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miércoles, 10 de agosto de 2016

El día que Joseph Stiglitz definió al sistema de AFP como un "fracaso"

 Por Jimena Catrón Silo 
Hace poco más de un año, el 16 de junio para ser más exactos, el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, participó -vía videoconferencia-, en un seminario en nuestro país organizado por la comisión Bravo. 
Y decidió escoger esa ocasión para referirse al sistema de pensiones chileno, creado por el economista y ex ministro del régimen militar, José Piñera. 
Y no tuvo reparos en manifestar que la crisis económica de 2008 demostró que era un fracaso. "La crisis fue un cataclismo, del cual aprendimos mucho sobre el manejo de riesgo y los mercados financieros. 
Sin embargo, incluso antes de la crisis, el rol de los fondos de pensiones privados estaba sobrevalorado", señaló el economista, quien agregó que los países que habían fundado su sistema en el modelo de tres pilares (solidario, contributivo obligatorio y voluntario) debían pensar, seriamente, en reformularlo, hecho que la misma crisis, a su juicio, se había encargado de confirmar. 
"Chile debiese estar sumamente preocupado por tener un sistema de pensiones privado, ya que es uno de los países más desiguales de la OCDE y ese modelo genera mayor desigualdad", planteó el economista estadounidense, agregando que Chile debiera tomar un camino que lo aleje "del segundo pilar del sistema privado". 
En ese sentido, Stiglitz recomendó reforzar el Pilar Solidario, el cual "es necesario para evitar pobreza en la vejez y asegurar un nivel mínimo de seguridad. Se debería crear un segundo pilar público, que debe tener un componente de redistribución importante y debe haber un elemento de suavidad intergeneracional que evite la relativa pobreza en la vejez", sostuvo, puntualizando que podría tener el carácter de voluntario. 
"La situación actual no es adecuada, ni en Chile ni en el mundo", aseguró, destacando que hay sistemas alternativos que han sido exitosos. Stiglitz ejemplificó que en el mundo hay 23 países que privatizaron sus sistemas de 1/3 pensiones, pero siete de ellos ya revirtieron su decisión y muchos lo están reconsiderando. 
"Esto me lleva a mi recomendación de políticas: lo que necesitan (en Chile) es un primer pilar más fuerte. Es más necesario para evitar pobreza en la vejez y asegurar un nivel mínimo de seguridad. Se debería crear un segundo pilar público, que debe tener un componente de redistribución importante y debe haber un elemento de suavidad intergeneracional que evite la relativa pobreza en la vejez", sostuvo. 
"Estos sistemas de pensión públicos tienen bajos costos de transacción y muy buen servicio al cliente", dijo en relación a experiencias como la de los Países Bajos y Noruega. 
Además, el economista también presentó el caso de Canadá, donde crearon un fondo gubernamental que tiene independencia, altos retornos, baja volatilidad y costos de transacción e incluso es inmune a la influencia política. 
"Esto es posible lograrlo", indicó. 
Su paper y los mitos En 1999, Stiglitz presentó frente a un foro del Banco Mundial, el paper "Repensando la forma a las pensiones: diez mitos sobre los sistemas de seguridad social", en el que trabajó junto al banquero, economista y vicepresidente de Lazard, Peter R. Orszag. 
En éste, ambos académicos señalaron que muchos de los mitos que existirían actualmente se originan en el hecho de que no se distinguen cuatro aspectos básicos de un sistema de pensión. 
En particular, la mayoría de las discusiones de los sistemas de cuentas individuales confundirían la privatización, el pre-fondeo (acumulación de activos contra futuro pagos de pensiones), la diversificación y la diferencia entre beneficio esperado versus aporte entregado. 
"Cualquier combinación de estos cuatro elementos es posible. De hecho, en la práctica, todos estos elementos contienen espectros de opciones - por lo que es particularmente importante examinar los detalles específicos de las instituciones. Un modelo idealizado posiblemente nunca va a poder ser realizado, ya que y las opciones se caracterizan inevitablemente por grados de gris en lugar de ser negro o blanco. Por ejemplo, un sistema público es el que se organiza y se administra principalmente por el Gobierno; un sistema privado es el que se organiza y se administra principalmente fuera del gobierno.
Sin embargo, un sistema público puede integrar algunas empresas privadas, como por ejemplo que sean integrados como administradores de capital para un fondo de "confianza pública". Del mismo modo, un sistema privado probablemente implica algún papel público, al menos en la aplicación de su leyes y normas", señala el estudio. 
2/3 Respecto de la diferencia entre el beneficio esperado y los aportes entregados, el documento consigna que esa relación no es tan pura como puede creerse inicialmente. "De hecho, un plan de beneficios definido podría ser pensado como un plan de contribución establecida que se coordina con una combinación adecuada de opciones para eliminar el riesgo residual para el trabajador.Los híbridos entre prestaciones definidas y planes de aportaciones definidas no sólo son posibles en teoría, sino que existen en la realidad". 
Ya en la conclusión, Stiglitz señala que los sistemas públicos de pensiones con financiación insuficiente representan una amenaza potencial para la solidez fiscal, y en general, para la estabilidad económica de muchos países en desarrollo. Un movimiento hacia las pensiones de aportación definida de gestión privada puede ser o no tener un efecto adverso sobre el ahorro, el bienestar, la oferta de trabajo, o el balance fiscal. 
Hemos identificado una serie de factores que afectan el resultado en cualquier país, independiente que sea desarrollado o no; por otra parte, la presencia de una mayor volatilidad y la ausencia de distintos tipos de mercados financieros hace que sea necesario contar con seguros que garanticen los beneficios definidos.
"El debate sobre la reforma de las pensiones se beneficiaría sustancialmente de una mirada más amplia del segundo pilar, que debería incorporar un diseño adecuado de los planes de beneficios. Un segundo pilar de gestión privada no siempre es lo óptimo", dice el documento, el cual consigna la importancia de que el mundo político logre tener una mirada a largo plazo, para no tomar medidas con efecto acotado. 
"Es necesaria una perspectiva más amplia, la cual permitiría a los políticos sopesar adecuadamente todas las ventajas y desventajas que enfrentan, incluyendo las del sistema privado, frente a los sistemas públicos", dice

domingo, 7 de agosto de 2016

Pensiones II: ¿capitalización, reparto o ambos?



