cuál será el porcentaje de capital que aportarán el fisco y Corfo. Sí está definido que las ganancias pertenecerán al Estado e ingresarán a las rentas generales de la nación.
3 El proyecto establece que las inversiones de la AFPE tendrán dos únicos objetivos: la obtención de una adecuada rentabilidad de los fondos de pensiones y la seguridad de los mismos. La iniciativa contempla que cualquier otro objetivo que se pretenda dar a estas inversiones será considerado contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de la AFPE.
4 Los recursos de la AFP pública podrán ser invertidos en todos los instrumentos financieros establecidos en el artículo 45 del Decreto Ley 3.500, a excepción de los bonos emitidos por empresas públicas y los bonos de empresas estatales canjeables por acciones.
5 Siete serán los integrantes del directorio de esta nueva empresa pública: tres designados directamente por el Presidente de la República y otros dos nombrados por el Presidente a partir de una terna presentada por el Consejo de Alta Dirección Pública; más un representante de los trabajadores afiliados y otro de los pensionados. Estos dos últimos tendrán derecho a voz pero no a voto en la mesa directiva.
Datos
10 son las administradoras que funcionan en Argentina. Ahora sólo podrán gestionar ahorros voluntarios.
39,13% de su valor han perdido los activos que están en el fondo A desde julio del año pasado, cuando los fondos de pensiones chilenos alcanzaron su mayor valor.
US$30 mil millones administran hoy las AFJP argentinas. Estos recursos pasarán ahora a un sistema de reparto.
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