Informe Marcel

Mucho peor de lo esperado.

por Manuel Riesco*

El contenido del informe incluye uno de los cambios más resistidos a nivel político, como es el aumentar la edad de jubilación de las mujeres. No sólo eso. Rebajan la pensión mínima (la "escalonan"), aumentan los aportes al sistema de los afiliados y el Estado, rebajan más aún las regulaciones sobre la discrecionalidad de las AFP para manejar los fondos y sacarlos al extranjero, no tocan la estructura de la industria, excepto cosmética que no cambiará nada.

Desde luego, el modelo basado exclusivamente en la capitalización individual sigue intacto. En resumen, imposible peor.

El país entero debe darles una respuesta contundente, algo de lo cual se ha insinuado en el rechazo inmediato, unánime e indignado que tales “propuestas” han provocado.

La composición de la referida comisión, integrada mayoritariamente por personeros estrechamente apegados a la industria y al modelo, no auguraba nada bueno. Tampoco las declaraciones de su presidente.

Dicha mayoría se ha expresado en el contenido del informe evacuado. Ni los más pesimistas, sin embargo, esperaban un informe tan desatinado.

La comisión asesora se ha superado a si misma. Es completamente inaceptable la pretensión de subir la edad de jubilación a las mujeres. Ello significa dejar establecida la pérdida de derechos que en la práctica el sistema de AFP significa para ellas. Es decir, en lugar de corregir un sistema que está entregando menos derechos que los que otorga el sistema antiguo, se opta por rebajar los derechos para adecuarlos a aquellos disminuidos que pueden ofrecer las AFP.

En el sistema antiguo, las mujeres chilenas tienen derecho a jubilar a los 60 años, exactamente en las mismas condiciones que los hombres a los 65.

Ciertamente, todas las pensiones del antiguo sistema son de por vida, y benefician también a las sobrevivencias. En las AFP, en cambio, las mujeres -también los casados- tienen menores jubilaciones que los hombres solteros, aunque sus fondos sean iguales. Según el mecanismo de cálculo de las AFP, ellas deben financiar una sobrevivencia promedio mayor.

Adicionalmente, si una persona determinada tiene la mala suerte de sobrevivir más allá de la expectativa de vida promedio, la pensión se reduce a la mínima si era antes de un monto superior, o simplemente se extingue, puesto que los fondos se acaban.

Aún a los 65, sus pensiones seguirán siendo inferiores a las de los hombres.

En todas partes del mundo, las mujeres constituyen la abrumadora mayoría de los adultos mayores, mientras en cambio usualmente constituyen una minoría o a l mas la mitad, de la fuerza de trabajo activa. En Chile actualmente, por ejemplo, 2/3 de los adultos mayores son mujeres, las que por otra parte conforman poco más de 1/3 de los cotizantes. Todos los sistemas se basan, asimismo, en el principio que los activos mantienen a los pasivos, y siempre los que contribuyen más aportan a los que contribuyen menos.

La principal diferencia entre unos sistemas y otros es la institución que media entre pasivos y activos, garantizando a los primeros la solidaridad de los segundos. En el sistema arcaico, dicha mediación y garantía corrían por cuenta de la familia. En los sistemas de reparto corren por cuenta del Estado, mientras en la capitalización “a la chilena,” descansan principalmente en las empresas privadas.

En el primer caso, el Estado recauda cotizaciones a los activos y las reparte de inmediato entre los pasivos. En el segundo caso, las empresas reciben la mayor parte de las cotizaciones – en el caso chileno a partir de 1981, el 80% de ellas ha ido a parar a manos de un reducido grupo de grandes conglomerados privados, a cambio de la promesa de devolverlas incrementadas más adelante.

Naturalmente, de cumplirse tal promesa, serán los trabajadores activos de ese momento quienes aportarán los flujos de utilidades y pagos de intereses a partir de los cuales se pagarán las jubilaciones de los pasivos de entonces.

