AFP Provida, La Polar y la transparencia para los pensionados

autor: Francisco Castañeda

Recientemente hemos conocido la noticia del ascenso de dos altos ejecutivos del Conglomerado BBVA – Provida. Es sorprendente que AFP Provida ascienda a Joaquín Cortés desde Gerente de Inversiones de esta AFP a Presidente del Directorio. También el entonces Presidente del Directorio de AFP Provida, Joaquín Vial, ahora es “movido” al cargo de Economista Jefe del BBVA Cono Sur, dejando su puesto en Provida a Cortés. Pero lo más sorprendente es que estos ascensos vienen después del negligente actuar en el manejo de los fondos de pensiones de los afiliados (responsabilidad fideicomisaria) de AFP Provida.

El caso La Polar y sus múltiples aristas ha generado una Comisión en el Congreso para dilucidar responsabilidades regulatorias (Banco Central y SBIF aún se tiran la pelota, y la SVS y la SAFP está claro que actuaron a destiempo). En su investigación, la SAFP alude a los precarios Departamentos de Estudios de las AFPs y que a futuro deberán contar con la información de la toma de decisiones en tiempo real de las inversiones para reducir los riesgos indebidos a los pensionados. O sea para minimizar fraudes.

Nadie duda de la excelente calidad profesional y humana de los ejecutivos mencionados. Pero los hechos generan aristas que es necesario sopesar, especialmente para la transparencia pública que debe existir en el mercado de valores y financiero en general. Y especialmente para los pensionados, que nada pudieron hacer para defenderse.

Así ambos ejecutivos están directamente o indirectamente relacionados en el caso La Polar, donde los bonos corporativos emitidos por esta empresa fueron comprados entre otros, por la AFP Provida, lo cual no es excepcionalmente distinto a los otros entes financieros. Pero ciertamente la labor de la Gerencia de Inversiones de la AFP Provida no era – claro está – pagar solamente los créditos que La Polar tenía con el BBVA en el período enero-marzo 2011, además de no pagar los créditos que tenía con los otros bancos de la plaza en el mismo lapso. En consecuencia, el total de caída de pasivos bancarios de La Polar entre diciembre de 2010 y marzo de 2011 lo explica solamente la disminución de la deuda de corto plazo con el BBVA por casi 38.000 millones de pesos (82 millones de dólares). En la mayoría de los casos la deuda bancaria de corto plazo de La Polar se renovó con otras instituciones financieras, excepto con el BBVA, lo cual significa que se diluyó el pago a los otros acreedores bancarios. En jerga financiera, un brutal costo de agencia de la deuda, pero favoreciendo la AFP Provida a su coligado bancario. En este período La Polar emitió bonos por más de 200 millones de dólares, de los cuales casi 60 millones de dólares compra Provida, quedando con caja para pagar la deuda bancaria con el BBVA. Provida mantenía a enero de 2011 la mayor exposición a los bonos de La Polar con US$ 122 millones, seguido de Cuprum, con US$ 107 millones, y Habitat, con US$ 88 millones (FECU de marzo de 2011, página 41) http://www.lapolar.cl/img/corporativo/fecus/fecu_1T_2011.pdf

El origen de todo esto subyace en la propiedad cruzada entre AFP y Banca, lo que posibilita las condiciones de traspaso de riesgo hacia las unidades de negocios que menos impactan al conglomerado financiero como un todo. Aunque la regulación es estricta en el papel, las denominadas “murallas chinas” protectoras (separación entre banca y AFP) son perforadas y pasan a ser un “cuento chino”. Un probable default en los créditos bancarios de La Polar (la exposición bancaria era de 300 millones de dólares) o un alargamiento en los pagos (la situación de no viabilidad de la empresa era clara en marzo 2011) impactaría más negativamente al negocio bancario en sus resultados (a través de las provisiones), que un menor valor en acciones y bonos porque en este último caso se traspasa el riesgo a los pensionados. El resto de la banca si tuvo que provisionar por probables pérdidas en su exposición a La Polar, no así el BBVA por este concepto.

