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martes, 18 de octubre de 2016

Alza en cotización: 68% de los recursos lo aportarían personas con ingreso bajo $ 1,5 millones

Así lo estimó AFP Habitat, que prevé que medida generaría recursos por US$ 3.300 millones
por Claudio Reyes
El alza de 10% a 15% en la tasa de cotización previsional con cargo al empleador, que propuso el gobierno como uno de los lineamientos para una futura reforma al sistema de pensiones, generaría una recaudación anual de unos US$ 3.300 millones. De ese total, el 68% provendría de personas con ingresos mensuales bajo los $ 1,5 millones, según estimaciones de la AFP Habitat.
Para el cálculo se utilizó información que publica la Superintendencia de Pensiones (SP) en su web, la que dice relación con el número de cotizantes por tramo de renta a junio, con límite en el actual tope imponible de UF 74,3, (unos $ 1.949.471 millones). Considerando un promedio de ingresos y la cifra de personas por segmento, se obtuvo la renta que suma cada grupo y el 5% respectivo, correspondiente al aporte que cada tramo haría por concepto del alza en la cotización propuesta. La suma de esos resultados por segmento da el total de recaudación (ver infografía).
“Lo que vimos es que, a $ 1,5 millones, llegamos a cerca del 68%. Es decir, atendiendo a los datos a junio y anualizando los resultados de forma simple y sin hacer supuestos, esto recaudaría US$ 3.300 millones al año y el 68% lo aportaría la gente con ingresos menores a $ 1,5 millones”, dice Eugenio Camus, subgerente de desarrollo de Habitat.
Aunque hay consenso en que se debe elevar la tasa de cotización -la Comisión Bravo propuso hacerlo a 14%-, parte del debate surgido tras los anuncios se ha centrado en si el alza es o no un impuesto al trabajo. Esto, en la medida que, el total o una fracción, iría a un fondo solidario y no a las cuentas de capitalización individual. Lo propio ocurre respecto a si sería una medida regresiva o no.
“Un impuesto se define como regresivo cuando, en mayor proporción, lo paga la gente que tiene menos”, dice Camus. En esa línea, ejemplifica con el porcentaje del sueldo que se aportaría al financiamiento del cuarto pilar, según los niveles de ingreso. “Si alguien gana $ 500 mil, aportaría el 5% del sueldo. Lo mismo hasta llegar al tope imponible”, sostiene,
Pero quienes tienen salarios brutos por encima del tope consignado, contribuirían menos en proporción a su renta. Así, aquellos que ganan $ 2 millones harían una contribución de 4,9% de su ingreso bruto; en el caso de los que tienen un salario mensual de $ 3,2 millones, sería de 3,2%. El guarismo sería de 1% si el sueldo es de $ 10 millones, detalla.
La medida tendría los “defectos de un impuesto específico y eso genera distorsiones en el mercado del trabajo”, afirma. Expone, además, si bien el aumento de cinco puntos es con cargo al empleador, tarde o temprano lo pagarían los trabajadores a través de un menor crecimiento de las rentas.
Otras inquietudes
En la industria hay también otras inquietudes. Francisco Klapp, investigador del programa económico de LyD, dice que se debe atender a quiénes serían los beneficiarios del cuarto pilar. “Si uno pensara que son los mismos que hoy perciben la pensión básica solidaria (PBS) o el aporte previsional solidario (APS), sería un grupo más acotado aún. Parte de la clase media que cargaría con este impuesto, quedaría fuera de cualquier eventual beneficio”, señala.
El presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez, manifiesta preocupación por trabajadores con ingresos de $ 500 mil o más, que representan alrededor del 50% de los cotizantes y que no reciben beneficios del Estado. “Son personas que enfrentan los mismos desafíos de lagunas previsionales, de bajas tasas de interés y mayor longevidad, y que no estarían percibiendo nada en sus cuentas individuales”, declara, aludiendo a si todo el adicional fuera al cuarto pilar. “Para ellos construir una pensión ahorrando 10% es muy difícil. Si el 5% no va a las cuentas individuales, vamos a tener un problema grave para, al menos, la mitad de los chilenos”, complementa.
Pero en el tema hay matices. Si bien José Luis Ruiz, director del magíster en Finanzas de la Universidad de Chile e integrante de la Comisión Bravo, está de acuerdo con que cualquier aumento de la cotización vaya a las cuentas individuales y que la solidaridad se financie con impuestos generales, manifiesta que para saber cuan regresiva puede ser la propuesta del cuarto pilar hay que considerar los aportes y beneficios.
“Los cotizantes de menores salarios reciben menores pensiones y serían beneficiarios netos de una medida solidaria, por lo que la medida no sería regresiva para ellos (…) Existirá entonces un valor de pensión a partir del cual una persona será un financiador neto del cuarto pilar y la medida se volverá regresiva”, plantea. “Los de mayores salarios imponibles aportaría y no recibirían beneficio solidario, pero estarán financiando la solidaridad con un porcentaje menor de sus ingresos a medida que sus salarios crecen”, acota.
Ver Infografía

viernes, 12 de agosto de 2016

Por qué es tan difícil reformar¨las AFP?


El sistema creado por José Píñera tiene el poder que le da administrar US$170.000 millones
Too Big to Fail: por qué es tan difícil reformar de raíz el sistema de AFP


No es ni bueno ni malo, simplemente un hecho de la causa. Para empezar, el 57% de las inversiones de AFP y aseguradoras en Chile está en bonos de bancos, empresas, depósitos a plazo y acciones. Al mismo tiempo, estas dos industrias representan uno de cada cinco pesos captados por bancos y empresas en estos cuatro activos de inversiones. 
Un trabajo desarrollado por la Unidad de Data de El Mostrador devela el todopoderoso poder de inyección de dinero de las pensiones al sistema financiero. Así las cosas, como dijo Henry Paulson, el ex Secretario del Tesoro de EE.UU., en la famosa película sobre la crisis subprime, “imposible dejarlo caer”.

Wiliam Hurt, interpretando a Henry ‘Hank’ Paulson, ingresa a escena en una pieza con luz tenue, donde le esperan sus asesores, liderados por el jefe de estos, Jim Wilkinson (Topher Grace). Es el 17 de septiembre de 2008 y el entonces jefe del Tesoro estadounidense –el Ministerio de Hacienda del país más rico de mundo– informa a su gente que tomarán el control del gigante asegurador AIG.

Wilkinson cuestiona la idea, asegurando que habrá críticas por cambiar de conducta, en contraste con lo ocurrido con Lehman Brothers, banco que cayó al no ser intervenido por el Gobierno.

“AIG tiene avales, activos”, parte explicando con suavidad Hank. Pero, ante la insistencia, descarga la artillería retórica.

“El avión en que llegamos esta mañana…leasing AIG, la construcción en el centro es AIG. ¡Los seguros de vida –89 millones de pólizas– con un valor nominal de 1,9 billones de dólares! Miles de millones en pensiones de maestros! ¡Está en todas partes! ¿Querías algo demasiado grande para caer? Aquí esta. ¿Tienes una idea mejor? El libro de sugerencias está abierto”.

El silencio domina la escena. Paulson no necesita argumentar: Too big to fail. Aunque la traducción latina de la película lanzada en 2012 y que aborda momentos clave de la crisis subprime de 2008 es Malas Noticias, la frase apunta a un coloso financiero tan grande que no se puede dejar caer.

Aunque la analogía no es perfecta para el sistema de pensiones chileno, sí refleja con claridad el poder omnipresente que tiene hoy la inversión de los ahorros de los trabajadores –administrados por seis AFP– en el financiamiento de la inversión de las empresas y bancos chilenos.

Y esa es precisamente la razón por la cual el paquete de reformas que propuso el miércoles la Presidenta Michelle Bachelet sigue incluyendo a las AFP como los actores claves del sistema de pensiones chilenos.

Según los datos recabados por la Unidad de Data de El Mostrador, a marzo de 2016 el 21% de los dineros recibidos por bancos y empresas como inversión de los fondos en bonos, depósitos a plazo, acciones y bonos bancarios en Chile, viene justamente de las AFP y las aseguradoras. Las AFP por sí solas administran casi US$ 170.000 millones, lo que equivale a dos tercios del PIB de Chile.

Es decir, uno de cada cinco pesos que los bancos reciben en depósitos y bonos y las empresas en acciones y bonos, son financiados por las AFP. En total, 59 millones de millones de pesos. Una cifra poco digerible para la población que promedia sueldos de menos de 500 mil pesos líquidos.

En dólares, a marzo pasado, eran US$ 76.000 millones, el equivalente a un cuarto del PIB chileno, o casi la mitad del total de fondos acumulados en el sistema de pensiones o el equivalente al valor de Codelco, la estatal chilena que es la minera de cobre más grande del mundo, según las estimaciones que se hacían hasta hace poco, cuando el precio del metal rojo rondaba los US$ 4 la libra. Más aún, equivale a unas doce de veces más que el déficit del Transantiago en los últimos ocho años.

La magnitud, eso sí, ni siquiera es tan preponderante como el destino de los recursos.

Para este artículo, se consideraron los cuatro principales instrumentos (no estatales) donde tienen invertidas las platas las AFP en el país: bonos bancarios, depósitos a plazos, bonos de empresas y acciones de empresas y bancos. A esos cuatro items, los fondos de pensiones destinan el 57% de los fondos invertidos en Chile. 
La cifra sube a más del 80% si se retiran de la base las inversiones destinadas a instrumentos estatales, como bonos del Banco Central, Tesorería de la República y bonos de reconocimiento y Minvu.

Esto significa que casi 6 de cada 10 pesos que las AFP y aseguradoras invierten en Chile, de los ahorros realizados por los afiliados al sistema de pensiones, van directamente a financiar a empresas y bancos solo en estos instrumentos.