"Los desafíos que enfrentan los sistemas de pensiones son tales, que el mejor sistema (o el menos malo, si se quiere) es uno que mezcle lógicas distintas. Si hay un shock macroeconómico y estoy desempleado de joven, un sistema de reparto permite cofinanciar mi pensión de viejo con aportes de los futuros jóvenes. Si la longevidad se extiende, el ahorro acumulado está mejor protegido porque permite pagar una cantidad fija de años".
Pocos debates generan tanta pasión como el de pensiones. Quiero mencionar tres razones para ello, de entre muchas otras. Primero, el Estado de bienestar fue el caballo de batalla de la socialdemocracia que se batía entre el capitalismo salvaje y el comunismo.
Uno de los intelectuales más influyentes de la socialdemocracia, T.S Marshall, planteó enCiudadanía y clase social que los derechos sociales, de los cuales los previsionales son uno, es la continuación de una evolución que comenzó con los derechos civiles en el siglo XVIII y los derechos políticos en el siglo XIX. 
Por su parte, la principal obra de Hayek, padre del neoliberalismo, llamada Camino de servidumbre, planteaba que ese Estado de bienestar era el inicio de un proceso que llevaba finalmente a la domesticación del individuo y, en La Constitución de la Libertad,que “una persona que está dispuesta a entregar parte de su libertad por un poco de seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad”.
Segundo, desde la creación del sistema de reparto por Bismarck, en 1889, los sistemas de pensiones se organizaron en torno a tres ideas: reparto, administración estatal y beneficios definidos. El antiguo sistema chileno tenía fundamentalmente esas mismas características. Sin embargo a lo largo del siglo XX muchos países adaptaron sus modelos abandonando como máximo dos de las tres ideas fundadoras del esquema bismarckiano. 
Por ejemplo, en Inglaterra y Holanda aparecieron fondos de pensiones asociados a empresas y de beneficio definido. En Francia en la administración del sistema se le dio un rol primordial a los sindicatos y gremios. 
Finalmente, en Singapur se creó en 1950 un sistema de capitalización individual y contribución definida pero de gestión estatal. La reforma chilena de 1980 fue la primera que desechó los tres componentes del modelo bismarckiano.
Tercero, el origen dictatorial de la reforma genera rechazo a unos y nostalgia a otros. No solo eso, la arrogancia de los creadores del sistema y las promesas excesivas, triunfalistas, basadas en estimaciones teóricas sin base en la realidad, son también un motivo de encendidas pasiones.
O sea, estamos hablando de un tema donde las sensibilidades son altas y hay que cuidar las formas y ser precisos. La discusión sobre el diseño del sistema de pensiones debe considerar estos elementos políticos y sociológicos, pero en mi opinión ellos deben hacerse sobre la base de elementos técnicos en el ámbito de lo previsional, laboral, fiscal y microfinanciero que permitan tomar decisiones políticas responsables.
Vamos entonces por el árido mundo de los conceptos técnicos.
Dos conceptos clave: seguro y ahorro
Imagine que Ud. tiene un objetivo cualquiera –comprar un televisor, una casa o hacer un viaje– y se pregunta cómo financiarlo. La respuesta intuitiva es que Ud. deberá ahorrar. ¿Por qué mejor no compra un seguro para financiar el televisor en un momento dado? Ud. podría pagar una prima por algunos meses y ejercerla al momento deseado.
La respuesta es simple: nadie se lo va a vender porque la compra de ese televisor, casa o viaje es un evento cierto. Nadie tampoco estará disponible a contribuir comprando una póliza si es seguro que Ud ejercerá el derecho de compra. Para funcionar los seguros requieren que haya un riesgo involucrado. 
Por ejemplo, Ud. puede comprar un seguro contra accidentes porque el accidente es algo que puede ocurrir como puede no ocurrir. En un seguro muchos adquieren el derecho a recibir una compensación si algo ocurre –un accidente en ese ejemplo–, lo que se financia con los aportes de todos los que compren una prima y no les ocurre el evento. Para que un seguro sea viable debe haber muchos contribuyentes ciertos que financian a pocos beneficiarios inciertos. Sin estas características, un esquema de seguro no es viable.
El sistema de reparto es conceptualmente un seguro (social)
El sistema de reparto funciona como un seguro. 
Cuando fue creado en 1889 en la Alemania de Bismarck, se fijó arbitrariamente la edad de jubilación a los 70 años cuando la expectativa de vida era 45. 
Ese sistema era financieramente sostenible porque muchos trabajadores activos financiaban a muy pocos retirados a los 70 años. 
Además de eso, el punto es que a dicha edad la sobrevivencia de esas personas en un determinado período era incierta. Con los parámetros de Bismarck, el sistema de reparto podía funcionar porque la edad legal de jubilación estaba cerca de la expectativa de vida.
Lo que ocurrió en todo el mundo, desde aquel lejano 1889, es que estas dos variables se movieron en sentidos opuestos. La edad legal de jubilación se redujo en Alemania en 1916 a 65 años y muchos países en el mundo adoptaron esa edad como referencia para la jubilación. 
Simultáneamente, las mejoras en la sanidad de las aguas, la alimentación y la medicina fueron gradualmente incrementando las expectativas de vida.
La primera estimación de expectativa de vida que conozco fue hecha en Suecia en 1840 y alcanzaba a 46 años. Desde entonces, todas las estimaciones de expectativa de vida realizadas a través del mundo no hacen sino subir. 
Dicho incremento en la longevidad ha tratado de ser estimado por Naciones Unidas en tres oportunidades (1986-1999-2001), siempre con la idea de que se producirá en algún momento alguna convergencia y nada de eso ocurre.
 Chile ha seguido el mismo patrón y de hecho la expectativa de vida de Chile es igual o superior a la de varios países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos. La mujer chilena es particularmente longeva, casi al nivel de las japonesas.
De esta manera en todos los países del mundo, incluido Chile, la edad legal de jubilación ha cambiado poco o nada, mientras que las expectativas de vida se han incrementado fuertemente.
Podemos volver ahora a la discusión de ahorro versus seguro. En Chile al año siguiente del retiro la probabilidad de sobrevivir es más del 99%. 
Es casi cierto que una mujer que llega a los 60 años, llegará a los 61. Hagamos el paralelo con aquello que uno quisiera comprar –una casa, digamos: es tan cierto que la persona vivirá ese año adicional como probable es que compre la casa–. Un evento cierto podría financiarse con seguro pero a precios desorbitantes que lo hacen inviable.
Esto se ve agravado por la discusión que vimos en la columna de ayer sobre demografía: la mayor longevidad y la caída en la tasa de natalidad (un 29% de caída en tasa de fecundidad entre 1990 y 2011) hacen que haya cada vez menos trabajadores activos y más trabajadores pasivos. 
Además a estos hay que financiarles una sobrevida que inicialmente tendrá lugar con mucha certeza. Así, para financiar un sistema de este tipo se necesitarían tasas de cotización muy superiores a las actuales. 
A pesar que no hay estudios actuariales que estimen una tasa de cotización constante en un horizonte de 50 años –lo que es razonable en el contexto de la discusión previsional–, la tasa de impuesto fija necesaria para financiar pensiones al doble del nivel actual debe ser del orden de 30%, es decir, unas 3,0 veces el monto del actual impuesto en Chile. Esto es inviable.
¿Quiere decir esto que hay que mantener el sistema de capitalización sin más?
No. La capitalización por sí sola tampoco logra resolver el problema que enfrentamos, el demográfico.
De ahorro/capitalización a seguro/reparto
En efecto, por más que se incremente la longevidad, en algún momento los seres humanos fallecemos. Eso no ha cambiado. Antes de fallecer, sin embargo, la probabilidad de que ocurra el deceso va en aumento. 
Siguiendo la misma lógica anterior, si justo después del retiro el financiamiento de una pensión debe hacerse con ahorro, a medida que pasa el tiempo y la probabilidad de sobrevida decae, tiene lógica que las pensiones se financien con seguro. En algún momento durante la vida pasiva la pensión inicialmente financiada con ahorro debe ser financiada con un seguro. En algún momento durante la vida pasiva se debe transitar de un sistema de ahorro y capitalización a uno de seguro y reparto.
La demografía afecta al sistema de reparto y al de capitalización
Algunas personas señalan estos problemas del sistema de reparto para descalificarlo –tal como lo acabo de hacer–, pero sugiriendo que los problemas demográficos no afectan a un sistema de capitalización. Eso es un error.
Lo que pasa es que la variable de ajuste de uno y otro difieren. En el sistema de reparto, la variable de ajuste es el presupuesto estatal en la medida que no se puedan reducir beneficios o incrementar los ingresos. 
En el sistema de capitalización es el nivel de las pensiones y, si hubiera un financiamiento estatal de base como en Chile con el Pilar Solidario, el presupuesto de la nación.
Conclusión: el mejor sistema debe integrar ahorro y seguro
Los desafíos que enfrentan los sistemas de pensiones son tales, que el mejor sistema (o el menos malo, si se quiere) es uno que mezcle lógicas distintas. 
Si hay un shock macroeconómico y estoy desempleado de joven, un sistema de reparto permite cofinanciar mi pensión de viejo con aportes de los futuros jóvenes. Si la longevidad se extiende, el ahorro acumulado está mejor protegido porque permite pagar una cantidad fija de años.
Antes de ver en la columna de mañana alternativas de organización del sistema previsional, incluyendo una propuesta concreta de integración de lógicas dentro de un sistema previsional reformado, es útil hacer dos reflexiones.
Primero, la integración de la lógica de ahorro y seguro no quita relevancia alguna al rol del Pilar Solidario. Este es fundamental y es necesario incrementarlo. Un concepto que no hemos discutido en este artículo es el de “beneficio definido”. 
En los sistemas previsionales tradicionales el beneficio que obtenían los jubilados estaba definido ex ante como proporción del salario. Esa definición del beneficio siendo de naturaleza política hace que su ajuste frente a circunstancias económicas cambiantes en horizontes de tiempo muy largos sea imposible de cumplir. La gran mayoría de los sistemas de reparto del mundo están avanzando en la manera de flexibilizar los beneficios que entregan. 
En el extremo estaba el sistema chileno de “contribución definida” que, sin Pilar Solidario, no garantizaba nada. Eso cambió con la reforma de 2008. Fortalecer el Pilar Solidario es necesario para dar más garantías de ingresos a un grupo de la población que, una vez llegado el momento de jubilar, tendrán cada vez menos capacidad de generar autónomamente recursos para vivir una vida digna.
Segundo, el que estemos defendiendo aquí la idea de que la primera fase del retiro debe ser financiado con ahorro, no significa que ese ahorro deba ser gestionado por las AFP como las conocemos.
Esa discusión requiere debatir dos cosas. Por un lado, si la previsión es considerada un derecho social –en el sentido obvio de que es un tema de suficiente entidad como para ser del interés público– es necesario discutir en qué condiciones puede ese servicio ser prestado por el sector privado. 
En el caso de la educación, ese debate llevó a pensar que las entidades educacionales sean sin fin de lucro y no puedan seleccionar.
¿Es lo mismo para previsión? 
No es lo mismo. Por otro lado, aun cuando pudieran existir entidades con fin de lucro que presten servicios previsionales, es necesario discutir cuáles y en qué condiciones. No es lo mismo gestionar ahorro financiero que prestar asesoría previsional. Este es un debate muy de fondo sobre el cual será necesario hacer un debate separado.
Guillermo Larraín
Ex Superintendente de AFP, de Valores y Seguros, y ex Presidente del BancoEstado.
Académico de la Universidad de Chile y consultor internacional en pensiones. 



lunes, 6 de junio de 2016

La ruta previsional que trazará Bachelet


Sistema mixto y nuevos parámetros están en la ruta previsional que trazará Bachelet.

Secretaría técnica asentada en Hacienda está pronta a entregar su informe al comité de ministros. Analiza modelo que combina ahorro individual obligatorio y componente de seguro social, mayor tasa de cotización y edad de jubilación de mujeres.
Pamela Jimeno



Lo más probable es que no se dejará un proyecto de ley para una gran reforma. Tampoco que las ideas expuestas sean una obligación económica, legal o incluso política que deberá seguir la próxima administración o las que le sucedan. 
La hoja de ruta previsional que la Presidenta Michelle Bachelet anunció en su última cuenta pública al Congreso será justamente eso: las directrices que su gobierno considera que deberían orientar las mejoras futuras al sistema de pensiones chileno. 
Con una batería de argumentos técnicos, la carta Gantt que encargó la Mandataria está abriendo espacio a la recomendación de abordar el déficit de cobertura y las bajas pensiones con cambios paramétricos en la edad de jubilación y la tasa de cotización, complementado eso con la implementación de un sistema de pensiones mixto. 
Este mantendría el componente de ahorro individual obligatorio en una AFP y lo combinaría con un componente de seguro social, también contributivo, pero con beneficios de tipo redistributivos garantizados.

Aunque todavía en el estatus de ideas, los cambios o mejoras descritos serían las propuestas más importantes de la Comisión Bravo -de un total de 58 medidas- que el gobierno haría suyas en el trazado que espera dejar la Presidenta y que por estos días concentra buena parte del trabajo de la secretaría técnica del comité de ministros al que convocó la Mandataria, el 15 de septiembre pasado, para revisar el informe final del grupo que presidió el economista David Bravo. 
El informe técnico se entregaría a los ministros en las próximas semanas.