Asimismo, quienes aportan más a dichos flujos aportarán más al pago de las acreencias de los jubilados. En los sistemas de reparto, el Estado está en condiciones de garantizar pensiones definidas, porque conoce con precisión las recaudaciones de los cotizantes, las que siempre crecen además, incluso durante las recesiones.

En la capitalización, en cambio, los retornos de las empresas y también los derechos de los jubilados, están sujetos a las fluctuaciones de las bolsas y los tipos de interés, los cuales a su vez dependen de los ciclos económicos. En muchos casos, las empresas que recibieron las cotizaciones originales habrán dejado de existir, o no estarán en condiciones de cumplir lo prometido, con lo cual buena parte de aquellas habrán ido a fondo perdido. Esa es la experiencia de sistemas de capitalización que fracasaron rotundamente, como del que existía en Francia durante la entreguerra, y tuvieron que ser reemplazados por sistemas de reparto.

Los únicos sistemas de capitalización que han subsistido son administrados por el Estado y los propios cotizantes, y están invertidos casi en su totalidad en instrumentos de renta fija o en bienes raíces, como el de Singapur o el de Suiza.

Como se puede apreciar, el nivel de conocimiento y la profundidad que reflejan tales opiniones son parecidos a los que evidencian algunos pegajosos “analistas” políticos, que lo único que demuestran es que nunca la han practicado, ni siquiera dirigiendo un consejo de curso. En lugar de aumentar la edad de jubilar de las mujeres, lo que se requiere es establecer un mecanismo diferente, que entregue pensiones definidas y dignas a todos, hombres y mujeres, casados y solteros.

En la propuesta de Cenda a la comisión asesora (ver www.cendachile.cl), se propone y fundamenta, fijar como base mínima los beneficios que hoy día otorga el sistema antiguo. Es decir, recalcular las pensiones de todos los jubilados por AFP, de modo subir sus pensiones al mismo nivel que hubiesen tenido bajo el régimen antiguo. Adicionalmente, se propone mejorar el mecanismo de cálculo de estas pensiones definidas, siguiendo un modelo adoptado recientemente en Suecia, que considera no sólo las últimas remuneraciones, sino todas las contribuciones de la vida de los afiliados.

Para financiar este cambio no es necesario aumentar las obligaciones de los afiliados, es decir, basta con el 12.5% de descuento actual. Sin embargo, si es necesario redirigir parte de dicho descuento al restablecimiento gradual del sistema de reparto.

Como se muestra en dicho estudio, las cotizaciones actuales suman 1.9 billones de pesos anuales (millones de millones), mientras que el costo de las jubilaciones pagadas por el INP, las que cubren a tres cuartas partes de los adultos mayores, es de 1.5 billones anuales.

Es decir, las cotizaciones actuales bastarían para otorgar a todos los adultos mayores pensiones de un nivel similar al del INP. adicionalmente, el estudio muestra que el flujo de cotizaciones crece constantemente y a una tasa anual promedio de 6%, mientras que el número de adultos mayores crece sólo al 3% anual.

Puesto que actualmente el fisco paga todas las pensiones de vejez, el fondo de reparto inicial tendría que corregir sólo las jubilaciones de vejez de las AFP, que son alrededor de 130 mil. Para ello basta con redirigir al fondo de reparto dos o tres puntos porcentuales, de los 12.5 que se descuentan a los salarios.

Es decir, basta con eso para restituir a todos los jubilados por AFP los derechos que gozan quiénes están en el INP, incluido el restituir a todas las mujeres el derecho a jubilar a los 60 años en las mismas condiciones que los varones a los 65. Esta propuesta es perfectamente factible y moderada.

No crea distorsión alguna sobre la economía, no implica tocar los fondos acumulados ni aumentar los descuentos ni a los trabajadores ni a las PYME. Tampoco genera cargo alguno sobre el fisco. Solo requiere, por cierto, abandonar gradualmente el sacrosanto principio de la capitalización individual y avanzar gradualmente hacia un sistema más equilibrado, que combine reparto y capitalización. Por otra parte, es completamente inaceptable, reducir la pensión mínima, so pretexto que ello es requisito para aumentar la cobertura.