Por eso, José Piñera –el creador de las AFP y el sistema de capitalización individual que rige hoy– hablaba de la “llave maestra” que representa este sistema en el crecimiento económico que tuvo el país en los últimos 35 años. Sin los fondos de pensiones, en la actualidad las empresas y bancos tendrían que recurrir a otras fuentes de financiamiento para realizar sus negocios.

Este nivel de preponderancia de los fondos de pensiones en el sistema financiero local es el que sintetiza el poder de influencia que tienen las AFP y aseguradoras en el país. Y es el mismo nivel de relevancia el que lo hace más invulnerable a posibles políticas públicas que modifiquen la forma en que funciona el sistema de pensiones.

Si un Gobierno pretende intervenir el destino de las cotizaciones que obligatoriamente se cobran cada mes a los trabajadores con contrato en el país, llevándolos a un pilar de reparto parcial –que parte de esas cotizaciones no vayan a las cuentas individuales de cada afiliado sino a un pozo común para ser destinado a mejorar el monto actual de jubilaciones–, como planteó el grupo B de la Comisión Bravo, las piedras en el camino toman forma de meteorito.

Para Marco Kremerman, de la Fundación Sol, las cifras develan el profundo poder que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones y aseguradoras cuando se trata de revisar, desde la política pública, el sistema de capitalización individual que ellas administran.

“Efectivamente el nivel de penetración de los fondos de pensiones para alimentar y bombear con combustible fresco a la banca y los grupos económicos es muy importante. Eso significa que hay una cuota de poder gigantesca a la hora de hacer cambios.
Detrás de este flujo de dinero, significa que la matriz productiva chilena se acostumbró a funcionar con estos recursos que involucran un costo bastante bajo y que es un dinero cautivo, permanente, que no obedece a grandes fluctuaciones y decisiones en relación con el riesgo país chileno, pero que permite que el dinero fluya consistentemente en el tiempo”, señala.

Axel Christensen, director para América Latina e Iberia de BlackRock –el principal fondo de inversión en que invierten las AFP fuera del país– coincide en lo determinante que ha sido el sistema de pensiones como fórmula de financiamiento para empresas y bancos. “Son el principal mecanismo de ahorro de las personas en el país”, afirma.

Sin embargo, advierte que el impacto que pueden tener medidas que intervengan en los ahorros que gestionan las AFP –es decir, si se rompiera parcial o totalmente el sistema de capitalización individual– no necesariamente afectará el flujo de dinero al sistema financiero, pues igualmente las cotizaciones deberán ser invertidas en algún instrumento para buscar rentabilizarlos.

“Esa plata se debe invertir en algo. Si se mete en papeles del Estado y que recaude el Estado –que sería algo irreal–, da lo mismo el que maneja la plata. Si mañana todos se van a una AFP estatal, supongamos, porque fuera gratis, por ejemplo, quedaría esta plata en una AFP y no implicaría grandes cambios significativos en la estabilidad del sistema”, agrega.
La cadena

Cada mes, un trabajador contratado ve que un 10% de su sueldo bruto –no el que le llega al bolsillo, que es el líquido– se va a una cuenta en la AFP. Al pasar los años de actividad laboral y cuando debe pensionarse, el sistema da dos grandes alternativas para retirarse.

Por un lado, permite tomar un Retiro Programado –que ofrecen las AFP y que permite al pensionado mantener la propiedad de los fondos acumulados, incluyendo la exposición al mayor o menor riesgo de que se sigan invirtiendo sus dineros en el mercado, pero también con su consiguiente rentabilidad– o la renta vitalicia –que la entregan las compañías de seguros de vida y en cuyo caso la empresa se queda con la plata del pensionado a cambio del compromiso legal de pagarle una pensión definida al momento de jubilarse–.

Por ello, el sistema de pensiones no solo incluye a las AFP sino también las aseguradoras. Las AFP gestionan los ahorros en la etapa de ‘acumulación’ y las aseguradoras – y también las AFP– gestionan los dineros cuando la persona ya se retiró. En todo ese largo periodo –una vida completa de un trabajador–, sus ahorros están invertidos en los destinos señalados.

Hasta hoy, las AFP y las aseguradoras, reguladas por distintas normas, manejan los fondos, los invierten y asumen el rol fiduciario de protegerlos. Designan a representantes en los directorios de las empresas donde tienen acciones, pagan las pensiones y atienden consultas. 
Y donde tienen participación en la deuda de sus sujetos de inversión, son acreedores, es decir, tienen el poder sobre los pasivos de los emisores y, con ello, son relevantes en las decisiones que se tomen respecto del futuro de una compañía con dificultades financieras.

Así sucedió en el caso La Polar, donde las AFP aportaron votos determinantes para aprobar los aportes de capital que se hicieron en 2012 para reflotar la compañía y, asimismo, en 2014, cuando se decidió capitalizar –transformar en acciones, propiedad de la empresa– la compañía, absorbiendo así las deudas que tenía y que no podía pagar. AFP y aseguradoras fueron decisivas para que no cayera la empresa y siguiera a flote. El poder de representar recursos.

También han tenido rol perjudicando indirectamente la suerte de algunas empresas. Así ocurrió con CorpBanca, en 2013, cuando en pocos meses las AFP redujeron dramáticamente su inversión en depósitos a plazo del banco que en ese momento controlaba Álvaro Saieh. 
Dicha fuga generó inmediato temor en el mercado y el costo de endeudarse para CorpBanca subió fuertemente, generándole una estrechez de liquidez – (recursos disponibles líquidos– que la tuvo en el limbo, siendo solo rescatada por actores públicos, como BancoEstado. El empresario nunca les ha perdonado esa jugada a las AFP.
El ‘bombeo’ a los bancos

Hacia fines de los 80, cuando el sistema que creó Piñera se acercaba a su primera década de vida, los fondos de pensiones se invertían fundamentalmente en instrumentos del Estado. Con el avance de las privatizaciones y luego con el desarrollo de la bolsa y el mercado de capitales –ese espacio de actores financieros donde se captan recursos para invertirlos en las empresas en su crecimiento–, los fondos comenzaron a apostar por instrumentos más riesgosos pero también, según la teoría, con mayor posibilidad de ganancia en el largo plazo.

Desde el año 2002, los fondos que gestionan las AFP pudieron invertirse en cinco multifondos: A, B, C, D y E.

Los primeros dos son los llamados riesgosos –que invierten entre 60% y 80% de los recursos en renta variable (principalmente acciones)–, en tanto que los dos últimos son los llamados conservadores, pues solo invierten entre un 5% y un 10% en acciones y el resto va a instrumentos de renta fija, como los bonos estatales señalados y deuda –en distintas modalidades– de empresas privadas y públicas, incluyendo los bancos.

Hasta la crisis de 2008, la renta variable casi doblaba su importancia respecto de la renta fija, como destino de inversión de los ahorros. El cataclismo financiero de 2008, donde AIG fue rescatada pues era demasiado grande para caer –como señaló Paulson–, movió las fichas y los fondos comenzaron a ser destinados más a renta fija. Tras un periodo de reflote de las acciones, en los últimos años el afán por obtener rentabilidad en los mercados bursátiles fue decayendo.

Pero la importancia de los fondos en la economía chilena no varió. Hoy, bancos y empresas tienen mucho que agradecer a los fondos de pensiones que gestionan las AFP en la etapa activa de los trabajadores y parcialmente las aseguradoras en la etapa pasiva o de retiro.
Bonos

Según las cifras recabadas por este medio de los estados financieros de la banca local, a marzo de 2016 –publicados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif)–, esta industria tenía emitidos en Chile bonos –instrumentos de deuda– por $ 32,89 millones de millones, esto es, unos US$ 48.700 millones –con dólar al 31 de marzo pasado–. De esa cifra, casi la mitad (47%) son recursos provenientes de fondos que administran las AFP y las aseguradoras de vida.

Esto es, la mitad de la deuda emitida por los bancos solo por esta vía y que luego es usada para ofrecer créditos a empresas y personas, generando así el casi 20% que históricamente han tenido en promedio como retorno sobre patrimonio (ROE) los bancos, viene de los ahorros de los trabajadores.

De paso, por cierto, dichas ganancias dejan utilidades a los accionistas, donde parte de ellos son los propios fondos de pensiones, y también generan los recursos para cancelar el interés que se les paga a los inversionistas –entre ellos, los fondos de pensiones que manejan las AFP y las inversiones de las aseguradoras– por prestarles dinero vía los mencionados bonos.

Quienes cuestionan esta forma de financiar el sistema productivo de Chile lo ven como una especie de subsidio de los chilenos a las ganancias de los bancos, pues sustentan el beneficio de hacer crecer a estas entidades pese a que, en la segunda parte de la cadena de negocios del banco –la primera es la captación de dinero, en este caso deuda vía bono–, dicho banco usa esos mismos recursos para luego prestarlos a tasas muy superiores.

Lo explicó sucintamente el ex Presidente Ricardo Lagos hace algunos días, tras observar la marcha de No+AFP, apuntando al ejemplo de la inversión de los fondos en empresas de retail, como Cencosud o Falabella, donde las AFP tienen alta participación.
“Ese dinero (los fondos) cuando usted lo deposita, por ejemplo, en un bono de alguna empresa del retail, obtiene que le paguen por el dinero depositado unidades de fomento más un 5%. Y luego, cuando esa misma persona que con su dinero ha obtenido que le paguen UF más 5%, se pone el sombrero de consumidor y va a esa empresa del retail, pide un crédito y esa empresa del retail le cobra UF más 30%. Esto es lo que está detrás de la marcha de ayer, ¿se entiende?".