En Hacienda -donde está asentado el grupo técnico que dirige la coordinadora de Estudios de la cartera, Paula Benavides- afirman que la etapa de análisis no ha concluido, pero que las medidas que se expondrán serán aquellas que el Ejecutivo considere como necesarias desde la lógica técnica para terminar con las deficiencias del sistema privado. 
Lo anterior, aunque con diferencias y matices, supone un ejercicio similar al que hizo la administración Piñera en el llamado Libro Blanco de las pensiones chilenas.

Asimismo, personeros del equipo económico ligados al proceso señalan que el trabajo del grupo técnico con miras a plantear la conveniencia de promover un sistema de pensiones mixto, en ningún caso implica terminar con el DL 3.500 que dio origen a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). 
Reiteran que esto está garantizado, porque el componente contributivo obligatorio se mantendría y el componente de seguro social sería financiado por parte del empleador y, eventualmente, por el Estado.
 Esto último, en todo caso, pondría en jaque el objetivo de aliviar la carga que significa para el Fisco financiar el aporte previsional solidario (APS, hoy vigente para las pensiones del sistema privado de hasta $ 291.778).

La Ley de Presupuestos 2016 contempla del orden de US$ 1.800 millones para financiar la estructura de beneficios establecidos en el Pilar Solidario creado en la reforma previsional de 2008. Un reciente informe de la Superintendencia de Pensiones concluyó que, en promedio, el Fisco gasta unos US$ 142 millones al mes en dicho pilar.

Edad y cotización

Pero lo anterior no sería una medida aislada, precisan en el Ejecutivo. La apuesta central del equipo técnico que evalúa distintas opciones es una: una mejora significativa al régimen de pensiones chileno no es posible sin un engranaje de cambios en los parámetros clave del régimen privado. Y en ese conjunto, la propuesta de la Comisión Bravo de elevar la edad de jubilación de la mujer desde el mínimo legal de 60 años hasta los 65 años, igualándola a la de los hombres, sería una de las ideas que defendería el Ejecutivo en su hoja de ruta.

Personeros del equipo económico, en todo caso, aseguran que a la fecha no hay una estimación clara respecto de cuánto mejorarían las pensiones de las mujeres si eso ocurre, pero en la Asociación de AFP estiman que eso elevaría en al menos un 50% el monto de la pensión final autofinanciada. 
Para el gremio -que ha desplegado una férrea defensa de la industria al interior del Ejecutivo y en el Parlamento-, terminar con la diferenciación de edad de jubilación por género es clave, pues aseguran que Chile es el único país del mundo -junto a Polonia- que tiene esa modalidad.
Derivado de esto, añaden en el gobierno, es que la propuesta también plantearía adecuar las tablas de cálculo de la pensión, hoy diferenciadas, para reemplazarlas por una tabla unisex.

Pero, además, se plantearía un tercer cambio paramétrico: aumentar la tasa de cotización desde el actual 10% más la comisión que cobra la AFP por gestionar los fondos, a una tasa del orden de 12% a 14%, más comisión. El aumento sería de cargo del empleador -donde una fracción iría al componente de seguro social de un sistema mixto y el resto para la cuenta individual del trabajador. Esta idea tendría ya el apoyo de un sector de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), afirman en las AFP. 

En el Ejecutivo, sin embargo, hay técnicos que advierten que el costo que asumiría el empleador al hacerse cargo del diferencial de cotización finalmente terminaría sintiéndolo el trabajador, ya que en el largo plazo ese impuesto al trabajo podría traducirse en un reajuste real menor de las remuneraciones. 

El argumento

En sus 35 años de vigencia, la industria de las AFP ha ido reduciendo su número de operadores desde un total inicial de 12 empresas, en 1982, hasta las seis administradoras vigentes. 

Al cierre del primer trimestre de este año, el sistema registraba poco más de 10 millones de afiliados, y de ellos, sólo 5,2 millones de personas eran cotizantes activos. El ingreso promedio de esos trabajadores es de $ 687.718 mensuales, según el último reporte de la Superintendencia de Pensiones.

Los datos oficiales indican que al cierre de abril último, el sistema de AFP hoy maneja un total de US$ 167.040 millones en ahorros previsionales obligatorios y que éstos apenas han aumentado un 0,3% en el último año. El total de activos representa un 70,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo a los mismos datos, la industria ha logrado una rentabilidad promedio anual de los fondos de pensiones que gestiona de 5,02% entre septiembre de 2002 (que es cuando comenzó a operar el sistema de multifondos: A, B, C, D y E) y abril de este año. La referencia utilizada es el Fondo C.

En el último año, sin embargo, los ahorros previsionales de los trabajadores anotaron una pérdida de 1,55%. Esto se ha traducido en un deterioro de las pensiones que entrega el sistema privado a un universo de 1.114.347 personas, las que en la actualidad promedian un monto de $ 204.452 mensuales, considerando sólo el componente autofinanciado. Si se agrega el efecto complementario de las APS, la pensión promedio que reciben los jubilados del régimen privado es de $ 217.760 al mes.

En el oficialismo, alimentado por el cuestionamiento ciudadano de la industria de AFP, plantean que el déficit de cobertura, las bajas pensiones y la tendencia internacional hacia modelos previsionales mixtos justifican no sólo el trazar una hoja de ruta, sino también que ésta cobre espacio en el debate electoral para la presidencial 2017.

En la industria previsional, de hecho, atribuyen la decisión de retomar la tramitación legislativa del proyecto que crea una AFP estatal y darle celeridad, justamente a algo distinto a lo meramente técnico.

