“Si se aportó una miseria ¿porque se pide al sistema que de más que una miseria?”,
declaró recientemente uno de los apologistas de las AFP.
La verdad es que las cotizaciones y subsidios fiscales aportados al
sistema de AFP, en conjunto triplican el monto de las pensiones pagadas
por éste. Así lo demuestra un
estudio de CENDA,
que analiza este sistema, establecido el año 1981 por Pinochet.
Tres
décadas más tarde y a dos del término la dictadura, todos los trabajadores y trabajadoras chilenas continúan forzados a afiliarse a las AFP, como sistema único de pensiones contributivas.
Éste se apropia, mes a mes, de un gran excedente en dinero efectivo, el que ha venido canalizando, en su mayor parte, hacia los propios administradores del sistema y los mercados financieros. Al mismo tiempo, paga pensiones muy bajas. ¿Hasta cuando?
Los montos de las pensiones son inciertos, dependiendo de las
veleidades de los mercados financieros internacionales, que en los
últimos seis años han generado más pérdidas que ganancias al fondo de
pensiones. Se reducen periódicamente, al aumentar la esperanza de vida
de los afiliados y no representan sino una parte menor de los últimos
ingresos en actividad.
Ello fue reconocido por la reforma de la Presidenta Bachelet, que
estableció un esquema paralelo de pensiones solidarias, de cargo fiscal,
para cubrir a quienes no recibían pensión alguna y suplementar las
pensiones más bajas.
Los aportes previsionales solidarios (APS), conjuntamente con las
anteriores garantías estatales de pensión mínima (GEMP), suplementan
actualmente a la mitad de las pensiones pagadas por el sistema privado.
Estos subsidios incrementan el monto del conjunto de las pensiones
privadas, en más de una sexta parte. Adicionalmente, dicho monto se ha
incrementado en más de una quinta parte, al contabilizar los “bonos de
reconocimiento”, entregados por el Estado a quiénes se cambiaron desde
el antiguo sistema.
El aporte fiscal en dinero efectivo, representa una proporción
todavía mayor del monto de las pensiones pagadas por el sistema de AFP:
dos tercios el año 2012 y tres cuartos desde 1982.
Sin embargo, su incidencia sobre el monto de las pensiones pagadas se
reduce, debido a que el Estado traspasa cada año el monto íntegro de los
bonos de reconocimiento de las personas que cumplen su edad legal de
jubilación, pero las AFP imputan solo una pequeña parte de dicho monto a
las pensiones pagadas cada año.
Aquellos que quedaron al margen del sistema solidario, es decir,
quienes reciben pensiones superiores a los 266.000 pesos mensuales,
reciben asimismo pensiones muy reducidas. De este modo, en los hechos,
los trabajadores de ingresos medios se han quedado sin pensiones.
Ello afecta de modo aún más severo a los funcionarios del Estado, a
quiénes se cotizó durante años por menos de sus ingresos totales. Todas
las mujeres son discriminadas, puesto que son el único grupo al que se
aplica una tabla diferenciada en función de su mayor expectativa de
vida, la que resulta en pensiones significativamente inferiores a los
hombres que han acumulado el mismo fondo al jubilar.
Ello es reconocido hoy día de manera unánime. Por este motivo, las
pensiones han vuelto al centro del debate público. Todos los candidatos
presidenciales y parlamentarios se refieren al problema de las bajas
pensiones y proponen alternativas de solución.
Sin embargo, hasta el momento, las propuestas con mayor presencia en
los medios proponen más de lo mismo: aumentar las cotizaciones o mejorar
la competitividad del sistema creando una AFP estatal, aumentar los
subsidios públicos o, derechamente, reducir aún más los derechos
previsionales de los chilenos y especialmente las chilenas, elevando su
edad de jubilación.
Por otro lado, las principales organizaciones sociales, encabezadas
por la CUT han levantado la exigencia de terminar con las AFP y
reconstruir un sistema público basado en el mecanismo de reparto. Este
trabajo argumenta que ese camino no sólo es factible, sino que
constituye la única manera de mejorar sustancialmente las pensiones de
hoy.
Al terminar con el sistema de AFP, el Estado recuperará las
cotizaciones y subsidios que hoy se apropian las AFP, que el año 2012
sumaron 5,8 billones de pesos. Ello que le permitiría pagar todas las
pensiones del sistema incluidos todos los subsidios a las mismas, a un
costo de 1,1 billones de pesos anuales. Exceptuando, desde luego, las
pensiones vitalicias que hoy pagan y deberán continuar pagando las
compañías de seguros, puesto que se han apropiado del fondo completo de
sus afiliados. Quedaría así un excedente de 4,7 billones de pesos por año, equivalente a unos nueve mil cuatrocientos millones de dólares anuales.
Ello permitirá duplicar las pensiones que paga el sistema
privatizado, incluidos los subsidios, a un costo de 2,3 billones de
pesos anuales. De este modo, se equipararán con las del antiguo sistema
público para trayectorias laborales similares. Quedará todavía un
excedente de más de un 2,4 billones de pesos anuales, que permitiría
mejorar otras pensiones y ahorrar para el futuro. Todo ello sin aumentar
las cotizaciones ni tocar el fondo de pensiones.
Precisamente por estos motivos, Polonia, Hungría, Bolivia y Argentina
han terminado con los símiles parciales del sistema de AFP que habían
implementado en décadas pasadas. Al igual que ocurrió en todos esos
países, seguramente habrán muchas críticas al hecho que el Estado asuma
nuevamente las pensiones de sus ciudadanos, pero nadie, ni una sola voz,
se levantará en defensa de las AFP.
http://mriesco-crisis.blogspot.com
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