Quienes defienden esta fórmula argumentan que los fondos de pensiones han sido baluartes para generar crecimiento económico en el país y con ello empleo, inversión y reducción de la pobreza. Es decir, dicen los defensores, ha generado beneficios indirectos para el país y de esos frutos han comido cada uno de los chilenos, la “viga maestra” del crecimiento económico, como dijo José Piñera en su acontecido regreso a Chile.

Así lo sostuvieron dos economistas en un estudio del 2003, donde afirmaron que más del 10% del crecimiento económico del país, desde 1981 a esa fecha, había sido aportado por las inversiones de los fondos de pensiones. 
El estudio, por cierto, lo hicieron Klaus Schmdit-Hebbel, histórico cercano y defensor de las AFP y actual director de AFP Habitat, y Vittorio Corbo, ex presidente del Banco Central y director del Banco Santander.

El negocio de los bancos está en endeudarse –captar dinero– y prestar. La diferencia cubre gastos y le deja las ganancias. Parte de las ganancias, además, debe guardarlas, pues ha de tener un respaldo financiero alto para enfrentar posibles incumplimientos de pagos de los créditos por parte de los clientes.

El banco capta dinero de distintas formas. Una de esas es la vía de los bonos ya referida. La otra relevante es la que involucra los llamados depósitos a plazo. Cualquier chileno o chilena, persona natural o empresa, puede prestarle plata a un banco. El banco le paga intereses por ello y toma el dinero y lo invierte –principalmente en dar créditos–.

De acuerdo a los antecedentes obtenidos de informes de la Sbif, a marzo de 2016 la banca local tenía captados – es decir, le había prestado– depósitos plazo por $ 79,89 millones de millones de pesos, lo que significa más de US$ 118.000 millones o el equivalente a más de dos tercios de todos los fondos ahorrados por los trabajadores solo en las AFP.

De esta cifra, un 11,33% ha sido aportado por las AFP y las aseguradoras de vida. Es decir, uno de cada 10 pesos que los bancos reciben por la vía de depósitos a plazo y que luego usan para prestar dinero –vía créditos, tarjetas de crédito, líneas de crédito, etc.– viene de los ahorros de los trabajadores.

Aunque el porcentaje parece pequeño, sobre todo al compararlo con la relevancia en los bonos bancarios, lo cierto es que en términos absolutos –los números puros no en términos relativos–, la inversión en depósitos a plazo es equivalente a casi el 60% del monto invertido por AFP y aseguradoras en bonos bancarios.

Solo en estos dos instrumentos, los bancos manejan más de US$ 36 mil millones, algo así como más de 20 veces el costo que tiene para el Estado subsidiar cada año las pensiones bajas con el Pilar Solidario creado en 2008.

Si parte de eso dejara de fluir a los bancos o si futuras cotizaciones –como planteó el grupo B de la Comisión Bravo y la propuesta que ha modelado el Gobierno– no fueran a ser administradas por las AFP –y, en consecuencia, eventualmente en el tiempo por las aseguradoras–, los bancos no tendrían ese bombeo permanente.
Impulsor de empresas

Pero no solo los bancos tienen este flujo permanente de recursos desde los fondos de pensiones. Las empresas – que a su vez también reciben préstamos de los bancos, los cuales, como vimos, son financiados en forma importante por los mismos ahorros de los trabajadores– tienen asimismo como aliado estratégico a las AFP y aseguradoras. Allí están firmas como los retailers Falabella y Cencosud o las eléctricas Endesa y Enersis, con importantes aportes de los fondos.

Y reciben dos vías de financiamiento relevante para sus inversiones. Por un lado, también emiten bonos en Chile y el extranjero, obteniendo préstamos que les permiten repactar deudas o invertir en proyectos.

Según un informe elaborado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) –que regula a estas empresas– y que tiene cifras a diciembre de 2015 (no a marzo de 2016, como es la tónica en los números que presentan en este artículo y, por ende, significa algún grado de imprecisión, aunque no determinante por el corto período que media entre uno y otro), el stock –el acumulado– de deuda vía bonos de empresas públicas y privadas emitidas en Chile sumaba 19,3 millones de millones de pesos, esto es, casi US$ 29 mil millones (US$ 28.555 millones específicamente).

De esa cifra, entre los fondos de pensiones y los fondos que administran las aseguradoras, representan el 92%. Es decir, más de 9 de cada 10 pesos que las empresas han captado en estos dos tipos de bonos en Chile han sido financiados por los ahorros de los trabajadores.

Eso sí, Axel Christensen hace una advertencia: las cifras de deuda aquí señaladas solo incorporan los bonos financiados en Chile y las empresas tienen un porcentaje importante de deuda emitida fuera del país. Esto implica que el elevado porcentaje de participación de AFP y aseguradoras sería más bajo, si se consideran los bonos emitidos fuera de Chile por las compañías.

En cualquier caso, se trata de números determinantes para el financiamiento y desarrollo de las grandes empresas –pocas compañías medianas y casi ninguna pequeña acceden a fondos de las AFP y aseguradoras–, lo que les ha dado un importante poder a los inversionistas institucionales para influir (siempre en minoría) en las decisiones de las compañías, teniendo por cierto directores elegidos por estas firmas, teóricamente defendiendo los intereses de los dueños de los fondos, que son los afiliados al sistema de AFP.

Si dejaran de fluir recursos a estas compañías con algún cambio normativo de relevancia, las empresas tendrían que ampliar sus bases de financiamiento fuera del país o tendrían que elevar sus requerimientos de créditos a bancos locales, que les cobran más caro que los bonos emitidos donde participan las AFP y aseguradoras –por cierto, también participan los bancos–.

Eso es lo que lee el socio de la empresa de tecnología Sonda y dueño, al mismo tiempo, de la AFP Modelo, Andrés Navarro, quien dijo el fin de semana –en una entrevista a La Tercera– que si hubiera cambios radicales al sistema de pensiones “sería un retroceso para el desarrollo del mercado de capitales chileno”.

“El sistema también ha sido muy importante en el desarrollo del mercado de capitales. Los que somos más antiguos, imaginarse un mercado de capitales donde existiera un crédito hipotecario a 20 o 30 años era impensable”, indicó, valorando que gracias a la inversión de los fondos de pensiones se estén entregando créditos hipotecarios.

Según Marco Kremerman, no obstante, el nivel de penetración de los fondos de pensiones en empresas y bancos ha llevado a que la preocupación sea mayor por el mercado de capitales que por las jubilaciones, el objetivo principal del sistema de pensiones.

“El tema central es la magnitud, porque son las grandes empresas donde van los flujos. Las AFP no han invertido en las empresas pequeñas sino en los mismos de siempre y estas empresas grandes pueden acceder a financiamiento privado sin depender de este inversor institucional, cautivo, capitalizando a los grupos económicos. 
Esa manera de hacer negocios, teniendo este capital inicial fácilmente, que involucra costo menores en términos administrativos y transacciones para las compañías, lo que provoca es que esto sea muy grande para dejarlo caer. Por eso, la discusión del mercado de capitales pasa a ser más importante que el debate sobre pensiones”, sostiene.
Las acciones

Pero son las acciones las que representan uno de los elementos que más preocupan al llamado mercado financiero local.

Las empresas se financian de tres maneras.

Al igual que los bancos, emiten deuda, donde, por un lado, las principales fuentes son bonos y efectos de comercio –una figura similar de deuda– y, por otro, están los préstamos de los bancos.

Por otra parte, aumentan su capital –el dinero invertido por los dueños en la empresa a través de la compra de acciones–. Con esta segunda vía, las empresas aumentan su capacidad de endeudamiento en las formas arriba mencionadas.

Este último camino –que también involucra a los bancos, pues, como las empresas, son asimismo emisores de acciones y, en algunos casos, cotizan en la Bolsa de Comercio local– es el que les ha dado un protagonismo relevante a las AFP y las aseguradoras.

Las sociedades anónimas –el caso de las firmas en estudio– tienen un capital (dinero) puesto por los dueños en la empresa. Ese dinero se distribuye en un número total de acciones según el valor que se le otorgue a cada una y de acuerdo al número de acciones o papeles emitidos.

Normalmente las empresas tienen un controlador –que posee más de la mitad de las acciones de la empresa, como Horst Paulmann en Cencosud o la familia Solari en Falabella o los Calderón en Ripley, hasta ahora–. 
El saldo lo adquieren distintos inversionistas, incluidos empresarios con alto patrimonio y extranjeros. Pero uno de los mayores inversionistas en acciones de las empresas, después del controlador, lo constituyen precisamente las AFP y las aseguradoras.

La Superintendencia de Pensiones –que fiscaliza a las AFP– dispone de información detallada por cada empresa donde invierten las Administradoras de Fondos de Pensiones, mientras que la SVS dispone información de cada inversión en acciones que tienen las aseguradoras en las compañías. Al sumarlas se obtiene el monto total invertido.

El jueves de la semana pasada, este medio compartió todas las cifras presentadas en este artículo con la Fundación Sol, la Asociación de AFP (AFP AG) y la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), para que verificaran la metodología y los cálculos realizados. 
Hasta el cierre de ayer, los aseguradores no habían respondido las consultas, mientras que la Asociación de AFP optó por no participar de este artículo, ni hacer comentarios, aunque señalaron que no discutían las cifras. En tanto, uno de los fundadores de Fundación Sol, Marco Kremerman, planteó comentarios acotados, pero también las validó.

Para replicar, en el caso de las acciones, las cifras de participación de AFP y aseguradoras en bonos bancarios, bonos empresas y depósitos a plazos, se requiere determinar el monto total de capitalización del grupo de empresas donde participan las administradoras y las compañías de seguros de vida.

En ausencia de ese monto de manera oficial, se optó por aproximar uno total del valor de las acciones de cada compañía, luego se sumaron dichos montos totales y ese guarismo permitió obtener el porcentaje que tienen AFP y aseguradoras en su propiedad y, en consecuencia, el monto que tienen invertido en esta forma de financiamiento de las compañías.

