domingo, 26 de abril de 2015

Cuando jubilar es morir un poco

En nuestro país, los jubilados no hacen huelgas de hambre. No tendría sentido, pues a la mayoría de ellos, cuando se pensionan, se les manda a morir de hambre. Suena fuerte, sin embargo basta revisar lo que un chileno promedio recibe tras años de trabajo e imposiciones. Pero lo peor está por venir.

Dicen que todo tiempo pasado fue mejor y que todo muerto es bueno. En materia del sistema de reparto existente en Chile previo a las AFP, ello resulta discutible de aplicar. Lo anterior sin perjuicio de destacar situaciones puntuales. La primera, que el modelo ponía su énfasis en la pensión y en la repartición de beneficios, preocupándose de su financiamiento y subsidio, a diferencia del sistema actual de capitalización individual, que fija su interés en la tasa de cotización y la pensión pasa a ser residual.

La segunda cuestión que resalta mirado en el tiempo, es que su fundamento, esto es que los "jóvenes financian a los viejos" o dicho de manera más pulcra, que la fuerza productiva (y el Estado), pagaran a la población pasiva que se jubilaba, en un modelo basado en la solidaridad, partía de presupuestos que hoy harían muy complicada su existencia. En noviembre de 1980 se puso fin (con excepciones) al mecanismo único imperante en el país en materia previsional, el "Sistema de Reparto" y se dio comienzo en plena dictadura a un nuevo paradigma, el de capitalización individual, en Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP.

Hoy sería muy difícil implementar el sistema de reparto en los términos aplicados anteriormente, ello pues el crecimiento del sector pasivo y la disminución del activo, sumado al alargue de las expectativas de vida y de la escolaridad, lo que retrasa el ingreso de los jóvenes a las actividades productivas, harían inviable sustentar pensiones dignas, salvo un fuerte incremento del aporte estatal, lo que en experiencias internacionales ha generado serios problemas económicos y sociales, haciendo fracasar el modelo en tales términos.

Cómo opera el sistema

Pensar que se termina el problema de las bajas pensiones solo eliminando las AFP, es como vender el sillón del chiste de Don Otto. El problema es mucho más complejo y acuciante. Tampoco parece ser simple la sola creación de una AFP estatal, según los críticos. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevaron a que el "modelo chileno", supuestamente admirado internacionalmente hoy sea tan cuestionado?

En el modelo actual de capitalización individual, sistema que utilizamos en nuestro país, la lógica es que cada trabajador ahorra para su propia vejez. Lo hace mediante el pago de un porcentaje de su ingreso mes a mes mediante una cotización obligatoria. Ese dinero lo administra una AFP que lo va invirtiendo durante el periodo que el cotizante trabaja activamente, para que se multiplique. Al momento de jubilar, nace su derecho a retirar el dinero acumulado en cuotas también mensuales durante un lapso de tiempo estimado según expectativas de vida.

El Estado no interviene salvo para entregar un aporte para las personas que no logran una jubilación mínima, mecanismo denominado Pilar Solidario. Ojo, que ello no es para todos los jubilados, sino que solo para los que han cotizado al menos 240 meses durante su vida laboral. Por ello las llamadas "lagunas", periodos en que el trabajador estuvo cesante o en empleos informales, o independiente, representan una fuerte disminución de su pensión, pues en este sistema, la jubilación dependerá de cuánto haya cotizado el trabajador en sus años activos.

Otro factor determinante es qué tan rentables fueron las inversiones que se hicieron con los ahorros previsionales. Este no es un tema menor, sobre todo cuando las AFP invierten en empresas que generan pérdidas, como ha sucedido con las inversiones en Penta, Soquimich o sufre consecuencias negativas por el caso Cascadas, por ejemplo. Las pérdidas son del cotizante y la AFP seguirá igual cobrando su comisión. Por último, el factor expectativa de vida influye por cuanto más larga sea la esperanza de vida de la persona, se deberá repartir el mismo dinero en más años, disminuyendo la suma mensual.

Por qué han disminuido

La llamada tasa de reemplazo (lo que se debiera pagar como jubilación en relación a los ingresos en la etapa productiva de una persona), desde luego al inicio del sistema actual era de una expectativa bastante mayor, pues se consideró que serían del orden del 78% para los hombres y del 55% para mujeres, asumiendo una rentabilidad en torno al 5%.

Ello no ha sido así y la realidad es mucho más gravosa para los jubilados de lo que se pensaba. La información a nivel individual revela que el sector de trabajadores independientes y las mujeres son los sectores más desprotegidos. Adicionalmente hay un importante porcentaje de personas que transitan entre la dependencia y la independencia, o entre la actividad y la cesantía y, probablemente, hay un importante número de trabajadores informales.