jueves, 10 de diciembre de 2015

Colusión de las AFP

La colusión de las AFP y otros horrores del mercado de pensiones




Hay quienes no consideramos una virtud que servicios sociales sean un mercado competitivo. Pero está claro que un mercado competitivo tiene, aunque sea escaso, algún mérito. 
Esta columna resume contenidos de un informe realizado por nuestro equipo de investigación, en medio de la evidente sospecha de la ciudadanía respecto a la existencia masiva de mercados no competitivos –colusiones, oligopolios, integración vertical–; examina algunos datos públicos de los últimos años del sistema de pensiones, concluyendo que hay suficiente evidencia para sostener la hipótesis de colusión y de integración vertical.
El sistema de pensiones chileno tiene numerosos defectos. La mayor parte de ellos son estructurales y tienen relación con el hecho de un diseño que, en su origen, estuvo más atento a sustentar el funcionamiento del sistema financiero que a dar pensiones. 
Es decir, es un sistema de pensiones que no se diseñó para dar pensiones, sino para solidificar la Bolsa de Santiago –y con ello las grandes corporaciones y los bancos– con el dinero de los trabajadores. Este rol dinamizador de la zona especulativa de nuestra economía, transfiriendo dinero real, ha sido fundamental en el proceso de acumulación ‘originaria’ del modelo económico chileno. 
Si el materialismo había planteado que parte de lo producido no derivaba en salario y era plusvalor extraído por el empresario, José Piñera fue más lejos: la décima parte del salario real de todos los trabajadores fue transformado en capital financiero, generando así una plusvalía 2.0.
El sistema de pensiones no fue diseñado para dar pensiones, hemos dicho. Y los datos son claros. Cuando se creó, la edad de jubilación de los varones era 65 años y la esperanza de vida era 67 años. La señal es clara. 
A 2030 se calcula que más de la mitad de los pensionados tengan que recurrir a la pensión mínima subvencionada con platas públicas. Con una edad promedio creciente en Chile, es altamente probable que nos encontremos con problemas de subconsumo, derivado de una demanda reducida por una población mayor empobrecida. Las virtudes del sistema de pensiones, entonces, no pueden estar en sus beneficios sociales. 
Sin embargo, el diseño del sistema de pensiones debía tener una virtud: configurar un mercado competitivo desde el mundo privado. La premisa del modelo económico implantado en Chile, donde los problemas públicos exigían soluciones privadas, creía en el mercado como asignador de recursos. La premisa aún más subyacente a esta es incluso más simple: los mercados pueden tener algunas fallas en su funcionamiento, pero no demasiadas y, a la larga e incluso antes, logran asignar adecuadamente los recursos para beneficio de la sociedad.
La razón de las privatizaciones, concesiones y toda clase de operaciones privadas en medio de asuntos públicos radica en que, no obstante, hay un costo por tener privados a cargo (el lucro), se asume que la eficiencia hará que ese costo sea irrelevante a la larga.
Por eso, cuando se creó la unidad de Modernización del Estado, el ex Presidente Piñera convocó a Rafael Ariztía –hijo de un ex superintendente de Pensiones en dictadura–, quien expuso claramente la doctrina sobre cómo tratar al Estado en el neoliberalismo:
“Modernización del Estado es un concepto que suena pomposo y grandilocuente. Sobre todo porque está asociado a grandes reformas y negociaciones políticas, como la Alta Dirección Pública o la Ley de Transparencia. Pero esa no es la arista que más le importa a Ariztía: su mirada busca enfocar la atención de su equipo en lo que él denomina como un 'usuario' o 'cliente', tal como si fuera una empresa que debe satisfacer a sus consumidores.”
“La lógica es así: el Estado es monopólico por naturaleza. Sobre todo en lo que respecta a trámites básicos, como certificados de nacimiento, carnés o cobro de impuestos. No tiene rival. Y eso, en la mirada de Ariztía, hace que falte un incentivo directo de competencia que lo haría mejorar sus procesos para sobrevivir, y muchas veces lo estanca, generando problemas para las personas.”
Y bueno, que el problema era que el Estado es monopólico por naturaleza. ¿Y el mercado? Supuestamente, en eso de los monopolios, sería el antídoto.
El modelo neoliberal ha desnudado en los últimos años una magnitud de fallas de mercado que han echado por tierra la fe en sus capacidades. Partimos con los abusos en los contratos, pero ya hemos llegado al mucho más polémico problema del precio. 
Si el libre mercado de Chile ha tenido en la colusión de precios un compañero constante en su proceso de hiperconcentración, ¿qué fe puede existir en el modelo que se ha traicionado a sí mismo?
Algunos dirán que justamente el modelo debe ser modificado para que efectivamente sea de libre mercado. Pero ¿qué era lo que teníamos? ¿Y por qué habríamos de confiar en que existe algo así como el libre mercado sin regulaciones? 
Por supuesto, los neoliberales dirán que siempre han dicho que es necesario que existan algunas regulaciones, pero eso es falso. Achicar el Estado, no interferir los mercados, es parte del credo que impulsaron. Y solo han aceptado regulaciones como sustitutas cómodas de sanciones civiles o penales en la justicia, transformando los problemas judiciales en modificaciones legales del funcionamiento abstracto de los mercados.
Por todo lo anterior podemos concluir que el mercado de AFP es uno en el cual se han producido operaciones de concentración que han conformado un cartel, que ha aumentado la participación de mercado y ha subido las comisiones que cobran a sus afiliados, los cuales constituyen una demanda insensible al precio.
Hay quienes no consideramos una virtud que servicios sociales sean un mercado competitivo. Pero está claro que un mercado competitivo tiene, aunque sea escaso, algún mérito. 
Esta columna resume contenidos de un informe realizado por nuestro equipo de investigación, en medio de la evidente sospecha de la ciudadanía respecto a la existencia masiva de mercados no competitivos –colusiones, oligopolios, integración vertical–; examina algunos datos públicos de los últimos años del sistema de pensiones, concluyendo que hay suficiente evidencia para sostener la hipótesis de colusión y de integración vertical. 
Para colmo, algunos de los rasgos de no competitividad fueron establecidos como regulaciones derivadas de la competencia entre AFP basadas en fuerzas de ventas proclives a ofertar premios por el cambio de administradora, generando una competencia basada en el premio una –plancha, un televisor– y no en la prestación misma de la empresa –rentar para dar pensiones–.
La contundencia de los datos debe implicar una investigación profunda de los órganos competentes. Es el objetivo de esta columna y del informe. En plenas protestas contra las AFP es fundamental saber si, al menos, haber entrometido al mercado en las pensiones fue un acto mínimamente honesto.
El informe –que usted puede ver en detalle en http://www.albertomayol.cl/?p=798– señala básicamente que la evolución experimentada en el Sistema de Capitalización Individual desde 1981, se caracteriza por las fusiones que han concentrado y reducido el número de administradoras a solo cinco firmas que actualmente operan en el mercado, y que se han mantenido desde el inicio del sistema, además de AFP Modelo que pudo ingresar al mercado gracias a la reforma previsional que intentó generar algo de competencia, aun cuando ha quedado clara su insuficiencia desde el momento en que la Comisión Bravo ha señalado la recomendación de introducir una posible AFP estatal para la misma labor.
Según los cálculos de Valdés y Marinovic (2004) la rentabilidad económica sobre activos de las AFP –no del fondo de pensiones– aumentó desde un nivel promedio de 18% anual entre 1993 y 1997, hasta un nivel promedio de 53% anual entre 1999 y 2003. 
Pese a las rentabilidades sobrenormales que han existido durante un número importante de años, no se producen entradas de nuevas AFP a la industria a excepción de la AFP Modelo –en la ya citada reforma–. La conjunción de ambos elementos sugiere la existencia de barreras a la entrada significativas para el ingreso de nuevas Administradoras a este mercado.
A su vez las participaciones por ingresos reales percibidos por comisiones, de cada AFP que actualmente opera en el mercado, muestran variabilidad en el período 1982 al 1998 y se mantienen constantes en cada firma desde 1999, período posterior a las fusiones que se registran. Y de acuerdo a las participaciones en el mercado, estamos en presencia de una industria altamente concentrada (IHH superior a 1800), en especial en el período anterior a la reforma.
En economía se denomina cartel al acuerdo colusorio en que dos o más empresas de un mercado determinado definen que cada una actuará de manera concertada respecto del resto de las empresas. 
El fin de este tipo de acuerdos es que cada una de las empresas participantes en la colusión tome control de una determinada porción del mercado en el cual operan, y actuar de manera monopólica, impidiendo a otras empresas entrar o sacándolas del mercado. Suele tener la forma de la fijación de precios, o de reparto de cuotas o mercados.
Los productores de un cartel acuerdan explícitamente cooperar para fijar los precios y los niveles de producción. Dada una demanda insensible al precio –que es el caso, por factores explícitos, en el informe aludido–, el cartel puede elevar los precios muy por encima de los niveles competitivos, haciendo abuso de su poder de mercado.
Por todo lo anterior, podemos concluir que el mercado de AFP es uno en el cual se han producido operaciones de concentración que han conformado un cartel, que ha aumentado la participación de mercado y ha subido las comisiones que cobran a sus afiliados, los cuales constituyen una demanda insensible al precio.
Dicha concentración es grave por todas las barreras a la entrada existentes en el mercado de AFP descritas en el presente artículo. Respecto al tiempo y suficiencia en la entrada, los potenciales entrantes no ingresan al mercado, ya que saben que van a tener que vender su empresa a otra firma, bajo la modalidad de fusión, adquisición o quiebra. 
Esto se constituye como pérdidas esperadas de los potenciales entrantes antes de ser competidores efectivos. El tiempo estimado para poder posicionarse en el mercado a través de la publicidad y los agentes de ventas, está sujeto también a variables relacionadas con la cantidad y la calidad de los afiliados, cantidad para alcanzar la escala mínima eficiente, de manera de aprovechar las economías de escala existente, que permiten que sobre un alto número de afiliados el costo marginal sea muy bajo. 
Y la calidad que considera a afiliados de altas rentas que tienen un importante fondo a invertir. Dichas condiciones desincentivan la entrada de nuevas firmas al mercado.
Asimismo, existe un comportamiento estratégico respecto a la sobreinversión en publicidad, en las políticas de fidelización de clientes de altos ingresos, políticas de guerra de regalos, concertados despidos masivos de los vendedores y condiciones contractuales similares en todas las administradoras a sus agentes de ventas.
Hacemos notar además la presencia de Integración vertical en el mercado de las AFP, por la pertenencia de estas a grupos o conglomerados económicos y financieros, que fortalecen el poder de mercado de determinados grupos económicos y financieros y el control de los recursos, que se estiman en un 69,5% del PIB de Chile, los US$ 165 mil millones en ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales de las AFP.
La experiencia indica que, en los años de concentración de mercado, la acción estatal ha sido muchas veces favorable a la configuración del cartel, generando barreras de entrada favorables a los actores antiguos, por ejemplo, mediante la barrera legal y normativa respecto de los promotores y agentes de ventas de las AFP. 
Cabe señalar que los carteles requieren controlar los gastos en marketing, variable que es muy difícil de observar, no obstante, esto fue resuelto por la autoridad, ya que usó un instrumento normativo sobre las AFP y los agentes de venta para que el cartel pudiera determinar el cumplimiento de los acuerdos de manera gratuita. 
En este sentido, no solo hay cartel económico sino también premio sociopolítico a las empresas que dieron origen al sistema, a sus estructuras de poder y a los bancos que se han asociado con el fabuloso botín que las AFP portan.
La Comisión Bravo, que ofrece una serie de recomendaciones menores para un problema mayor, no hace referencia a los rasgos más oscuros del funcionamiento del sistema de pensiones. 
Esta omisión y su indefinición sobre el modelo mismo –igual al actual o mixto, dejando fuera la alternativa de reparto– revelan que la discusión todavía se da en un ancho de banda que no podría operar sin algunas gotas de hipocresía y la enorme necesidad de mantener a flote una economía rentista, cuyo sistema financiero vive de las AFP.

martes, 27 de octubre de 2015

Todo está al revés con las pensiones


POR EUGENIO POBLETE

Contar con un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas en la vejez, es una cuestión fundamental y que involucra a toda la ciudadanía. En este contexto, la Comisión Bravo y sus comisionados (con una honrosa excepción) han sido incapaces de proponer alternativas transformadoras que beneficien a los trabajadores, al contrario se mostraron altamente funcionales al sistema implementado en dictadura, al presentar propuestas tendientes a proteger el sistema financiero, legitimar el negocio de las AFPs y la capitalización individual. 
Más aún, algunos de ellos afirman que en Chile, como resultado de la Reforma del año 2008, existe un sistema mixto de pensiones, afirmación que solo tiene por objetivo distorsionar la realidad y exculpar a quienes han respaldado la continuidad del sistema por más de tres décadas, por ende, todo está al revés con las pensiones. 

Han pasado unas cuantas semanas desde que la Comisión Pensiones entregó su informe con el diagnóstico y conclusiones del actual “sistema de pensiones”, implementado hace ya más de tres décadas en nuestro país. Este tiempo ha sido suficiente para apelar a la reflexión y al análisis de las distintas propuestas entregadas por la Comisión y de paso darnos cuenta que en materia de seguridad social todo está al revés.
Esto, no solo se explica por una visión bastante miope de los distintos gobiernos a la hora de evaluar la precariedad en los montos de las pensiones que hoy en día entrega el sistema que, dicho sea de paso, no superan los $185.000 (al 31 de agosto de 2015), sino que más bien, la afirmación se sustenta en el simple hecho de que la Comisión y sus comisionados (salvo una honrosa excepción) fueron incapaces de recoger en su informe las demandas y alternativas de cambio presentadas por la ciudadanía en las distintas instancias de diálogos a nivel regional, audiencias públicas y otros mecanismos de participación ciudadana. 
Ejemplo de esto es la encuesta de opinión y percepción del sistema, donde en una gran mayoría quedó en evidencia el alto nivel de rechazo que presenta el sistema de AFP y también la clara tendencia hacia una transformación de la estructura sobre la cual se fundamenta actualmente la seguridad social. 