Este ejercicio generó, como resultado, que el valor de las empresas que figuran en el listado de la Superintendencia de Pensiones totaliza más de 103 millones de millones de pesos, unos US$ 153.000 millones, equivalente a casi el 80% del valor de todos los fondos de pensiones acumulados hasta hoy en las AFP.

De esta cifra, AFP y aseguradoras manejan 8,9 millones de millones de pesos, es decir, unos US$ 13.300 millones, con dólar al 31 de marzo pasado. Este monto representa el 8,69% del total.

Es decir, 1 de cada diez pesos invertidos en acciones de empresas chilenas –incluidos todos los inversionistas del mundo, a diferencia del caso de los bonos– son ahorros hechos por trabajadores afiliados al sistema de pensiones. Sin embargo, las cifras ocultan distorsiones.

Hay empresas donde las AFP tienen un porcentaje pequeño y otras donde tienen alta relevancia. En las eléctricas Gener, Colbún, ECL y Endesa, los porcentajes solo de las AFP varían entre 16% y 23%, mientras que en compañías como los bancos BCI, Santander o la propia Falabella, las AFP solamente tienen entre 4% y 6%.

De esta forma, ambos inversionistas (aseguradoras y las AFP) tienen un rol determinante en el futuro de las empresas, pues quien posee acciones de una compañía se ve obligado a invertir dinero cada vez que la empresa decide –y para ello normalmente le bastan los votos del controlador– realizar un aumento de capital, es decir, emitir nuevas acciones para todos los socios de la empresa, para lo cual cada uno debe “comprar” dichos papeles al precio que fije la firma.

Por ello, es determinante el rol que puedan jugar accionistas como las AFP o aseguradoras en procesos en que las empresas donde tienen invertido dinero en acciones decidan aumentar su capital o, incluso, cuando se fusionan con otras compañías, en cuyo caso se valorizan las compañías a fusionar y eso deriva en el valor de los dineros que deberán invertir los accionistas.

Un ejemplo nítido de aquello fue el disputado aumento de capital que anunció en 2012 el grupo Enersis, controlado por la estatal italiana Enel y que tiene entre sus activos a la mayor generadora eléctrica de Chile, Endesa.

En dicha oportunidad, la compañía anunció una reorganización del grupo con una definición calificada como autoritaria por las AFP, que cuestionaron el monto que les iba a significar invertir. Después de una larga disputa, finalmente el controlador de Enersis aceptó modificar los términos de la fusión –y, por tanto, del aumento de capital–, rebajando en US$ 2.000 millones el monto que debían aportar los accionistas, entre ellos, las AFP.

Según el análisis realizado por Guillermo Araya, gerente de estudios de la corredora Renta 4, si se obligara a una liquidación de activos gestionados por los fondos de pensiones, habría un impacto significativo en el sistema bursátil chileno, en particular en el valor de las acciones, por el peso que tienen en ellas las AFP.

Como explica en una columna de opinión publicada en este medio, al salir casi US$ 16 mil millones a ser liquidados al mercado, se generaría una presión vendedora, no solo en acciones sino también en instrumentos de renta fija –bonos, depósitos a plazo, etc.–.

Aun así, al igual que Christensen, ve poco probable este escenario. “Que desaparezca o se elimine el sistema de AFP no necesariamente debería implicar que se salga a liquidar las inversiones de los fondos previsionales, sino que simplemente cambia quien administra esos recursos. 
Pues podría pasar la administración de esos recursos al Estado de Chile y este no debería salir a vender estos activos, pues debe generar rentabilidad para sostener las pensiones. En ese caso, no habría impacto en el mercado bursátil, más allá de la incertidumbre y de desconocer cómo va a ser la forma en que el Estado va a administrar los recursos de los cotizantes”, explica Araya.

lunes, 8 de agosto de 2016

Pensiones III: Reparto para la 4° edad

En las columnas anteriores llegamos a dos conclusiones fundamentales. 
Primero, que no obstante que hay algunas pensiones de buen nivel, la mayoría no lo son, en particular cuando se miden respecto de los ingresos laborales previos al retiro. Es un problema de nivel y dispersión de tasas de reemplazo lo que debe guiar la discusión de cuánto nos falta en términos de montos de pensión. 
Segundo, que para enfrentar adecuadamente los desafíos del futuro (menor natalidad y mayor longevidad, bajo retorno de instrumentos financieros, riesgos macroeconómicos y de desempleo), ningún mecanismo por sí solo (capitalización o reparto tradicional) ofrece una respuesta adecuada.
El problema del nivel de las pensiones se agravará en los próximos años porque comenzarán a retirarse las personas que iniciaron su vida laboral durante los años 1970 y 80, en los que el desempleo fue alto, precario y duraba mucho. 
Estas personas: a) tuvieron lagunas muy grandes en el inicio de su vida laboral, lo que tiene un costo enorme en términos de ahorro al final de la vida activa; y b) gozaron de incrementos salariales significativos que fijan hoy un estándar de vida elevado para muchas personas. 
En efecto, si el salario promedio de los cotizantes hoy es $698.000, en 1990 era $340.000. Por su parte, el salario mínimo entre esas fechas pasó, en moneda del mismo período, de $106.000 en 1990 a $241.000 en 2015.
Estos salarios de referencia fijan un alto estándar para evaluar la pertinencia o no de las pensiones actuales. Pero eso no es problema de las personas, es problema del sistema. Como vimos en la primera columna el objetivo de un sistema de pensiones es proveer medios financieros para sostener el nivel de vida individual al momento del retiro. Esto no se está logrando satisfactoriamente hoy. Veamos qué se puede hacer.
En las columnas anteriores llegamos a dos conclusiones fundamentales. 
Primero, que no obstante que hay algunas pensiones de buen nivel, la mayoría no lo son, en particular cuando se miden respecto de los ingresos laborales previos al retiro. Es un problema de nivel y dispersión de tasas de reemplazo lo que debe guiar la discusión de cuánto nos falta en términos de montos de pensión. 
Segundo, que para enfrentar adecuadamente los desafíos del futuro (menor natalidad y mayor longevidad, bajo retorno de instrumentos financieros, riesgos macroeconómicos y de desempleo), ningún mecanismo por sí solo (capitalización o reparto tradicional) ofrece una respuesta adecuada.
Hay varias otras medidas necesarias de implementar –resumidas en las que levantó la opción A de la comisión Bravo–. En el contexto del debate actual hay que aprovechar la atención que se ha generado para plantear los temas difíciles de tratar políticamente. Esto sería tema para otra columna.
Concentrémonos en alternativas de ordenamiento del sistema de pensiones.
El modelo de ahorro forzado y capitalización individual no sirve por sí solo
Ayer vimos que hay una lógica razonable para justificar que las pensiones se financien en parte con el ahorro personal acumulado durante la vida activa. Dicho ahorro llega a muy altos niveles y surge la pregunta de quién debe gestionarlo. Es tal su impacto sistémico que no es recomendable que lo haga el Estado. 
¿Cómo? ¿Cuántas instituciones? 
Es una discusión interesante pero, desde la perspectiva de este artículo, secundario y podríamos tratarlo en otra oportunidad. El problema urgente hoy es el de cómo subir las pensiones.
El sistema de ahorro no puede por sí solo subir las pensiones en plazos breves. Los ahorros son los que son y las rentabilidades también. 
Las pensiones financiadas con ahorro puede que mejoren en el tiempo en la medida que siga mejorando la institucionalidad laboral, haya menos rotación, informalidad y se haga cotizar a los independientes. Sin embargo, esas medidas surtirán efecto en el largo plazo, por lo que son adecuadas pensando en la próxima generación.
El modelo de reparto tradicional es difícilmente viable por la demografía chilena
Un sistema de reparto funciona cuando muchos trabajadores activos financian a pocos retirados. La tasa de dependencia se define como cuántas personas sobre 65 años hay como proporción de la población económicamente activa. 
Un modelo de reparto requiere una baja tasa de dependencia. Según la División de Población de Naciones Unidas, esta tasa de dependencia hoy en Chile es un 18,4% y llegará en 2052 a 50,2%.
Es decir, un sistema de reparto puro en los próximos 30 años pasaría de contar con 5 trabajadores activos para financiar a un jubilado a contar con 2 activos por jubilado. 
En la medida que las pensiones crezcan lo mismo que los salarios, el impuesto necesario para financiarlas con tasa de dependencia alta es 1,5 veces o 150% de la tasa actual. Si se quisiera que las pensiones crecieran más que los salarios –lo que en un sistema de reparto tiene un componente de decisión política–, el impuesto debiera ser aun más alto.
Si tal impuesto no pudiera implementarse, mientras la demanda por mayores pensiones exista, habrá presión para que la diferencia la ponga el Estado. 
Así, un sistema de reparto imprime una gran presión sobre las finanzas públicas. Esto es así en el caso de un sistema único como la opción C de la comisión Bravo, en cuyo caso esa presión es muy fuerte. 
En el caso de un sistema mixto con un sistema de reparto estándar, como lo propone la opción B de la misma comisión, la presión fiscal existe aunque un nivel menor, pero no está dimensionado cuánto.
Una alternativa de sistema mixto: un sistema de reparto para la 4ª edad
En la segunda columna decíamos que al inicio de la vida pasiva la pensión debía financiarse con ahorro, pero a medida que la persona envejece y la probabilidad de sobrevivencia disminuye, se hace crecientemente razonable financiar esa pensión con seguro, o sea, con reparto.
La alternativa propuesta consiste en considerar una nueva categoría demográfica que denominamos la 4ª edad. 
¿Cuándo comienza?
 En términos de la lógica que hemos explicado, esa edad comienza cuando la probabilidad de sobrevivencia ha caído lo suficiente. Una definición simple de este límite es “la expectativa de vida al retiro”.
A las respectivas edades de jubilación, las tablas de mortalidad antiguas contemplaban una expectativa de vida hasta los 84 años en el caso de los hombres y hasta los 89 en el caso de las mujeres. Esas serían las respectivas “puertas de entrada” desde la 3ª a la 4ª edad.
Las pensiones serían entonces financiadas con ahorro hasta esas edades, no como hoy hasta el final de la vida. La forma en que esto se haría es que, con ese ahorro, las personas comprarían la versión acotada de una renta vitalicia que ahora tendría una duración fija. No analizamos aquí el caso de los retiros programados.
Esto libera a las compañías de seguro de pagar pensiones más allá de la expectativa de vida al retiro. Como ahora con el mismo ahorro solo sería necesario financiar 19 o 29 años, según sea el caso, las pensiones subirían en promedio un 20% para todos los nuevos pensionados.
¿Qué pasaría con los trabajadores ya jubilados? 
Para ellos sería necesario recalcular sus pensiones con la liberación de recursos (reservas técnicas), producto de que desaparece esa obligación de las compañías de seguro. La forma precisa de hacer esto es complicada, pero se puede hacer. 
¿Cuánto podrían subir las pensiones de estos jubilados? 
En principio, lo mismo que las anteriores, un 20% en promedio.
El financiamiento del sistema de reparto para la 4ª edad sería un impuesto al trabajo. Las estimaciones que hemos hecho con mis colegas Simón Ballesteros y Sebastián García es que sería del orden del 2%. Es decir, a la cotización actual de 10% para ahorro y 1% para el seguro de invalidez y sobrevivencia se agregaría un 2% para el pilar de reparto.
Si dicho 2% de cotización adicional se agregara a la cuenta de capitalización individual, se lograría un incremento de pensión muy parecida, pero en 40 años más. La gracia del sistema propuesto es que esta ganancia en el monto de pensiones se realiza inmediatamente.
Este cotización de 2% está calculada para mantener la solvencia, bajo supuestos conservadores de crecimiento económico por 50 años al menos. La clave es esta: la puerta de entrada al sistema no está fija –no es una edad– sino que es un concepto: la expectativa de vida al momento del retiro.
Si se hace esta redefinición de la puerta de entrada a la 4ª edad, nuestras proyecciones señalan que la tasa de dependencia relevante pasa de aproximadamente 5% hoy a un 10% en 2050.
Hay muchos otros temas que podríamos analizar, pero quisiera resaltar dos.
Primero, como en todo sistema de reparto, hay una transferencia a la primera generación. Es decir, quienes se beneficiarían en el muy corto plazo no habrían contribuido a financiar a nadie. 
Después de ellos, los trabajadores activos habrán contribuido a financiar pensiones de la generación anterior y ellos mismos recibirán transferencias de la generación que sigue. 
La pregunta obvia es: ¿por qué esta generación merece recibir tal transferencia?
La respuesta es la siguiente: porque las personas que ya han jubilado y los que están por jubilar en los próximos 10 años –digamos que eso constituye una generación– sufrió las consecuencias de la transformación económica de Chile. En particular, esta es la generación que enfrentó la apertura comercial de Chile que era muy necesaria, como lo habían señalado tantos autores en los años 1950 y 60 y como lo intentó hacer Eduardo Frei Montalva a comienzos de su mandato. Pero fue muy traumática.
Ya lo hemos dicho: el desempleo fue altísimo, el subempleo peor y la duración del desempleo muy extendido. Si estuvieron desempleados fue producto de un shock de primer orden de magnitud que decidieron las autoridades de la época. En lo fundamental, a estas personas no se las puede acusar de no haber hecho esfuerzos por encontrar trabajo, porque no había.
Por el contrario, la evidencia indica que la apertura comercial es probablemente la principal variable que explica el crecimiento de la economía de los años noventa en adelante. 
Así, la generación actual, que sería la primera en pagar este impuesto para financiar el nuevo pilar de reparto, es precisamente la que se benefició primero de este proceso de alto crecimiento en Chile. Si hay una generación en la historia de Chile que amerita una transferencia es la de los actuales pensionados. Si hay una generación que debe pagar un impuesto para financiar esa transferencia, son los empleadores actuales de los trabajadores activos.
Segundo, Chile ha ganado capacidad de enfrentar grandes shocks macroeconómicos, como fue la crisis financiera de 1982. Sin embargo, seguimos siendo una economía vulnerable, puesto que dependemos fundamentalmente de un solo producto de exportación: el cobre. Eso condiciona la solvencia del Estado y el acceso a financiamiento externo. Una caída en el precio del cobre genera problemas serios en Chile, como lo hemos visto en los últimos años.
Pero en el horizonte de 50 años con que uno diseña un sistema de pensiones, no podemos no analizar eventos catastróficos que, en ese horizonte, sí pueden ocurrir: ¿que pasaría si en lugar de una caída de precios ocurre un evento catastrófico para Chile –un “Black swan”–, como la aparición de un sustituto del cobre? 
Señalo esto porque la adopción de un sistema de reparto como el señalado permite diversificar en alguna medida, imperfecta hay que reconocerlo, ese tipo de riesgo entre generaciones. Es un tema nuevo, pero que con un horizonte de esa magnitud corresponde pensar.
En resumen, este sistema de reparto para la 4ª edad que hemos propuesto necesita mucho trabajo todavía para especificar detalles y corregir aspectos (por ejemplo, algunos temas relacionados con género y otros temas distributivos), pero su lógica parece ser adecuada para enfrentar los desafíos previsionales actuales y futuros.
Guillermo Larraín
Ex Superintendente de AFP, de Valores y Seguros, y ex Presidente del BancoEstado.
Académico de la Universidad de Chile y consultor internacional en pensiones. 