El dinero ahorrado por la mayoría de las personas no ha sido suficiente para otorgarles una pensión similar al sueldo que ganaban al momento de llegar a su jubilación. Cada peso que se ingresa como cotización se debiera multiplicar por la administración de los fondos por las AFP, de acuerdo al modelo esperado, sin embargo cada peso que no se ingresa, por desempleo, informalidad, inicio tardío del trabajo, etcétera, también conlleva una pérdida importante y muchas veces casi irreparable, especialmente cuando esas cotizaciones no se hacen al principio de la etapa de ahorro individual.

Cambios dentro del sistema

La ODCE recomendó a nuestro país que se aumente la edad para jubilar en relación a la expectativa de vida, lo que ha sido coincidente con la postura de la llamada Comisión Bravo, dispuesta por la Presidenta Bachelet para estudiar cómo terminar con la inequidad de las pensiones. Ello implicaría aumentar la edad de jubilación a los 70 años y equiparar a hombres y mujeres en esa edad. También han discutido el no distribuir los fondos quedados a la muerte del cotizante entre sus herederos, sino que ellos ingresen a su muerte a una especie de fondo común de pensiones.

Otras alternativas que pueden coexistir con aquellas, son aumentar los fondos por la vía del "propio esfuerzo". Más años trabajando y subiendo el monto de cotización de un 10% actual a un 13 por ciento en tres años. Otras medidas propuestas son disminuir la escolaridad mediante la rebaja de 1 a 2 años de las carreras, lo que permitiría una más pronta incorporación a la vida laboral; aumentar la competitividad del sistema incluyendo nuevos actores a la administración de los fondos; incluir la cotización obligatoria para los independientes, etcétera.

Otra de las ideas expuestas dice relación con volver al Decreto Ley 3500 en su versión original. Según Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados, esto significa "Que cuando una AFP en un año calendario perdía, automáticamente compensaba la pérdida. Uno pagaba una comisión alta, pero uno como afiliado nunca perdía (dinero). En cambio, después del año 1999, se traspasó el riesgo de pérdida con los multifondos. Entonces, si se le devuelve ese riesgo de pérdida a las AFP, ahí podría imponerse la obligatoriedad de cotización a los trabajadores a honorarios, sostiene el especialista".

La AFP estatal

La propia Presidenta Bachelet anunció el pasado 21 de mayo que esta puede ser una solución, al incorporar un actor que priorizará en la rentabilidad por sobre sus propias comisiones y ganancias. Su objetivo fundamental es "disminuir los costos de administración que pagan los cotizantes, en una industria que está altamente concentrada y ampliar la cobertura previsional a grupos que históricamente han quedado excluidos del sistema".

Los detractores de la idea van desde aquellos que sostienen que si es una AFP, no podrá tener diferencias con las otras del sistema hasta que su creación captaría a las más bajas pensiones que deberían ser subsidiadas por el Estado, creando una "mochila" que solo acarrearía pérdidas al país. El diputado Osvaldo Andrade (PS), es uno de los impulsores de la idea de una AFP estatal. Para el ex Ministro del Trabajo, "mientras más actores en el mercado, mayor será la competencia, pensando que una AFP estatal debería tener comisiones más bajas e incluso en nivel cero".

La presidenta de la Central unitaria de Trabajadores, (CUT), Bárbara Figueroa, no comparte la idea: "El gobierno lo ha hecho (el proyecto) para atender a los más olvidados del sistema, quienes no son atractivos para las administradoras, esto puede ser valioso en términos de políticas públicas, pero nos parece insuficiente, porque lo que debemos hacer es garantizar mejores pensiones y una tasa de reemplazo efectivo del 70% de lo que reciben los trabajadores", señaló Figueroa.
Ni aunque fueran magos

Para el experto en AFP Luis Moreno Martínez, "La alternativa de una AFP estatal no es, rotundamente, una solución. No, porque cuando hablamos de AFP estaríamos hablando de una más que entraría al mismo sistema, por tanto sería como agregarle un banco más al mercado cuando todos los bancos y en este caso las AFP se rigen por una misma ley y luego ella (estatal) no podría dar alguna prestación distinta a las que hoy existen.  Las AFP tienden a diferenciarse básicamente por dos cosas, por los costos y por las rentabilidades que les entregan a sus afiliados".

"Tendrían que tener gerentes magos que dieran rentabilidades superiores a las que hoy se entregan lo que es imposible, no existen, dado que todas se rigen por la misma normativa, rentabilidad del dinero, seguridad social etcétera, y el costo sería absolutamente marginal. Un dato al respecto, para que una persona pueda tener una UF más de pensión, debe tener alrededor de 5 millones de pesos más en el fondo previsional, por lo que el costo no incide en ello", señala Moreno Martínez.

Y entonces ¿qué?

Hay quienes han buscado un punto intermedio. Bárbara Figueroa sostiene que debe haber libertad del trabajador al momento de elegir el sistema de pensiones, todo en base a "un sistema solidario de reparto que no se sostenga solo. Entendemos que el gobierno ha propuesto una alternativa, la de la AFP estatal, pero nosotros no la compartimos".