El "escalonamiento" propuesto por la comisión asesora no es otra cosa que un eufemismo para rebajar la pensión mínima. En efecto, a los que tienen 20 años se les otorga el mínimo, a los que tengan 10 media mínima. ¿Cual es el mínimo entonces, el entero o la mitad? Por el contrario, es necesario y perfectamente factible establecer el derecho universal a una pensión pública básica de un valor mínimo de 100 mil pesos mensuales.

Un reciente estudio del INP demuestra que para ello basta con mantener hacia el futuro el mismo nivel de gasto fiscal que se mantenido por veinte y cinco años, como proporción del PIB. Las medidas propuestas por la comisión asesora tampoco afectan en nada a la industria de AFP. Por el contrario, aumentan su margen de discrecionalidad en la inversión de los fondos. La licitación de paquetes de afiliados es una medida cosmética. La inclusión de los bancos, sin cambiar la estructura de la industria, aumentará la concentración en lugar de disminuirla.

En efecto, sólo quedarán AFP que tengan bancos coligados, como ocurre ahora con las principales. Lo que se requiere, por el contrario, es cambiar la estructura de la industria. Establecer un sistema nacional de pensiones, en el cual la afiliación de todos sea al INP. Dicha institución deberá centralizar la recaudación y los pagos, así como todas las demás funciones que tengan economías de escala.

Ciertamente, dicha institución luego verá como opera dicho sistema, pudiendo subcontratar servicios con varios operadores, como lo hace hoy. Actualmente el INP recauda y paga más cotizaciones y pensiones que el conjunto de las AFP. Bien puede hacerse cargo de todas estas funciones, a un costo mínimo. La gestión de los fondos bien puede dispersarse en muchos operadores, como se hace en Suecia, en que un sistema de estas características cuenta con 600 operadores de fondos, incluyendo uno estatal, que es el más importante. Finalmente, es inaceptable sobre todo la pretensión de mantener la capitalización como pilar exclusivo del sistema de pensiones chileno.

Ello condena a la clase media a pensiones inciertas, en las cuales todas las mujeres quedan con pensiones inferiores. Adicionalmente, los chilenos no van a aceptar que durante otros veinte años, sus cotizaciones se destinen a préstamos y aportes a grandes empresas privadas, como ha venido ocurriendo desde que se privatizó el sistema de pensiones. En efecto, como muestra un reciente estudio de Cenda entregado a la comisión asesora, entre 1990 y 2005, los trabajadores aportaron 23 billones de pesos (millones de millones de pesos 2005) a las AFP y compañías de seguros coligadas. En el mismo período, éstas pagaron pensiones por 4.4 billones.

Sin embargo, al mismo tiempo, el fisco les traspasó bonos de reconocimiento por 4.4 billones. Es decir. ni un solo peso de las cotizaciones se utilizó para pagar pensiones.

¿Adonde fue entonces el dinero?

Parte importante, -2,5 pesos de cada 12,5 pesos cotizados- se lo embolsaron las propias AFP y compañías de seguro coligadas.

Otra parte, equivalente al 20% del fondo final, se prestó al fisco.

El grueso, sin embargo, el 80% del fondo total, se prestó a grandes conglomerados económicos. Un 30% del total está en el extranjero, la mitad en manos de sólo ocho fondos de inversión.

El 50% del total está en manos de 20 empresas que operan en Chile, y la mitad en manos de sólo 13 grupos económicos.

Es necesario que las cotizaciones vuelvan a utilizarse para pagar pensiones. Para ello es indispensable reponer gradualmente el sistema de reparto, y reducir gradualmente la capitalización a un rol complementario, como existe en países más avanzados.

Sólo medidas de esta naturaleza generarán un sistema capaz de concitar amplio consenso nacional. Así lo han afirmado recientemente académicos de prestigiosas universidades y centros de estudios, que representan a un amplio arco político.

Sus recomendaciones deben ser ahora tomadas en cuenta por la comisión interministerial. El informe de la comisión asesora, en cambio, deberá ser archivado en el museo de la inequidad, como tantas otras medidas de un período neoliberal que vive sus últimos estertores.