viernes, 29 de julio de 2016

Propuesta A y B frente a frente

Propuesta A y B frente a frente: el mano a mano de David Bravo y Claudia Sanhueza que revela la trastienda política de la Comisión Bravo




Ambos creen que el tema debe ser parte del debate presidencial de 2017. Bravo se defiende de las críticas a su rol como presidente y afirma que no puede debatir consigo mismo.
Sanhueza asegura que hubo llamados para recabar votos a favor de la propuesta A y dice que Bravo ha hecho marketing.
Aunque en la prensa nacional la publicación del informe de la Comisión Bravo, a mediados de septiembre pasado, solo sirvió como excusa para defender la mantención del sistema de pensiones de capitalización individual a cargo de las AFP, las semanas siguientes a su publicación han permitido conocer detalles de la trastienda de los debates y cómo se llegó a las 3 propuestas y 58 medidas para mejorar las pensiones.

Andras Uthoff, uno de los articuladores de la propuesta B, que propone instalar un pilar de reparto paralelo al actual sistema de capitalización individual, aseguró hace poco que hubo intentos por impedir un cambio relevante al modelo de AFP. Regina Clarke, también de esa posición,ahondó en las críticas a Bravo por su rol comunicando los resultados del trabajo.

Frente a las críticas, Bravo se defiende en esta entrevista y ahonda en los motivos para rechazar la propuesta B. Dice que hay vasta literatura sobre las dificultades del sistema de reparto y defiende que con Pilar Solidario el modelo de AFP sí es un sistema mixto. Crítica a quienes dicen que la Propuesta A “ganó” en la comisión, los acusa de deshonestos.

Para Claudia Sanhueza, académica de la Universidad Diego Portales y suscriptora de la propuesta B, el sistema de capitalización individual no es un sistema mixto y la posición de Bravo en ese sentido es “marketing”.

“Plantear que ganó la propuesta A es deshonesto”

Bravo dice que, dada la dificultad de optar por la propuesta A o B, lo mejor es tomar medidas concretas que sean viables. Por ello apunta a poner más recursos en el Pilar Solidario, a través del cual el Estado complementa o derechamente entrega jubilaciones a quienes no tienen pensiones dignas.

“Podríamos en tres o cuatro años más pasar de 60% de cobertura con el Pilar Solidario a 80%. Se puede anunciar un cronograma que apuntara en esa dirección”.

-¿No cree que es una forma de perpetuar el subsidio del Estado a un sistema de pensiones que en la forma que funciona hoy no responde a las tasas de reemplazo que se prometieron?
-Lo que está claro es que, en el contexto que tenemos actual del Gobierno y de las distintas reformas que se están implementando en Chile, va a ser difícil pensar que se vaya a zanjar una discusión tipo propuesta A, B o C.

-¿Cuando plantea poner más plata al Pilar Solidario no está hablando desde la postura de la A, que es la suya?
-No, eso es una recomendación específica. La uno.

-Pero está en el paraguas de una propuesta (A) que no toca temas estructurales del sistema de pensiones, que sostiene el sistema de capitalización individual y no instala un pilar de reparto al lado.
-Es una medida perfectamente coherente con cualquier cambio estructural. La propuesta B de hecho subsume el Pilar Solidario dentro de su propuesta. Los avances que uno pueda hacer en el ámbito del Pilar Solidario no merman la discusión más global. Lo que estoy diciendo es que la discusión más global veo difícil que se pueda zanjar. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto lo que permite llegar a los distintos sectores de la ciudadanía es el Pilar Solidario. Es mi opinión.