Siguiendo en la línea de la comisión, es pertinente decir que esta nunca tuvo por objetivo presentar alternativas transformadoras, ya que sus integrantes siempre tuvieron una evidente inclinación hacia las AFPs y el modelo de capitalización individual, por lo demás estos fueron designados con el fin de dar cumplimento al programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el cual en ningún momento contempló la posibilidad de poner fin a las AFPs, por el contrario, sus promesas de campaña están orientadas al fortalecimiento de los pilares y legitimidad del sistema. 
Por lo tanto, una vez más el Gobierno de las Comisiones nos ha pasado un gol por secretaría, haciéndonos creer que la comisión concluiría en favor de los trabajadores y la ciudadanía, todo esto mientras las AFPs registraban utilidades del orden de $339 mil millones el año 2014 y del orden de $240 mil millones durante el primer semestre del año 2015. 
Además, y como si fuera poco, dos de ellas (Cuprum y Provida) se dieron el lujo de eludir/evadir el pago de impuestos por US$420 millones como resultado de la creación de AFPs ideológicamente falsas, autorizadas por la Superintendencia de Pensiones y ratificadas por la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuestos Internos…como podemos ver la afirmación de que Todo está al revés aún sigue en pie.

Analizando en detalle el contenido del informe, principalmente la Propuesta Global A (la cual en términos generales propone mantener el actual modelo de AFPs, fortaleciendo el sistema de pensiones solidarias), en esta se hace referencia a que Chile no contaba con un sistema de pensiones completo hasta el año 2008, año de la Reforma Previsional (Comisión Marcel, año 2006), es decir, pasaron 18 años desde el momento en que nos prometieron que la alegría llegaría para darnos cuenta del atraso del país en materia previsional. Sin embargo, esto no fue suficiente para terminar con el negocio del siglo creado por Piñera y sus secuaces en 1981, es más, 
la Comisión Marcel determinó la creación de un Pilar Solidario financiado vía impuestos generales que se hiciera cargo del problema, el cual la Comisión Bravo propone fortalecer según lo descrito en la Propuesta Global A del informe, dejando intactas a las AFPs. 
Por lo tanto, la pregunta cabe de cajón ¿Qué es lo que lo que se quiere legitimar? ¿El modelo de capitalización individual o el negocio de las AFPs? Si bien la respuesta es sencilla, lo cierto es que dado los actuales niveles de desconfianza en las AFPs, los comisionados partidarios de la Propuesta Global A podrían haber propuesto terminar con las AFPs en lo inmediato, dejando en manos del Estado a costo cero la administración de los fondos, si el objetivo es mantener la capitalización individual, alternativa que aunque de ninguna manera resolvería el problema de las bajas pensiones, sí podría ayudar en parte a recuperar las confianzas con la ciudadanía.

Continuando con el análisis de la Propuesta Global A, encontramos que existe una insistencia en mejorar los actuales niveles de competitividad que presenta el sistema de AFP, lo cual se pretende lograr con la creación de una AFP estatal y por medio del establecimiento de un mecanismo de licitaciones periódicas de las carteras históricas de afiliados, propuesta que no hace eco en las AFPs y sus representantes. 
Sin embargo, lo cierto es que la industria de AFPs ha mostrado desde sus orígenes una acentuada tendencia a la concentración, situación que se ha repetido en los países que implementaron el modelo de capitalización individual como es el caso de El Salvador y Nicaragua, donde la causa fundamental del problema se genera en el control del sistema financiero el cual ha sido capturado por un número limitado de agentes económicos, quienes a su vez se benefician de los recursos previsionales aportados por los trabajadores.
Por lo tanto, la alternativa de la AFP Estatal S.A. solo busca legitimar el patrón de ganancia imperante en el sistema, lo que junto a la propuesta de licitación de cartera solo crea una ilusión de mejora del ingreso disponible (debido a la supuesta disminución de las comisiones de administración cobradas por las AFPs), es decir, pan para hoy, hambre para mañana, ya que el monto de las pensiones seguirá igual.

Adicionalmente, en la Propuesta Global A vemos un claro favoritismo por las pensiones de rentas vitalicias, eliminándose con esto la modalidad de retiro programado como alternativa de pensión, siempre y cuando exista un ahorro suficiente en la cuenta de capitalización individual que permita la contratación de un seguro de renta vitalicia, sería injusto para la humilde aseguradora que le traspasaran las manzanas podridas…esas se quedan en el cajón del Estado. 
El principal argumento que esgrimen los comisionados que apoyan esta propuesta, se sustenta en el hecho de que en la modalidad de retiro programado es el afiliado quién asume el riesgo de sobrevida, lo que se podría traducir en una pensión decreciente a través del tiempo, ya que su monto se va recalculando periódicamente y su valor también dependerá de la rentabilidad obtenida por las inversiones de los fondos de pensiones, riesgo que igualmente es asumido por el afiliado, característica principal del sistema de pensiones autofinanciadas.
 La eliminación de esta modalidad, abre sin lugar a dudas un nuevo nicho de negocios altamente rentable para el mercado asegurador, quienes esperan con los brazos abiertos a los miles de pensionados quienes obligatoriamente tendrán que contratar una renta vitalicia con alguna aseguradora y conformarse con la mejor alternativa en cuanto al importe de la pensión que el mercado le pueda ofrecer (recuerden, no son las AFPs o las aseguradoras las malas, es el Mercado…por favor un poco de Educación Financiera/Previsional), ya que la rentabilidad es determinante para el monto de la pensión a recibir. A mi juicio, la pregunta es lógica 
¿Qué pasará con aquellos pensionados que optaron por el retiro programado y hoy reciben pensiones por medio de esta modalidad? 
¿Se contempla algún mecanismo de compensación por haber optado por una modalidad que atenta contra la seguridad social, según afirman los iluminados de la Comisión, después de 34 años de implementado el sistema? 
Por otro lado, la eliminación del retiro programado no representa mayores problemas para las AFPs, por mucho que sus representantes digan lo contrario, puesto que en la actualidad las AFPs y las Compañías de Seguro son prácticamente uno solo, ya que de las 6 AFPs que operan en el sistema 3 son de propiedad de las Aseguradoras, las cuales casualmente comercializan seguros de rentas vitalicias (principal segmento de negocio), dentro de estas destacan el Grupo Metlife (Norteamericano) dueño de AFP Provida S.A. y el Grupo Principal (Norteamericano) dueño de AFP Cuprum S.A. Como pueden ver aquí están los verdaderos beneficiados con la propuesta de la Comisión Pensiones…una vez más ¡Todo está al revés! 

Para finalizar con el estudio de las alternativas contenidas en la Propuesta Global A, los comisionados proponen equiparar la edad legal de retiro de hombres y mujeres (65 años), con el fin de alinear el actual sistema privado de pensiones con las tendencias de la OCDE, no vamos a mencionar que de facto los trabajadores en Chile registran una edad promedio de retiro de 69,4 años (hombres) y de 70,4 años (mujeres), ambas edades muy superiores al promedio de los países OECD (64,2 y 63.1). 
 Indudablemente, esta propuesta no representa una solución para las casi 189.000 mujeres que recibieron una pensión bajo la modalidad de retiro programado por un monto inferior a los $100.000 (datos al 31 de agosto de 2015 de la SP), por el contrario, solo intenta generar una disminución en el número de años en los cuales el ahorro acumulado debe ser distribuido para financiar la pensión. Entendamos que el potencial aumento en las pensiones para las mujeres en el futuro como resultado de esta medida, no es de ninguna manera sinónimo de una mejor gestión por parte de las AFPs, por el contrario solo beneficia a aquellos que rentabilizan las imposiciones que administran las AFPs.
 En consecuencia, la capitalización individual ha posicionado a las mujeres en un contexto de alto riesgo de pobreza en la vejez, el cual no será resuelto con esta medida ni con ninguna de los planteamientos de la Propuesta Global A. 

En cuanto a la Propuesta Global B, vale la pena destacar que esta intenta establecer el principio del fin de las AFPs, proponiendo modificar el actual sistema de pensiones solidarias por un seguro social como eje central del sistema, por lo tanto, pareciera ser un buen punto de inflexión de cara al futuro. Sin embargo, cuesta creer que se pueda restablecer la legitimidad del sistema de pensiones por la vía de acordar un nuevo contrato social del cual participen las AFPs. 
Aquí no son suficientes las llamadas “Reformas Estructurales” como argumentan los comisionados que adhieren a la Propuesta Global B, por ende esta especie de medias tintas, denominadas “Sistema Mixto” donde convive lo público con lo privado, no resuelve ni repara la catástrofe social que ha originado el modelo de capitalización individual, legitimado de manera sistemática por los distintos gobiernos. 
En este sentido, podríamos considerar insuficiente el mero establecimiento de un seguro social que contempla un umbral de ingresos de $350.000, bajo la lógica del reparto, para reducir la excesiva transferencia de riesgos y garantizar buenas pensiones, como pretende esta propuesta, ya que aquellos que perciben salarios por sobre este monto seguirán expuestos al cáncer de la capitalización individual. Solo basta con dar un vistazo al comportamiento de los mercados de capitales internacionales durante los últimos meses y su impacto en los fondos de pensiones para comprender que no es posible la coexistencia de un modelo donde priman las ganancias con uno en que lo importante es asegurar la dignidad de las personas. 
Tal vez la capitalización individual pueda entregar buenas pensiones a quienes forman parte del 1% que concentra más del 30% de la riqueza del país o quizás para el ingeniero Pellegrini, rostro emblemático de AFP Cuprum o José Ramón Valente, fiel escudero de las AFPs pero que sin embargo no cotiza en el sistema. 