Otra idea proviene del diputado PPD Tucapel Jiménez, quien asegura que el actual sistema fracasó y se declara partidario de cambiarlo por uno solidario de reparto, donde el Estado junto al empleador y el trabajador, aporten a la pensión. Lo que hay que hacer hoy día es mejorar la pensión de los chilenos a través de un sistema que garantice eso, yo personalmente soy partidario que es el Estado el que tiene que garantizar las pensiones de los chilenos y lo que nos faltaría es que el empleador también empiece a aportar para la pensión del trabajador", señaló.

Según Moreno Martínez, "Se trata de un sistema mixto ni estatal ni absolutamente privado, aplicando la subsidiariedad y ello acontece en dos momentos de la vida del imponente, al principio, cumplidos los 18 años el Estado automáticamente le aporte a las personas una cierta cantidad de dinero y hasta una edad límite de los 24 años, oportunidad desde la cual la persona asume un sistema de capitalización individual (aunque entre los 18 y 24 el privado también puede aportar a su fondo). El otro aporte es al jubilar, mediante el aporte del Estado por sobre el tope de edad que se estime límite, por ejemplo, los 80 años".

Marcos Barraza, subsecretario de Previsión Social, ha deslizado los pilares de un nuevo sistema: "Si uno revisa la experiencia internacional, aprecia que las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, incluso del
Banco Mundial, es que los sistemas de pensiones se edifiquen con más de un pilar. ¿Cuáles son? El pilar solidario que es el que tenemos nosotros aquí en Chile y que da cobertura a 1 millón doscientos mil personas, otro pilar que es el de capitalización individual, recomiendan un tercer pilar que es solidario y una cuarto pilar que es de prestaciones sociales de los futuros pensionados, de los adultos mayores".

Chile envejece

Es un hecho conocido la caída en las tasas de natalidad y el aumento del envejecimiento en nuestro país, siguiendo una tónica similar respecto de la población de los países desarrollados. Según el Centro Latinoamericano de Desarrollo Empresarial, CELADE, el crecimiento total de la población en Chile pasó del 21,3 por mil entre 1950-55 a 11 en el presente quinquenio y se proyecta casi 0 en 35 años más.

Los mayores de 60 años pasaron del 11% al 14% de la población en 10 años y edad promedio de chilenos subió de 31 a 34 años. La población entre cero y 14 años es cada vez menor. La cifra llega a 3.588.723 personas en ese rango etario, es decir, el 22% del total de la población, según el último censo. Mientras, en la medición de 2002 había 3 millones 800 menores de edad en Chile.

Por su parte existen según las mismas mediciones 2,4 millones de personas mayores de 60 años. En Chile existen 2.409.312 personas con más de 60 años, según el censo, lo que equivale a un 14% de la población, en comparación con igual medición de 2002, cuando correspondían a un 11%. La expectativa de edad también ha crecido de manera vertiginosa en Chile: 83 años en mujeres y 76 en hombres. En 1990 la esperanza de vida en el país era de 69 años en hombres y 77 en mujeres, registrando un alza de 10% y 7%, respectivamente.

Y también empobrece

El sistema de AFP se sustenta en el ideal del pleno empleo, estabilidad y salarios dignos que permitan una cotización alta e ininterrumpida durante 40 años de vida laboral. En Chile esa es una utopía, pues el grueso de los trabajadores recibe ingresos inferiores a los 350 mil pesos y un 92,38% recibe ingresos inferiores a 850 mil pesos. Un trabajador con 130 millones ahorrados en fondos, hoy está recibiendo un tercio de lo que originalmente comenzó a percibir como pensión, y lo que es peor, está recibiendo casi un quinto de lo que recibía en su vida activa.

Según el consejero del Banco Central, Joaquín Vial, las bajas pensiones que recibirán los trabajadores que entraron al sistema previsional el año 1981 y la alta subsidiaridad del Estado respecto de las pensiones más bajas -que alcanzarán en el 2050 a más del 60% de las pensiones-, es un tema preocupante. El dato es alarmante: el 60 % de los trabajadores que entraron al sistema en 1981 están recibiendo pensiones no superiores a los 150 mil pesos, siendo el promedio los $ 197.726. Y eso que la cifra suma el Aporte Previsional Solidario (APS) que asigna el Estado.

En 25 años más, de continuarse con el sistema, la baja llegará a una pensión promedio (valor al día de hoy), cercano a los 82 mil pesos lo que arrastraría a cerca del 70 % de los jubilados del país. Recién en agosto de 2015 se conocerán las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. Hoy existe unanimidad en el diagnóstico, pero no acontece lo mismo en las soluciones. Cuánto más habrá que esperar... y ¿cuántos jubilados alcanzarán a estar vivos para cuando esa solución llegue...

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