Así, dadas las nuevas tasas de riesgos para valorar el paquete completo de bonos, la pérdida para los pensionados chilenos es colosal. Los bonos de La Polar en manos de las ingenuas AFPs, que en valores de mercado ascendían a 600 millones de dólares pre-escándalo, pasan a valer ahora aproximadamente 180 millones de dólares, es decir una caída del 70% sólo en bonos. A lo que se debe sumar la exposición accionaria de las AFPs, las que poseían el 24% del valor bursátil de la multitienda. La acción de La Polar se transaba en la época feliz a 2.330 pesos, y se ha terminado transando casi a 328 pesos antes de la suspensión de estas, luego de conocerse el estudio que en 10 años esta empresa era tan mala que nunca obtuvo utilidades, excepto que las obtenía engañando a sus clientes. En palabras de un alto ejecutivo de AFP: “Un análisis crediticio más riguroso de la calidad de las empresas no lo posibilita el actual nivel de comisiones; estas deberían ser más altas para tener un análisis de alta calidad de las empresas”.

Parece un mal chiste para los pensionados: ahora Cortés es ascendido a Presidente del Directorio de AFP Provida y a Vial lo postulan a Consejero del Banco Central. En cualquier empresa, los despiden, o no los ascienden. Se ha hecho un gran daño al sistema financiero y a los fondos de pensiones con la falta de rigor analítico en las inversiones de las AFPs.

Las AFP

por: Alejandro Maureira

Las AFP gestionan fondos equivalentes al 80% del PIB, del cual sólo un 16% puede salir del país. Es decir, un monto de dinero equivalente al 64% del PIB está encerrado, obligado a invertirse en muchas de las empresas que desaprobamos, lo que explicaría la baja rentabilidad y competitividad del mercado de capitales.

La incidencia de las AFP en la economía es alarmante. Cuando ajustaron su participación en Falabella su acción cayó un 5,45%, sólo por nombrar un ejemplo de la falta de competitiva en el mercado de inversiones. Un aumento del porcentaje que pueden llevar fuera de Chile replicaría este efecto, haciendo que la bolsa en completo cayera, creando un crash financiero y demostrando que parte del valor bursátil se debe a la normativa vigente en relación con a las AFP.

La génesis de las AFP fue suplir la función social del Estado de cuidar, financieramente, a los pensionados. Por ende, debemos reconocer que toda su legislación, normativa y supervisión se basa en su función social y no en la rentabilidad.

Su bajo rendimiento se puede justificar, hasta cierto punto, por su función social. Aun así, sus comisiones plantean demasiadas dudas. Cada mes, descuentan un 10% de sueldo bruto para entregarlo a las AFP, el que está sujeto a una comisión (la menor en el último mes fue de un 1,14% y la mayor 2,36%) que se suma al descuento que le hacen. Es decir, este es del 11,4% o un 12,4% de su sueldo bruto, dependiendo de la AFP que elija y que no se relaciona, en lo absoluto, con la rentabilidad que estas logren. Si usted está en el tramo del máximo imponible -de 1,5 millones mensuales- en un año ha pagado, en comisiones, 205 mil pesos -o 425 en el peor de los casos este año-, aunque la rentabilidad de su pensión sea negativa.

Un bono del Estado a 10 años, en pesos y libre de riesgo, renta un 6,9% real por cada año. La rentabilidad de las AFP en nueve años fue de un 8,6% para fondo C, el más rentable (A, 6,7%; B 5,6%; E, 4,8% y D, 4,7%), es decir, las AFP no justifican el riesgo y la rentabilidad que obtienen. Aun así, debemos recordar que estas tienen la función social de evitar al Estado costos a futuro, dejándonos a cada uno la responsabilidad de velar por una pensión mayor, a través del ahorro e inversiones personales.

Las AFP quieren aumentar el monto del cotizante, argumentando el envejecimiento de la población. Las cifras del INE dan cuenta de que en el año 2015 el 85% de la población serán trabajadores activos, y para el 2020 un 83%, lo que nos entrega una tasa de envejecimiento del 2% por cada cinco años. Concluya usted.

Estas instituciones tienen una función social y una de política monetaria, por su incidencia en el precio de las acciones. El ahorro adicional que asegure una pensión mayor a la actual es responsabilidad de cada uno. Modificar cualquiera de las condiciones supone un cambio en la normativa, competitividad y apertura del mercado. Si prefiere, una reforma al sistema de pensiones.

Las AFP

por: Alejandro Maureira

Las AFP gestionan fondos equivalentes al 80% del PIB, del cual sólo un 16% puede salir del país. Es decir, un monto de dinero equivalente al 64% del PIB está encerrado, obligado a invertirse en muchas de las empresas que desaprobamos, lo que explicaría la baja rentabilidad y competitividad del mercado de capitales.