La Propuesta Global C, con un solo voto, pero no por eso menos importante, es la única que da respuesta a la demanda ciudadana que reclama una transformación real en materia de seguridad social, a través del establecimiento de un nuevo sistema de reparto que garantice niveles óptimos de pensión para la vejez. 
En efecto la Propuesta Global C, recomienda reemplazar el actual sistema privado de pensiones, convirtiéndolo en un esquema de reparto, transfiriendo a los actuales afiliados y sus fondos al nuevo modelo a cambio de una mejora significativa de los beneficios, haciéndose cargo de aquellos que hoy reciben pensiones de miseria, contemplando para ellos un incremento de al menos un 100% en el valor de las prestaciones. 
Consecuentemente, los aportes efectuados por los trabajadores serán utilizados para pagar las pensiones de aquellos en etapa pasiva, sin la necesidad de utilizar subsidios estatales, por lo tanto, es responsable fiscalmente, algo que preocupa a los tecnócratas – neoliberales de Hacienda. En lo que concierne a la edad de jubilación, esta contempla una disminución de la edad de retiro de facto (70 años) a sus límites legales (65/60), y se mantiene así hasta el año 2030 donde se analizaría un aumento gradual por dos años. Finalmente, esta propuesta no contempla un aumento en la tasa de cotización hasta el año 2035, la cual será de cargo del empleador. 

Como podemos ver la Propuesta Global C, contiene elementos que contribuyen de forma positiva a la seguridad social, permitiendo sentar las bases para el establecimiento de un verdadero contrato social, el cual debe considerar cuestiones fundamentales como la distribución de ingreso (precarizada por el sistema de AFPs), participación ciudadana, equidad de género, cobertura, solidaridad y sostenibilidad financiera en el tiempo, pero por sobre todo extirpa el cáncer de la capitalización individual, el cual, tal como se indica en la propuesta, pretende ser un sistema de pensiones, pero en la realidad no es más que un mecanismo de transferencia de salarios hacia el mercado financiero. 
Otro antecedente que justifica la implementación de un sistema de reparto puro, es la llamada “Jubilación a la antigua” según lo establece la Ley N° 18.225, que permite a aquellos que se cambiaron a las AFPs en los 80s, volver al antiguo sistema de reparto/cajas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos en la Ley. Esta alternativa ha permitido que en los últimos 8 años 11.000 personas se desafiliaran de las nefastas AFPs para regresar al antiguo sistema, según las estadísticas del Instituto de Previsión Social (IPS) lo que significó para este grupo más que doblar el monto de las pensiones recibidas.

No obstante los beneficios de esta propuesta, los eximios conocedores de la realidad que participaron de esta comisión, se manifestaron aversos a la utópica idea del sistema de reparto, por ser contraria al ahorro y la inversión, sin embargo aún no encuentro asidero en este argumento, ya que el ahorro de las personas se ha visto altamente perjudicado por las características que presenta el actual sistema y en cuanto a la inversión imagino será la de los dueños de Chile, porque la de los afiliados no rentabilizan. 
 Además, se mostraron escépticos a los supuestos optimistas sobre los cuales se fundamenta la Propuesta Global C, pero nace la misma interrogante hacia ellos cuando se prometieron tasas de reemplazo del 75% en los albores del sistema, promesa que contrasta con las proyecciones futuras que indican que las tasas de reemplazo no superaran el 25% en 2025, sin lugar a dudas la comisión diagnosticó Todo al revés.

Manuel Riesco “Para mejorar las pensiones hay que terminar con las AFP”





Uno de cada tres pesos cotizados quedan en manos de la AFP o compañías de seguros; el resto del dinero termina financiando a 12 grandes grupos económicos. A la vez, cálculos de las propias AFP estiman que más del 60 por ciento de los afiliados tendrán pensiones inferiores a 150 mil pesos. Para superar esto el economista del Cenda, Manuel Riesco, propone terminar con las AFP y volver al sistema de reparto. Una medida que dejaría para el tesoro público más de tres billones de pesos por año.


Mauricio Becerra R.


@kalidoscop


El presidente Sebastián Piñera anunció recientemente una reforma al sistema de AFP orientada a fomentar las cotizaciones de los trabajadores independientes, aumentar las tasas de cotización y fomentar jubilaciones a mayor edad y la “competencia del sistema previsional”.


Creadas en 1981 por el hermano del actual presidente, el economista José Piñera, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), hoy están en crisis. Joaquín Vial, ex presidente de AFP Provida y hoy consejero del Banco Central, reconoció en abril que el 60 % de los afiliados a las AFP tendría una pensión menor a 150 mil pesos mensuales.


La idea de juntar dinero de manera colectiva para la vejez surge en Chile y otros países de Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de las mutuales, organizaciones de trabajadores. A la par se desarrollaban las aseguradoras privadas, sobre todo en Estados Unidos. Sólo en las primeras décadas del siglo XX se asume como tarea de los Estados nacionales organizar y proveer la manutención de las personas cuando llegaran a la tercera edad. La dictadura de Pinochettransfirió esta gestión a las manos de los grandes grupos económicos.


“La privatización de las pensiones ha significado la expropiación de más de un 13 por ciento de los salarios a lo largo de tres décadas”- acusa el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), Manuel Riesco Larraín. La cifra equivale a más de un 4 por ciento del PIB por año, dinero que va al bolsillo de los grandes grupos económicos.


Riesco calcula que durante la crisis económica de 2008, los fondos de pensiones chilenos perdieron un tercio de su valor y el fondo A casi la mitad. Además advierte sobre la mentira de la quiebra de los sistemas de pensiones de reparto de los países europeos, los que en realidad dejan buenas ganancias, permiten pagar las pensiones y hasta dejan excedentes.


La propuesta de Riesco es estatizar el sistema e instaurar uno de reparto. De ser así el Estado recibiría las cotizaciones que hoy los trabajadores están obligados a poner en las AFP, cifras que para el año 2012 sumaron 4,3 billones de pesos. “Terminar con las AFP dejaría al fisco un excedente de más de tres billones de pesos por año, lo que equivale a más de seis mil millones de dólares anuales”- destaca.


¿Se podría ya hacer un balance del sistema de AFP chileno?


– El balance es muy positivo para los grandes grupos financieros y muy negativo para sus afiliados, los que sencillamente no tienen pensiones, así como para la equidad de la sociedad chilena: la privatización de las pensiones ha significado la expropiación de más de un 13 por ciento de los salarios a lo largo de tres décadas, cifra que hoy representa más de un 4 por ciento del PIB por año, y su transferencia casi íntegra a los grandes grupos financieros.


¿Fue el afán de crear grupos económicos en Chile de manera rápida uno de los horizontes originales de la creación de un ahorro forzoso a través de las AFP?


– Sí. Las AFP y compañías de seguros relacionados con la previsión se han quedado con uno de cada tres pesos cotizados y el grueso de los otros dos pesos ha ido a parar a manos de los grandes grupos financieros; por ejemplo, la mitad del fondo invertido en Chile está en manos de sólo 12 grandes grupos, incluidos los dueños de las AFP, en forma de bonos y capital accionario. Los chilenos y especialmente las chilenas, hoy no tienen pensiones porque en 1981 Chile terminó con su sistema de pensiones y lo reemplazó por un sistema de ahorro forzoso, que sólo ha beneficiado a los grandes grupos financieros.


PENSIONES MISERABLES


¿Cuáles son los montos estimados de pensiones para el grueso de los chilenos?


– Hoy día existe un consenso unánime en Chile, incluidos todos los sectores políticos y sociales y también los mandamases del propio sistema, de que las pensiones del sistema de AFP son muy bajas. El Estado reconoció que más del 60 por ciento de los afiliados a las AFP obtienen pensiones inferiores a la mínima de $75.000 mensuales, por lo cual se vio obligado en la reforma del 2008, a establecer para ellos una pensión solidaria que garantizara al menos ese nivel.


Fue sólo una reforma…


– Dicha reforma no tocó el sistema de AFP, en el cual siguen cotizando casi todos los trabajadores activos. Por lo tanto, la clase media ha quedado sin pensiones. Una jueza jubila con $330.000 mensuales, menos de una décima parte de su remuneración, a pesar de que ha cotizado sin “lagunas” y siempre por el tope. Ella está afectada por el “daño previsional” de los empleados públicos, ocasionado por la subcotización durante los años ’80. Otro caso puede ser el de una doctora que ha laborado siempre en el sector privado, asimismo sin lagunas y por el tope, y por lo tanto no sufre este perjuicio. Ella jubila con $465.000 mensuales, un séptimo de su remuneración en activo.


¿Estamos hablando de una discriminación que afecta a las mujeres?


– Ambos casos reales son mujeres, las que son discriminadas por ser el único grupo al que se calculan sus pensiones mediante una tabla de esperanza de vida diferente al resto. Las comunas de altos ingresos, por ejemplo, también tienen esperanzas de vida muy superiores al promedio, y sus pensiones se calculan mediante la misma tabla que el resto-, sin embargo, un ingeniero que no sufre dicha discriminación de género obtiene una pensión de $750.000 mensuales, un quinto de su remuneración en activo.


Todos los casos anteriores corresponden a personas de carne y hueso, que han cotizado si lagunas y por el tope. ¿Que queda para la masa de afiliados, dos tercios de los cuales cotizan en promedio menos de un mes de cada dos? : La pensión promedio del sistema de AFP es de $180.000 mensuales y el salario promedio de los cotizantes es poco menos de $600.000 mensuales.


LA FARSA DE LA CRISIS DE LOS SISTEMAS DE REPARTO


Se argumenta que el sistema de AFP fue copiado en varios países ¿Qué pasó cuando lo implementaron en dichos países y cuánto duró?


– Ningún país tiene el sistema chileno. Todos tienen sistema de reparto o la alternativa del mismo. En efecto, varios países introdujeron parcialmente durante los años ‘90, sistemas de capitalización inspirados en el chileno, bajo fuerte presión de los grandes conglomerados financieros globales, ejercida por intermedio de las llamadas instituciones de Bretton Woods, encabezadas por el Banco Mundial y FMI. Sin embargo, en todos ellos dicha introducción fue parcial o muy moderada por fuertes regulaciones. Chile es el único ejemplo de un sistema basado exclusivamente en la capitalización individual.