-Pero usted interpreta lo que dice la propuesta B, que lo que indica es que no son medidas aisladas. Si toca el Pilar Solidario en la B eso está condicionado a que se hagan otras medidas. No es una cosa u otra. Cuando dice ‘avancemos en el Pilar Solidario, porque no se puede zanjar la discusión’, está diciendo ‘mantengamos el camino que es más estructural de la propuesta A’.
-Básicamente, pongámonos frente a los objetivos. No es la discusión sobre nomenclatura de sistemas. Es sobre resultados. Por eso enfaticé tasas de reemplazo y montos de pensiones. Ese es el objetivo que debemos tener. La otra discusión depende del Gobierno y los consensos que haya en la sociedad. Ahora, eso quedó bien explícito sobre cómo cada comisionado votó por las propuestas. Y hay ahí bastante variedad al respecto, pero la mayor parte, uno puede pensar decir que un Pilar Solidario debería por ejemplo universalizarse. Y esa es una medida compatible con alguien que piense, por ejemplo, que en realidad la dimensión solidaria debería ser incluso más grande. En el corto plazo la pregunta es cómo mejoramos las pensiones hoy. Y la herramienta que tenemos hoy es el Pilar Solidario.

¿Qué responsabilidad les asigna a las AFP? Pareciera que hoy se les asigna una responsabilidad básicamente de invertir plata.
-El sistema que tenemos ahora de cuentas individuales con gestores privados se podría haber hecho de otro modo bien diferente en la reforma de 1981. El hecho de que no hubiera gestores públicos sino solamente privados fue una cosa evidentemente ideológica, la idea de que las personas tuvieran sus fondos en una cuenta creo que es una idea correcta, evidentemente el problema de las pensiones no es solo un problema individual. El gran problema y mi gran crítica a la reforma de 1981 –aparte de decisiones que creo que son bastante dudosas– es que no tuvo ningún componente solidario. De hecho, muchos pensamos que lo del 81 no puede ser llamado un sistema de pensiones. Si no tiene un Pilar Solidario no es un sistema de pensiones.

-¿Qué es?
-Un sistema de ahorro individual. Un sistema de pensiones debe considerar elementos como el de 2008, cuando se introdujo un Pilar Solidario que ha sido muy importante pero que aún es débil en el sentido que partió con 40% de la población y se fue extiendo gradualmente a medida que aumentan recursos. El pilar individual también tiene problemas, tiene problemas porque el monto que estamos ahorrando es muy bajo, un 10% es bajo para cualquier estándar internacional. Entonces en el fondo necesitamos ahorrar más pero también necesitamos que haya solidaridad en el sistema.

-¿Y eso debe hacerlo el Estado, no que sea solidaridad intrasistema, compartiendo la generación de ingresos de cada uno con un pilar de reparto?
-Yo creo que eso tiene problemas, pero sí creo que es importante. De hecho, si se fija, una de las propuestas que hicimos es que ese aumento de cotización (cuatro puntos porcentuales) una fracción va a ir a financiar, al estilo del fondo de cesantía, los beneficios del Pilar Solidario. Y eso en las propuestas específicas juega un rol importante, pero yo pienso que es acotado, porque en general debe mantener los incentivos de personas a ahorrar. Pero el extremo de que nos encontrábamos donde no teníamos cotizaciones del empleador y donde toda la solidaridad venía por fuera del sistema a través de impuestos… claro, todos pagamos, pero es bastante lejano, me parece que también era un extremo y eso de alguna manera es lo que pusimos con algunas recomendaciones.

-Cuando dice que debe mantenerse el incentivo al ahorro,¿qué incentivo requiere si es obligatorio el 4%, si además la plata la pone el empleador y el Estado?
-No queremos que tengan incentivos a informalizarse. El incentivo debe ser a formalizarse. Es importante que haya conexión entre cotizaciones y ahorros que efectivamente usted tenga.

-¿Esa es una postura ideológica o técnica?
-Es una postura técnica, espero, que tiene que ver con cómo se percibe por cada persona el impuesto que está asociado. Ahora, son puntos legítimos de discrepancia sobre los cuales es necesario tener estudios técnicos. Hay que tomar decisiones en esa materia, por eso pienso que es legítimo que haya posturas distintas al respecto.

-Pero pueden tomar referencias, la OCDE podría serlo. En ese sentido, muchos tienen sistemas de reparto.
-Hay bastante literatura sobre los problemas del sistema de reparto. Cuando se mueve de un modelo a otro. La discusión no es de cero. Si hubiéramos adoptado el sistema de cajas, le puedo garantizar que la solución final, si nos hubiéramos dividido en propuestas, no habría sido esta. La discusión habría sido otra. Creo que es distinta la evaluación una vez que tienes un sistema como el que tuvimos y los costos que se ha pagado, en el caso de Chile, para la transición del sistema de reparto a uno de capitalización. La pregunta es cuán estructural tienen que ser los cambios, o lo que tenemos, más allá de que, si de mí dependiera, no habría hecho esa transición costosísima. Pero lo que tenemos ahora es cómo volver a un sistema de reparto. La mayor de nosotros dijo no. Y nos dividimos entre quienes pensaban que había que introducir una dimensión de reparto más sólida –la propuesta B– y quienes estimamos que eso no era así.

-Los miembros que apoyaron la propuesta A no se abren al debate de poner parte del pilar de reparto, pese a que en el mundo es relativamente masivo. La propuesta B parece buscar un equilibro. ¿La propuesta de ustedes es una posición técnica desde la experiencia internacional o hay un tema ideológico?
-Esa es nuestra opinión, que es incorrecto ir a la propuesta B y no la aconsejaría. A mi juicio es ideológico, político y técnico. Es una mezcla donde se piensa que los supuestos que están detrás van a funcionar en algún momento. Por la misma razón fui el primero a negarme a zanjar esta discusión. Esta discusión no está zanjada. Nuestra opinión es que es una discusión que se debería socializar. En definitiva, nos pareció que era bueno dejar argumentos y contraargumentos.

-¿El debate se ha dado bien, a su juicio? Porque la sensación al leer los medios es que apoyan la A.
-Lo he dicho en todos los tonos, que la comisión no zanjó este tema y frases como que ganó la A son incorrectas, no reflejan lo que los comisionados dijeron, plantear eso creo que es deshonesto. Pero no me pueden pedir a mí que sea el vocero de una propuesta que no apoyé. En lo posible he tratado de ser lo más ecuánime respecto de lo que discutimos, pero no puedo hacer un debate conmigo mismo. Estoy cerrando lo que fue el trabajo de la comisión y lo que corresponde es que se abra la discusión.

Ahora, estas discusiones no tienen prensa, es complejo. Nosotros nos dedicamos tres meses a recorrer en diálogos como estos. Espero –y me encantaría– que se haga una discusión del informe en diálogos ciudadanos. Sería el paso lógico de lo que fue el trabajo de la comisión. Hay una oportunidad única.

-¿Cree que una reforma así no se alcanza a hacer en este Gobierno?
-El Gobierno está embarcado en muchas reformas y esa es una dificultad objetiva que tenemos, pero es una opinión desde afuera, que estamos todos mirando.

-¿Cree que se debería discutir en las próximas elecciones?
-Creo que están todos los elementos para que sea uno de los ejes de la elección a Presidente. Sería bueno que se discuta y no en un grupo de técnicos, mal llamados técnicos. Nos hicieron un encargo para entregar un informe a la Presidenta. Pero si eso se pudiera socializar sería estupendo.

“Hubo llamados para que algunos comisionados votaran por la A”

Claudia Sanhueza, académica de Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, fue una de las 11 integrantes de la Comisión Bravo que apoyó la propuesta B. Reconoce que, a diferencia de la comisión que preparó una propuesta para la reforma de 2008 y que presidió Mario Marcel, la que dirigió Bravo fue más transversal no solo a nivel de género, sino multidisciplinaria y etaria. Por esa diversidad, afirma que las diferencias estuvieron siempre. “Tenía este grupo de internacionales, que no era representativo, estaba bastante dirigida, las personas y la mayoría de los técnicos internacionales, un grupo fuerte partidario de la capitalización individual y que la promueven en el mundo. Entonces el trabajo siempre fue dividido y se reflejó hasta el final”, recuerda.

Sin embargo, advierte que David Bravo no manejó bien el proceso público, técnico y político en la comisión. “De hecho, nosotros no tuvimos acceso al resumen ejecutivo hasta después de haber sido entregado. Es decir, tuvimos acceso un mes antes, pero luego el informe final no recogió la mayor parte de nuestros comentarios”, afirma.

La posición de quienes terminaron votando por la opción, señala, se notaba desde el principio. "Aquí había dos grupos. Uno que defendió el sistema de AFP y cree que es el mejor, que es como la línea de Peter Diamond, que defiende el sistema de AFP y lo defiende en el mundo y ahí no hay que ser iluso. Chile es un país que se mira. Es un país ejemplo y entonces cuando Chile cambia y crítica al sistema de AFP, se mueve el resto del mundo".

-¿Se percibe que, desde afuera, lo que pase en Chile en este tema es referente?
-Completamente. Y entonces es un tema no solo en pensiones, también en educación, salud. Chile ha sido un país que ha implementado políticas muy neoliberales en muchos ámbitos. Entonces, la crítica interna que surge importa al resto del mundo también. A pesar de todo el mal manejo interno, no se puede esconder lo que pasó: la discusión, la crítica, el diagnóstico del sistema de pensiones. Y no se puede esconder que había comisionados que en realidad tienen un diagnóstico.

-¿Y el rol de Bravo?
-El presidente de la comisión en este caso también no era imparcial. Él tenía una propuesta y, claro, en general los presidentes de las comisiones tratan de transmitir comunicacionalmente con un poco de imparcialidad lo que pasa en la comisión. En este caso no ha pasado eso. El presidente de la comisión ha transmitido lo que su grupo de comisionados un poco ha planteado. No ha servido para plantear lo que pasa con la propuesta B ni la C. En ese sentido, ha sido una mala comunicación de la discusión que se dio al interior de la comisión y después del informe final.

-¿Por qué ocurre eso? ¿Hubo presiones? ¿No hubo una gestión en la comisión para marcar una u otra posición?
-O sea, hubo gestiones para que mucho votaran por la A.