La incidencia de las AFP en la economía es alarmante. Cuando ajustaron su participación en Falabella su acción cayó un 5,45%, sólo por nombrar un ejemplo de la falta de competitiva en el mercado de inversiones. Un aumento del porcentaje que pueden llevar fuera de Chile replicaría este efecto, haciendo que la bolsa en completo cayera, creando un crash financiero y demostrando que parte del valor bursátil se debe a la normativa vigente en relación con a las AFP.

La génesis de las AFP fue suplir la función social del Estado de cuidar, financieramente, a los pensionados. Por ende, debemos reconocer que toda su legislación, normativa y supervisión se basa en su función social y no en la rentabilidad.

Su bajo rendimiento se puede justificar, hasta cierto punto, por su función social. Aun así, sus comisiones plantean demasiadas dudas. Cada mes, descuentan un 10% de sueldo bruto para entregarlo a las AFP, el que está sujeto a una comisión (la menor en el último mes fue de un 1,14% y la mayor 2,36%) que se suma al descuento que le hacen. Es decir, este es del 11,4% o un 12,4% de su sueldo bruto, dependiendo de la AFP que elija y que no se relaciona, en lo absoluto, con la rentabilidad que estas logren. Si usted está en el tramo del máximo imponible -de 1,5 millones mensuales- en un año ha pagado, en comisiones, 205 mil pesos -o 425 en el peor de los casos este año-, aunque la rentabilidad de su pensión sea negativa.

Un bono del Estado a 10 años, en pesos y libre de riesgo, renta un 6,9% real por cada año. La rentabilidad de las AFP en nueve años fue de un 8,6% para fondo C, el más rentable (A, 6,7%; B 5,6%; E, 4,8% y D, 4,7%), es decir, las AFP no justifican el riesgo y la rentabilidad que obtienen. Aun así, debemos recordar que estas tienen la función social de evitar al Estado costos a futuro, dejándonos a cada uno la responsabilidad de velar por una pensión mayor, a través del ahorro e inversiones personales.

Las AFP quieren aumentar el monto del cotizante, argumentando el envejecimiento de la población. Las cifras del INE dan cuenta de que en el año 2015 el 85% de la población serán trabajadores activos, y para el 2020 un 83%, lo que nos entrega una tasa de envejecimiento del 2% por cada cinco años. Concluya usted.

Estas instituciones tienen una función social y una de política monetaria, por su incidencia en el precio de las acciones. El ahorro adicional que asegure una pensión mayor a la actual es responsabilidad de cada uno. Modificar cualquiera de las condiciones supone un cambio en la normativa, competitividad y apertura del mercado. Si prefiere, una reforma al sistema de pensiones.

¿Son Confiables Las AFP?

Caso La Polar: Las AFP en su laberinto

¿Victimas o responsables?

El escándalo de La Polar dejo a las AFP en una incómoda posición. La multitienda era la única empresa en bolsa que no tenia controlador y las AFP en conjunto eran su mayor accionista, con cerca del 25% de la propiedad. Ahora se cuestiona su rol como inversionistas, la relevancia que alcanzan en el mercado y los criterios que aplican para destinar los recursos de los afiliados. A su favor, juega una historica rentabilidad.

Por Fernando Vega y Antonieta de la Fuente.

Son el peso pesado del mercado local. Mueven 150 mil millones de dólares, cerca del 75% del PIB del país, y su poder en el mundo de las inversiones chileno es indiscutido. 

En sus 30 años de operación, las administradoras de fondos de pensiones han sido el motor del financiamiento de los principales proyectos de las compañías locales. Gracias a ellas, Chile cuenta hoy con un mercado profundo, donde es posible que las empresas tengan capacidad para captar recursos sobre 1.000 millones de dólares en un solo semestre. Y su rentabilidad, que supera el 1.200% desde su creación, avala ese buen funcionamiento.

Sin embargo, no todo son cuentas alegres. La celebración de su trigésimo aniversario se ha visto algo empañada por el escándalo de La Polar. 

Las administradoras, que poseían en conjunto cerca del 25% de las acciones de la multitienda y que además eran las principales tenedoras de bonos del retailer, están en una incómoda posición: se transformaron al mismo tiempo en las mayores víctimas, pero también hay quienes las responsabilizan por las pérdidas asumidas en sus fondos por el efecto Polar.

La batahola generada le ha jugado en contra al sistema. Porque ahora todos se preguntan cómo las administradoras que manejan las platas de las pensiones de todos los chilenos pudieron equivocarse tanto. Y cómo siguen apostando recursos en el salvataje de una empresa que ni siquiera cuenta con estados financieros confiables. