Por Gino Lorenzini.
Fundador de Felices y Forrados
Estimada Sra. Solange Berstein
Superintendenta de Pensiones
Ya es tercera vez en 2 años que nos vemos afectados, como afiliados a las AFP, por pérdidas en empresas listadas en la bolsa local.
El 2011 fue el caso La Polar, donde la acción a la fecha ha perdido un 97%. El precio estaba en torno a los $3.300 cuando el mercado no tenía conciencia del fraude.
Luego, el 2012, fue el caso Enersis, donde por un aumento de capital unilateral, sin detalles de inversión, estuvimos cerca de pagar US$2.000.000.000 de sobrevalor.
Hoy es el caso Cascadas de Soquimich (SQM-B), en que la empresa, en vez de crear valor, tiene una disputa de control que finalmente ha generado pérdidas de 50% respecto del precio de noviembre de 2012, momento en que el precio de mercado estaba bajo la media móvil de 200 días.
Dados estos antecedentes, solicitamos que se establezca una nueva normativa que permita disminuir el riesgo de pérdidas de todos los trabajadores que cotizan en AFP.
Por esto solicitamos, como ciudadanos, las siguientes medidas:
1) Si el precio de una acción está por debajo de su media móvil de 200 días, que la AFP tenga el plazo de 1 día para entregar 2 informes de acceso público:
a. Valorización de la acción con flujos futuros descontados, con simulación de Montecarlo, e indicación del precio objetivo que justifique la inversión.
b. Un informe de Value at Risk (valorización ante el riesgo), que analice todas las partidas de balance y Estado de resultados. Con esto se detectaría el problema de los incobrables de La Polar, o el problema del riesgo de ruptura del cartel del potasio, que ocurrió 9 meses después del cruce de la media móvil de 200 días.
2) En caso de que las AFP no presenten dichos informes que JUSTIFIQUEN la inversión, es decir, el informe de valorización y el estudio de valor ante el riesgo, entonces deberán vender automáticamente todas las acciones en dicha compañía, como a su vez vender los bonos en las mismas.
3) Que las AFP que no cumplan con ninguno de los dos puntos anteriores deban pagar una multa, con cargo a sus propias utilidades, equivalente a un 100% de la pérdida registrada por causa de su administración deficiente.
4) Si la AFP no dispone de recursos suficientes para financiar la multa, que se disuelva, y que el fondo que administra sea licitado entre las demás AFP que sí cumplen la normativa.
Esperamos que estas sugerencias de normativas sean bien acogidas por vuestra Superintendencia y así se defienda el bien común, que son los fondos de pensiones de casi 10 millones de trabajadores Chilenos.
Lo más importante es apreciar que, una vez al año, una empresa listada en el IPSA, por la gestión de sus socios controladores, afecta el patrimonio de 10 millones de chilenos accionistas minoritarios a través de las AFP.