-¿De Bravo?
-No sé, pero sí sé que muchos comisionados recibieron llamados para que votaran por la A, internacionales y nacionales. Y por eso pensamos, los que votamos por la B más Leokadia (Oreziak, polaca que fue la única que votó una propuesta para instalar un sistema de reparto a secas), que en general tuvimos más votos de lo que pensamos que íbamos a tener.

-¿Sentían que estaban tratando de acorralarlos?
-O sea, que había obviamente un grupo de personas que querían que ganara la A e hicieron todas las gestiones para que eso ocurriera.

“Este no es un sistema mixto”

-Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de la Asociación de AFP, dijo que se debe guardar la ideología en un cajón para abordar las soluciones al sistema de pensiones, principalmente, mejorar pensiones y darle sostenibilidad. ¿La posición de la B es ideológica al tratar de meter el pilar de reparto?
-O sea, todas las discusiones, no existen políticas públicas que no tengan detrás una corriente ideológica. Eso es absolutamente mentira. En Chile muchos han tratado de tener ese discurso, que discusiones son técnicas, no ideológicas. Eso no es verdad, no existe. Las discusiones técnicas responden a ideas políticas. Si tiene a puros tecnócratas, que la tecnocracia ya es una ideología, si es la tecnocracia la que finalmente diseña políticas públicas, tenemos un sistema político que es una tecnocracia y no una democracia.

-¿Entre la A y la B hay discusión ideológica?
-Hay dos aristas, creo. Hay una cosa de responder, la B, a una pregunta: ¿queremos un sistema solidario, queremos que trabajadores jóvenes financian a los adultos mayores o queremos que no?

Nosotros dijimos, en parte sí, que responda a esa ética. Y también que haya un ahorro para que no sean los jóvenes cargados al cien por ciento con la responsabilidad de mantener a adultos mayores. Eso es un sistema mixto.

Cuando dice que quiere capitalización individual con ahorro obligatorio usted da el peso ético a que no haya ninguna responsabilidad en la sociedad de financiar adultos mayores, porque cada uno se hace cargo y es la responsabilidad individual.

-¿Y el Pilar Solidario con impuestos generales no es una forma de solidaridad?
No, porque el Pilar Solidario está en todos los sistemas. El pilar es como el piso. En Suecia es así, por ejemplo. Los sistemas de reparto también tienen Pilar Solidario. La diferencia está en el pilar contributivo porque las cotizaciones van a financiar las pensiones de adultos mayores.

-El comisionado José Luis Ruiz –que apoya la A– dijo que no se puede hacer cambios tan drásticos porque se destruye al sistema financiero. ¿No es parte de la verdad que no es llegar y sacar platas que iban al sistema financiero?
-El 42% está afuera, en Chile el 22% está en bonos del Banco Central y solo el 15% está en empresas. Además, están los bancos para financiar empresas. O sea, no es que no tengamos un sistema financiero. Creo que no es tan como lo plantean, el Estado no es la única forma de hacer inversiones en Chile, es la mínima parte.

Además, está el problema de los conflictos de interés. Esto ha funcionado por muchos años, hay mucho conflicto de interés, mucho poder asociado, interlocking sistémico, eso es lo más tremendo.

-Eso hace difícil modificar el sistema.
-Crea un conflicto muy grande con la elite económica y creo que eso es lo más difícil y por eso es mucho más factible la propuesta B, porque no es ninguna locura, entrega beneficios inmediatos. Si se suma la AFP estatal, puede provocar cambios en la forma de funcionamiento institucional del sistema.

-Se cuestionaba a la B porque no estaría suficientemente financiada.
-Se hizo un máximo trabajo con el grupo de comisionados, en particular Christian Larraín y Andras Uthoff. Se supone que la secretaría técnica de la Comisión iba a evaluar las tres propuestas y finalmente solo evaluaron la A.

-¿Quien estaba en la secretaría?
-Varias personas, con apoyo de Hacienda.

-¿Pero quién mandaba?
-David Bravo. Ese es otro tema que refleja el peso que tuvo la propuesta A.

-Ruiz decía que si uno ve las utilidades de las AFP es irrelevante, porque subirían pensiones un 5%.
-Los costos son bien altos, la comisión del 2% es alta, todos los comisionados internacionales criticaban eso. Había una visión clara sobre eso. Pero lo importante es la lógica del sistema. Esa comisión que cobran es una comisión que paga ciertos costos administrativos, un precio, no puede ser cero, si no no habría administrador de los fondos. Es parte del costo del servicio de administración, entonces, la utilidad sí es un problema central en el sentido que son precios relativos, cuando administrar el fondo no depende del tamaño del fondo. Y no hay ningún incentivo a que haya ganancias, no hay costo por las pérdidas, las AFP nunca pierden. Uno puede generar contratos distintos de servicios, pero es más complejo. El tema es cómo funciona el sistema, la lógica, que hay poca competencia. Por eso a mí me gusta la idea de la AFP estatal, que creo que introduce competencia. El 70% de la gente encuestada se cambiaría a AFP estatal. Creo que es el máximo terror de las AFP.

-Pero no mejora las pensiones.
-No, pero es una cosa de legitimidad, de dónde quiero poner mis fondos. Saber que es una institución pública donde nadie se enriquece administrando platas de trabajadores.

-¿Cree que este gobierno zanjará este tema o será de elecciones?
-Yo creo que depende de cómo sigan las cosas el próximo año, igual el escenario es complejo, son pocos años de gobierno, hay varias reformas que están siendo aplicadas, está la reforma de educación superior que también es compleja. Pienso que probablemente va a ser un tema de elecciones más que de corto plazo.

-¿Le parece bien?
-Me parece bien, esas son las políticas que definen los distintos grupos políticos, tiene que haber propuestas en ese sentido.

-¿No cree que haya populismo o que se use políticamente, como algunos suponen?
-Pero eso depende de la calidad de la política, depende de lo que pase con el proceso constituyente. Hay bastante que mejorar en la actual democracia chilena, ahora no se pueden vetar los temas, la preocupación la tienen los trabajadores. Es imposible esconderlo y tratar de hacer cosas que no sean significativas, no en el sentido de llegar a un régimen de inmediato, porque hacer cambios estructurales para llegar a dar vuelta la moneda tampoco es posible, pero sí uno puede hacer cambios que modifiquen el sentido de la política. Eso es viable.

-¿El sistema de pensiones no se corrige si no se instala un pilar de reparto?
-No hay ninguna posibilidad. Estamos en el techo con este sistema.

-Bravo dice que el sistema de pensiones chileno es mixto.
-Este no es un sistema mixto. Es un sistema que en el pilar contributivo combina seguridad social con capitalización individual, nada tiene que ver con la Pensión Básica Solidaria (PBS). Ese es el pilar no contributivo y también existe en los sistemas de reparto. Él dice que es mixto porque hay PBS. Está técnicamente incorrecto. Si en el pilar contributivo –que se financia con contribuciones de trabajadores– no hay sistema un mixto con solidaridad intergeneracional y capitalización individual, no es un sistema mixto.
-¿Y por qué lo dice?
-Bueno, no creo que no entienda qué es un sistema mixto. Es marketing para la propuesta A. Quiere decir que es mixto para que la gente lo quiera. Es lo mismo que cuando se instaló este sistema en 1981 y se dijo que la tasa de reemplazo seria de 70%. Eso fue marketing para que la gente se metiera. Menos con la tasa de cotización que se adoptó.

martes, 26 de julio de 2016

Futuro del sistema de AFP

Debate sobre futuro del sistema de AFP copa la agenda y se abre idea de que sea tema de campaña.

El Gobierno tiene poco espacio político para acometer una reforma al sistema de AFP y ya anunció que solo ‘iniciará’ el camino. Ex presidentes y dirigentes políticos se pronuncian, al tiempo que las AFP cuestionan ideas vinculadas a avanzar hacia el sistema de reparto.
Por primera vez desde que se creó en 1981, el sistema de pensiones creado por José Piñera Echeñique en dictadura, parece instalado en la agenda con una perspectiva fuerte de cambio. Curiosamente, ocurrió tras la aparición de millonarias jubilaciones a funcionarios de Gendarmería, en particular la ex pareja de Osvaldo Andrade (diputado PS y presidente de la Cámara Baja), y fue drásticamente impulsado por la masiva marcha de casi 750 mil ciudadanos y ciudadanas a lo largo de todo el país el domingo pasado.
Y aun cuando los canales de televisión no le dieron cobertura en vivo, como lo hicieron con las movilizaciones de los estudiantes en 2011, fue tal el impacto de la marcha que algunos dirigentes políticos ya comienzan a plantear que sea un tema de la campaña presidencial del próximo año, dado que se prevé que el Gobierno actual no tiene espacio ni capital político para encarar tal desafío.
La consigna "No + AFP" se instaló y de inmediato generó la reacción de dirigentes políticos abriendo una discusión sobre la urgencia de tomar medidas. Desde las AFP sus representantes intentan contener el envión contra el sistema, buscando permearlo con medidas que no sean intrusivas con las AFP y que sí fuercen al Estado a desembolsar más recursos para mejorar las pensiones actuales o, en su defecto, modificar algunos parámetros que aumenten el ahorro.
El argumento de las AFP, lideradas por el presidente del gremio que las agrupa, el ex ministro de Vivienda del Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna, es que el problema está en lo bajo de las cotizaciones y la necesidad de elevar la edad de jubilación de las mujeres –de 60 años versus los 65 de los hombres–. 
Esto, afirma, permitiría mejorar las pensiones futuras, mientras que para elevar las pensiones de los próximos años propone que el Estado haga un aporte adicional a través del Pilar Solidario, creado en 2008.
Los críticos del sistema plantean medidas que van desde terminar con el sistema de capitalización individual actual –en que cada uno se hace cargo de sus futuras pensiones con sus cotizaciones individuales– hasta transitar a un sistema de reparto, como ocurre en varios países desarrollados y algunos de la región, pasando por quienes proponen una mixtura con un pilar de reparto paralelo.
De hecho, esta última fue la fórmula que planteó casi la mitad de los consejeros (grupo B) de la Comisión Bravo, que propuso que solo las nuevas cotizaciones, con un tope, vayan a un fondo solidario en que parte de dichos aportes subsidien las pensiones de quienes hoy están comenzando a recibir las jubilaciones. 
La otra mitad del grupo (A) planteó cambios pero, fundamentalmente, sin invadir el terreno de las AFP.
El ex Presidente Ricardo Lagos, quien está intentando tomar la delantera en las próximas elecciones presidenciales de 2017 por la Nueva Mayoría, mostró empatía con las movilizaciones, aunque no quiso amarrarse con soluciones.
“Ese dinero cuando usted (a través de las AFP) lo deposita, por ejemplo, en un bono de alguna empresa del retail, obtiene que le paguen por el dinero depositado unidades de fomento más un 5%. Y luego, cuando esa misma persona –que con su dinero ha obtenido que le paguen UF más 5%– se pone el sombrero de consumidor y va a esa empresa del retail, pide un crédito y esa empresa del retail le cobra UF más 30%. Esto es lo que está detrás de la marcha de ayer, ¿se entiende?", dijo Lagos tras una actividad en La Moneda, donde sostuvo que también molesta al ciudadano que no pueda hacer uso de sus fondos y que esto solo lo decida la AFP donde están sus ahorros.
Sin embargo, el propio Lagos reconoció que no es posible pensar en un cambio drástico al sistema actual, asegurando que sí se podrían tomar medidas para mejorar lo actual, las que no quiso adelantar.
Otra política con ambición presidencial, la senadora y presidenta del PS, Isabel Allende, fue más allá, adelantando que se debe avanzar hacia un modelo tripartito de pensiones con aportes del empleador, el trabajador y el Estado. “El actual sistema –que es único en el mundo– solo considera la capitalización individual y carece de solidaridad, excepto los subsidios a la pobreza en la vejez. Es necesario trabajar para establecer un nuevo sistema, que contemple el aporte de la empresa y del Estado, y un contrato social para asegurar a todos nuestros futuros pensionados un jubilación que permita una vejez digna”, afirmó.
Más aun, la senadora dijo que este tema debe ser parte del debate presidencial que vendrá en los próximos meses. “Deberá ser uno de los ejes programáticos para el próximo Gobierno, sea del signo que sea, porque requerimos una seguridad social que, junto a ser sustentable financieramente, tenga como principios la universalidad, la igualdad, la solidaridad, la integralidad”, sostuvo, abriendo las especulaciones de que el sistema de pensiones será una bandera política en las próximas elecciones presidenciales.
En este contexto, un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría ya ingresó un proyecto de ley al Congreso para eliminar el sistema de AFP.
Para Pérez Mackenna, este tipo de ideas son irresponsables, pues –a su juicio– la eliminación de las AFP no soluciona nada y, aún más, “si las utilidades de las AFP se fueran a cero, no mejora la pensión”, según dichos a La Segunda.
Las AFP ganan en promedio US$ 500 millones al año. Esta cifra se obtiene de los ingresos que cada año reciben las administradoras vía cotización obligatoria. Los números representan casi el 10% de los fondos que cada año aportan los trabajadores a sus cuentas de ahorro, que suman unos US$ 6.000 millones.
Según su opinión, las mejoras deben ir por elevar la edad de jubilación a las mujeres, elevar la tasa de cotización con aportes de empleadores y del Estado y perseguir a las empresas que no pagan las cotizaciones de sus trabajadores.
Recuerda Pérez que hoy se cotiza la mitad de lo que se cotizaba cuando había sistema de reparto antes de 1981, lo que explica una parte importante de las bajas pensiones. 
Aun así, dice, las pensiones que todavía se pagan del sistema antiguo son dramáticamente inferiores a las que están pagando las AFP. A ello agrega que los países desarrollados con sistemas de reparto han tenido grandes crisis financieras o incuban una con altos indices de endeudamiento del Estado, por los compromisos que implica cubrir las pensiones.
Por ello, personeros como el economista y ex asesor de Hacienda en el Gobierno anterior, Sergio Urzúa, criticaron las propuestas de abandonar el sistema de capitalización individual total o parcialmente. La derecha y parte de la centroizquierda entienden el sistema de pensiones chileno como mixto, por tener el pilar solidario que mantiene el Estado. 
Los críticos del sistema, incluyendo al grupo que apoyó la opción B en la Comisión Bravo, consideran que un sistema mixto debe tener un pilar de reparto al menos parcial y consideran el Pilar Solidario como un subsidio al sistema privado.
“Es increíble irresponsabilidad de quienes promueven fin de sistema mixto de pensiones de Chile sin analizar costos de alternativas”, dijo Urzúa en su cuenta de Twitter, al tiempo que esbozó una crítica a las AFP, pero solo reprendiendo la falta de educación financiera de sus afiliados, en línea con el cuestionamiento a la supuesta ignorancia de la población sobre cómo funciona el sistema de pensiones actual.
También se sumó a la defensa de las AFP la ex ministra del Trabajo del Gobierno anterior y candidata a alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien expresó que no es posible dar mejores pensiones con lagunas artificiales del 40%, como existe en algunos casos en el país.
En ese sentido, afirmó que las AFP han tenido la capacidad para incrementar los ahorros vía rentabilidad de las inversiones, pero que la limitación viene del lado del monto de las cotizaciones y las interrupciones de estas ya mencionadas.
En el mismo sentido, el senador Andrés Zaldívar (DC) apuntó en la línea de las AFP, asegurando que no existe posibilidad de volver a un sistema de reparto, que ningún país lo ha hecho en el mundo y que lo mejor es elevar la tasa de cotización con cargo al empleador y aumentar los aportes al Pilar Solidario creado en 2008, discurso similar a las AFP.
Frente al debate, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, dejó en claro que no habrá modificaciones sustanciales al sistema de pensiones en esta administración, aunque la Presidenta Bachelet señaló ayer que había escuchado el reclamo ciudadano y que abrirían un camino en esta administración para mejorar el sistema.
Eso sí, la Mandataria no comprometió fechas, plazos, ni detalló posibles medidas, confirmando la percepción de que no se hará cargo de las demandas de fondo que la ciudadanía planteó en la marcha del domingo.
En esta línea, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya adelantó un escenario al anunciar que no existen fondos públicos para aportar al sistema, pues existe un déficit fiscal de 3% y no se puede seguir endeudando al país cuyos pasivos suman el 18% del PIB, monto por cierto bajo, comparado con otros países de la región y el mundo desarrollado.
Valdés agregó que no hay una solución “de varita mágica”, al tiempo que recordó que el comité de ministros –(donde él participa– está analizando las propuestas derivadas de la Comisión Bravo, creada al inicio del Gobierno actual y cuyas propuestas aún no ven la luz en ninguna de sus bajadas. Ni siquiera la idea más moderada que impulsará este Gobierno –la AFP estatal– avanza, pues el Ejecutivo le retiró la urgencia.

Caminos

Las AFP son las entidades privadas que reciben los ahorros obligatorios que cada mes se le descuenta a una persona que tiene contrato y, por ende, ve redireccionado un 10% de su sueldo bruto al ahorro, junto con un adicional –de 0,42% a 1,5% de dicha remuneración, según la AFP donde cotice– para pagar las comisiones que cobran las gestoras.
A la fecha hay más de US$ 170 mil millones acumulados en las cuentas que llevan las AFP y que fiscaliza la Superintendencia de Pensiones. 
Pese a lo imponente del monto, que equivale a casi el 65% del PIB chileno, estos no alcanzan para pagar pensiones dignas, según coincide gran parte de los opinantes en el debate.
De hecho, en 2008, en el primer Gobierno de Bachelet, se decidió crear aportes solidarios del Estado a las pensiones e incluso el pago de una jubilación (Pensión Básica Solidaria) para quienes nunca cotizaron o lo hicieron en cantidades mínimas.
No obstante, dichos aportes, que le han costado al Estado casi US$ 2.000 millones anuales, parecen completamente insuficientes, subsistiendo una pensión inferior al sueldo mínimo en el 50% de los pensionados por vejez.
En los próximos años el escenario empeorará, pues subirán el número de pensionados y la tasa de reemplazo –porcentaje de la pensión respecto del sueldo de los últimos diez años de actividad laboral– no mejorará. Incluso podría empeorar.
Si el Gobierno optara por elevar las cotizaciones a través del aporte de empleadores, abriría un flanco de disputa con el gran empresariado, con el que lleva más de dos años en discusiones sobre la responsabilidad en el bajo crecimiento del país que han tenido las reformas estructurales aprobadas hasta ahora.
Si decide elevar la edad de jubilación de las mujeres, deberá asumir costos políticos altos, teniendo poco más de un 20% de popularidad. Tampoco puede, como dijo Valdés, elevar el aporte al Pilar Solidario para subvencionar las pensiones más bajas, pues no hay dinero.
Y si optara por plantear un pilar de reparto paralelo, con las nuevas o parte de las nuevas cotizaciones –buscando de esa forma redistribuir ahorros de afiliados más jóvenes hacia los más viejos– podría abrir un flanco de crítica mayor en el empresariado, dado el nivel de importancia que tienen los fondos de pensiones en la propiedad de las empresas y bancos.
En efecto, casi 10% de los fondos están en acciones y fondos de inversión, mientras que para el financiamiento de deuda de las mismas entidades –incluyendo depósitos a plazos en los bancos– está casi el 25% de los ahorros.
-« ¡Ay de vosotros también, maestros de la Ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo! »