Se dice que el sistema de pensiones de Europa, muchas veces puesto como modelo, está en crisis ¿qué podrías decir sobre ello?


– La supuesta quiebra de los sistemas de pensiones que tienen todos los demás países, basados en el esquema de reparto, es un tópico de la propaganda majadera impulsada por los grandes conglomerados financieros interesados en expropiar las contribuciones a la seguridad social, del mismo modo que lo lograron en Chile. No tiene ninguna base real.


Los medios masivos nos cuentan la noticia diciendo que están quebrados.


– Todos los sistemas de reparto dejan anualmente cuantiosos superávit, es decir, en todos ellos, las cotizaciones anuales permiten pagar todas las pensiones y dejan un excedente significativo. En el caso chileno el excedente era de un tercio hasta 1981 y en el caso estadounidense, un tercio de la deuda total el gobierno es una deuda con el sistema de pensiones, cuyo excedente acumulado alcanza la enorme suma de 5 billones de dólares, equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto de ese país. Todos los países ajustan periódicamente los ingresos, es decir, las cotizaciones anuales, a los gastos, es decir, las pensiones anuales, mediante tres mecanismos muy sencillos: aumentan levemente las tasas de contribución y/o elevan moderadamente la edad de jubilación; de este modo, todos mantienen el valor real de las pensiones y garantizan superávit anuales.


También dicen que la crisis es por el envejecimiento de la población o mayores expectativas de vida.


– La propaganda de los conglomerados financieros agita como un fantasma el factor demográfico, es decir, el incremento en la esperanza de vida de la humanidad. El mismo constituye en realidad el mayor logro de la civilización urbana y no representa una amenaza para las pensiones. La tasa de dependencia, es decir, la relación entre los trabajadores activos y la población pasiva, conformada por los niños y jóvenes y por los adultos mayores, siempre fue igual a uno en las sociedades agrarias tradicionales. Es decir, a lo largo de los muchos milenios que la sociedad humana lleva sobre la tierra, siempre ha subsistido sobre la base que cada trabajador en edad activa ha sostenido a una persona pasiva, que tradicionalmente eran casi todos niños.


Dicha tasa sólo ha venido a disminuir durante el proceso de urbanización, que gradualmente se ha ido extendiendo por el mundo a lo largo de los tres últimos siglos y que actualmente está exactamente a medio camino, puesto que recién el 2008 los habitantes de ciudades igualaron en número a los campesinos a nivel global.


Con la urbanización, aumenta fuertemente la proporción de trabajadores activos, mientras se reduce la proporción de niños y jóvenes. Aunque aumenta paralelamente la proporción de adultos mayores, su número sigue siendo muy reducido. El efecto es que la tasa de dependencia se reduce a la mitad, situación que se mantiene a lo largo de muchas décadas, hasta que nuevamente empieza a subir debido al aumento en la proporción de adultos mayores, hasta alcanzar nuevamente la tasa secular en las sociedades urbanas maduras. Por ejemplo, en Haití o Nigeria hoy, o en Chile hace medio siglo, la tasa de dependencia alcanzaba el valor uno, es decir, antes un trabajador activo debía sostener a un pasivo. En Chile hoy, dicha tasa es media, es decir, cada persona en actividad debe sostener a medio pasivo. En Europa, Suecia o Japón, que son sociedades urbanas maduras, la tasa de dependencia nuevamente ha vuelto a alcanzar su valor secular de uno, es decir, cada persona en actividad debe mantener a un pasivo, con la diferencia que ahora son adultos mayores que viven bastante bien, mientras antes eran niños que morían en su mayor parte. Antes las sociedades apenas sobrevivían menos de cuarenta años en promedio, mientras que hoy viven muy bien hasta más allá de los ochenta. Este es el principal logro de la modernidad y no representa ninguna amenaza. Las sociedades urbanas jóvenes, como Chile, tienen las mejores condiciones demográficas, lo que se conoce como el ‘bono demográfico’, para mejorar las condiciones de vida de toda su población, incluidos sus adultos mayores.


Por otra parte, el aumento en la esperanza de vida afecta por igual a todos los sistemas de pensiones, puesto que todos ellos son mecanismos de transferencia de recursos desde los trabajadores activos a los pasivos: los adultos mayores consumen tanto pan horneado hoy como servicios de salud producidos por trabajadores en actividad.


LÁS PÉRDIDAS DESDE EL 2008


¿Podrías estimar cuánto dinero de sus obligados ahorrantes perdieron las AFPs en la crisis económica de 2008?


– Como se muestra en la estadística diaria que publica CENDA en base a la Superintendencia de AFPs, entre el inicio de la crisis en julio del 2007 y su punto más bajo en marzo del 2009, los fondos de pensiones chilenos perdieron un tercio de su valor y el fondo A casi la mitad. La cifra equivale a todas sus supuestas ganancias durante los treinta años precedentes. Aunque se han recuperado parcialmente desde entonces, no han ganado nada desde el inicio de la crisis y la cuota del fondo A se encuentra todavía a mayo del 2013 undécimo por debajo de su valor de entonces, medida en moneda de igual poder adquisitivo.


O sea eso de la ganancia tras pasar por la ruleta accionaria es puro cuento.


– Las supuestas ganancias del fondo desde 1981 o de los multifondos desde el 2003, que aparecen muy elevadas si se calculan como promedio simple de las rentabilidades, se explican porque esos períodos coinciden, el primero de ellos con la prolongada fase ascendente del ciclo económico secular que se inició precisamente en 1981 y el segundo a la recuperación de la caída del 2000. Dichas rentabilidades no se van a repetir en el futuro, como lo reconocen los propios administradores del sistema, que estiman las pensiones futuras a partir de rentabilidades muy bajas ). 


¿Por qué en la última reforma al sistema de pensiones, hecha por el gobierno de Bachelet, se siguió con el modelo de ahorro individual y obligatorio en las AFP?


– Por las presión de las AFP y los grandes grupos financieros que se benefician del sistema, y la incapacidad de la institucionalidad de la transición, resguardada por la Constitución actual, de poner fin a estos abusos.


TERMINAR CON LAS AFP


Algunas propuestas reformistas dicen que basta con crear una AFP estatal ¿eso solucionaría el problema de las bajas pensiones y de su incerteza?


– Ninguna de las propuestas en boga, como aumentar las cotizaciones, subir la edad de jubilación, o mejorar la “competitividad” del actual sistema, va a mejorar en nada las pensiones del millón de personas que están hoy día sufriendo con las bajas pensiones AFP.


¿Qué sistema de pensión propones?


– Para mejorar las pensiones hoy, hay que terminar con las AFP. El balance de esta medida es sencillo e impresionante:


○ El Estado tendría que absorber el pago de las pensiones que hoy pagan las AFP y supongamos que también las que pagan las compañías de seguros – las que ya se apropiaron del fondo completo de sus asegurados y por lo tanto deberían seguir pagando ellos, lo que significa un gasto de poco más de dos billones de pesos por año (180 mil pesos por persona, multiplicados por doce meses y por un millón de personas).


○ Sin embargo, de la cifra anterior el Estado ya está aportando anualmente cerca de un billón de pesos a las AFP. Sólo en bonos de reconocimiento aportó 499.000 millones de pesos el 2012. Por lo tanto, el incremento del gasto público en pensiones sería de aproximadamente un billón de pesos por año.


○ Por otra parte, el Estado percibiría todas las cotizaciones previsionales, que hoy día se apropian las AFP y que el 2012 sumaron 4,3 billones en cotizaciones obligatorias más 0,4 billones en otros aportes, lo que suma 4,7 billones anuales.


○ En conclusión, terminar con las AFP dejaría al fisco un excedente de más de tres billones de pesos por año, lo que equivale a más de seis mil millones de dólares anuales ¡sin tocar el fondo de pensiones, que podría quedar de reserva para el futuro!


○ Ello permitiría duplicar las pensiones actuales – igualar todas las pensiones AFP a las del sistema antiguo, es decir, subir las pensiones de los jueces, profesores, empleados públicos, en general y a todos los trabajadores de ingresos medios y altos a lo mismo que ganan sus colegas que lograron permanecer en el sistema antiguo, quizás corrigiendo las primeras por la diferencia de cotizaciones, que equivalen aproximadamente a un 7 por ciento de la pensión actual.


viernes, 23 de octubre de 2015

Bravo busca mantener el actual sistema de AFP


La abogada se refiere al enfoque que ha dado el presidente de la comisión asesora sobre el sistema de pensiones, David Bravo, en distintas entrevistas sobre el informe elaborado por 24 comisionados y que se ha centrado en impulsar 58 medidas específicas, dejando en segundo plano las propuestas globales que pondrían en riesgo la estructura de la industria. 

Regina Clark, miembro comisión asesora de pensiones
“Las medidas que impulsa Bravo buscan mantener el actual sistema de AFP”


En su opinión, “sería muy bueno que pudiese dar la oportunidad de que se explayen todas las alternativas”. Además, la académica rechaza duramente que el economista haya señalado como una medida de equidad de género el aumento de jubilación de las mujeres, lo que califica como “un atentado”.
Tras la entrega del informe de la comisión asesora sobre el sistema de pensiones a mediados de septiembre, su presidente, David Bravo, ha dado una serie de entrevistas en diversos medios detallando el trabajo realizado por el equipo compuesto por 24 comisionados.
La mirada que ha plasmado públicamente el economista sobre el trabajo de la comisión, que además de entregar tres propuestas globales aprobó 58 medidas específicas, es que se lograría avanzar hacia un mejor sistema, que cerraría brechas, por ejemplo, con las tasas de reemplazo de la OCDE, adoptando solo estas medidas, sin necesidad de ser implementadas bajo el alero de alguna de las propuestas globales.
Opinión con la que no concuerda varios miembros del grupo que trabajó por 16 meses. Uno de ellas es la abogada especializada en derecho del trabajo y seguridad social, Regina Clark.
Dentro de estas 58 medidas se cuenta incrementar las tasas de cotizaciones desde el actual 10% hasta un 14%, la eliminación del retiro programado, o subir la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años. 
En tanto, las propuestas globales que contiene el informe son la “A”, que apunta a mantener el sistema de capitalización individual con modificaciones, o sea, mantiene la lógica de las AFP, y que fue votada por 12 integrantes; la alternativa “B” que apuesta por un sistema mixto y que en la práctica es un cambio estructural al modelo de las AFP , votada por 11 comisionados, y la opción “C”, que busca un sistema de reparto y que contó con un voto.
“En suma, hay dos miradas estratégicas: una que quiere mantener las cosas como están y otra que sí va por reformas estructurales, tanto desde un sistema mixto como de un sistema de reparto. Es muy importante que la ciudadanía y que los distintos grupos de discusión manejen que existen estas dos miradas. Y sería muy positivo que David diera la posibilidad de que se vieran estas posiciones”, asegura Clark.
La ex jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación detalla que “todos los comisionados sabíamos que estas 58 medidas tenían que ser discutidas dentro de las propuestas globales”. De hecho, existe una precisión dentro del informe que señala que debe considerarse que los integrantes de la comisión analizaron y votaron las 58 recomendaciones específicas “habiendo considerado que ello era compatible con la propuesta global que cada uno había impulsado”.
-¿Qué implica esta indicación?
-Que las propuestas específicas solo podían entenderse dentro de las propuestas globales que se habían acordado, o sea, la discusión de las medidas necesariamente requerían estar dentro de alguna de las propuestas, ya sea “A” o “B”. Por lo tanto, todos aquellos que estábamos por la propuesta “B” evaluamos las medidas específicas, e incluso hicimos algunas, considerando una reforma estructural. Aquí no corresponde señalar que toda la comisión aprobó unánimemente sin esta consideración las propuestas específicas y que estas son la solución. Hay una interpretación absolutamente errónea de la realidad, las propuestas específicas se consideraban dentro de las propuestas globales.

-¿Por qué es tan importante?
-Porque si vas a elevar cualquiera de estas 58 medidas –que no son cambios estructurales– que tenga que ver con el pilar de capitalización individual, es para entregar mayores recursos al sistema tal como está. Si, por ejemplo, subes la tasa de cotización, ¿dónde llegan esos recursos? Donde mismo están.

¿Qué saco con entregarles mayores recursos a las Administradoras de Fondos de Pensiones de esta misma forma, con este mismo régimen, si no hago transformaciones?

Estas 58 medidas tenían relación con la mirada estratégica que no apuntaba a una reforma estructural, sino a impulsar mejoras dentro del mismo sistema. Muchas de ellas si las introduces bajo el alero de la propuesta “B”, que tiene una mirada estratégica totalmente diferente a la “A”, pueden ser muy positivas. Por ejemplo, terminar con el retiro programado –que ha generado una serie de críticas– pero que en la práctica da pensiones decrecientes, lo que va absolutamente en contra del objetivo de la seguridad social.

Si impulsas esta medida bajo el prisma de la propuesta que mantiene la esencia del sistema de capitalización, se le da toda la fuerza al mercado de las rentas vitalicias y los seguros. Y todos conocemos que eso requiere un cambio sideral desde el punto de vista de la regulación para poder otorgar las pensiones. Pero muy distinto es decir que vamos a terminar con el retiro programado en el contexto de una reforma estructural como la que propone la alternativa “B”, con una mirada estratégica diferente, donde generas un cuadro diferente y vas a tener pensiones en capitalización individual que tendrán que dar buenas pensiones, porque no queda sometido solo al mundo de los seguros.
-Dentro de esa lógica, ¿qué te ha parecido la forma en que el presidente de la comisión ha puesto énfasis en que la implementación de las medidas, sin el marco de la propuesta “A” o “B” como pilar, serían suficientes para elevar drásticamente las pensiones y lograr cambios?
-Lo evalúo en la perspectiva de que transparentemente él apoyó la propuesta “A”, que comenzó con las medidas específicas. Obviamente muchas de las medidas que tienden a mejorar muchos de los aspectos del sistema de capitalización individual él las suscribe y, por lo tanto, cree que pueden resolver el tema. Veo una tendencia de mostrar una mirada bastante más sólida de hacer las reformas al interior, no estructurales, manteniendo el sistema.

A mí me parece que sería muy bueno que pudiese dar la oportunidad de que se explayen todas las alternativas. Ojalá el presidente de la comisión tenga la posibilidad de exponer las distintas alternativas e ir generando la discusión, que es lo que hoy se requiere.
-¿A qué te refieres con que la opción “A” empezó con las medidas específicas?
-Empezó como respuesta a la presentación que ahora es la propuesta “B”. Frente a eso comienzan estas medidas específicas. De hecho, lo discutimos, que más que propuesta “A” era una propuesta de medidas.
-¿Muchas de estas coincidían con las 58 medidas?
-Sí, la gran mayoría.
-¿Por qué crees que Bravo ha impulsado estas 58 medidas solas sin la mirada estratégica de alguna de las propuestas detrás?
-No te podría decir, es algo muy personal al interior de cada persona...
-Dicho de otra forma, ¿a quién beneficia eso?
-Obviamente se beneficia una mirada sin reformas estructurales, que en definitiva lo que quiere es mantener el sistema.
-¿O sea, beneficia a la industria de las AFP?
-Claro, buscan mantener el mismo sistema que existe hoy.
Regina Clark es especialmente crítica con una de las medidas específicas que se ha ventilado como una gran solución para las mujeres: subir la edad de jubilación de 60 a 65 años.
La ex jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación detalla que “todos los comisionados sabíamos que estas 58 medidas tenían que ser discutidas dentro de las propuestas globales”. 
De hecho, existe una precisión dentro del informe que señala que debe considerarse que los integrantes de la comisión analizaron y votaron las 58 recomendaciones específicas “habiendo considerado que ello era compatible con la propuesta global que cada uno había impulsado”.
“La idea de esta mirada es que hay que trabajar hasta morir para lograr una mejor pensión. En cambio, la mirada que apuesta por un cambio estructural del sistema de pensiones es que hay que cumplir con los derechos de las personas. Una persona tiene derecho a una pensión digna después de haber entregado todo lo que ha entregado en su vida activa y que la sociedad lo apoye para resolver las contingencias y pueda vivir tranquilamente. Esa es la gran diferencia”, sostiene.
Además, asegura haber quedado muy sorprendida “y en desacuerdo cuando escuché señalar a David Bravo que elevar la edad para jubilar de las mujeres es una medida de género contra la discriminación. Eso no es así y en el informe tampoco está así. Es un atentado contra la mujer. Es olvidarse absolutamente de la realidad de las mujeres y no es igualdad de género, es desigualdad. Yo no sé si se equivocó”, plantea.

La sorpresiva opción “A”
El economista Andras Uthoff, señalado como el líder intelectual de la propuesta “B”, también manifestó a este medio, a través de una entrevista, que estas 58 propuestas en sí mismas eran insuficientes, “porque sencillamente son más de lo mismo dentro de la lógica del sistema”.
Regina Clark coincide con esta percepción, y detalla que “con la propuesta “B” fuimos los primeros en presentar una alternativa diferente de cambio y ahí comenzaron las discusiones sobre lo que podía significar. Cuando se exponía la propuesta, existía mucha preocupación de parte de un grupo de la comisión para entenderla con mayor profundidad, porque no había otra propuesta. Entonces así fue generándose la propuesta “A”. Terminando la comisión, efectivamente comenzaron a generarse estas nuevas acciones de la propuesta “A” como para poder profundizarla y tomaron algunos aspectos de la propuesta “B”, para poder introducirlos dentro de sus fundamentos”
-¿Cómo te explicas esta situación?
-Un grupo, la mitad de la comisión, teníamos claridad de los objetivos que tenía que cumplir la necesidad de reforma que requería el sistema. Es decir, el mandato que teníamos nosotros, y con el que coincidimos, eragenerar una reforma estructural y teníamos claros esos objetivos. En cambio, el otro grupo aún no tenía claridad de cómo enfrentar este mandato que buscaba resolver precisamente cómo mejorar las pensiones. Había algunos comisionados que creían mucho en el sistema de capitalización individual y, por lo tanto, su percepción era hacer cambios que pudiesen ir perfeccionando el sistema más hacia el pilar solidario y mejorando ciertas alternativas en el sistema de capitalización individual, pero sin generar una reforma estructural.
Y así fueron conversando el tema y, cuando vieron que la propuesta “B” tenía solidez, mucha fundamentación y raigambre dentro de un porcentaje importante de los comisionados, comenzaron a darle una cierta estructuraa esta propuesta “A”. Así nació.
-Efectivamente. Incluso los pensionados que tienen aporte previsional solidario van a tener 47% más del ingreso mínimo de pensión, sin pensión básica.
-¿Cómo hicieron coincidir ese diagnóstico con las propuestas que efectuaron?
-Mi gran preocupación en ser parte de esta comisión era poder dar respuesta a ese diagnóstico. Creo que la respuesta tiene que ser una reforma estructural. Un sistema mixto, como dice la propuesta “B”, es un tremendo avance para ir resolviendo las grandes inequidades. La propuesta “A” no es ningún avance.
-O sea, en tu opinión, ni la propuesta “A” ni las 58 medidas específicas solas dan solución a este diagnóstico?
-Creo que la solución que mejora el diagnóstico es la propuesta B. Creo que tal vez la propuesta “A” puede mejorar algunas cosas dentro de la industria, pero no cumple con el objetivo de mejorar notablemente las pensiones, sobre la base de los derechos. Si esto no es solo para disminuir la pobreza en la vejez, sino que para cumplir con los objetivos y principios de la seguridad social. Al final todo el tema de la rentabilidad que un sector dice que es muy buena, jamás lo ha sido para la cuentas individuales.
-« ¡Ay de vosotros también, maestros de la Ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo! »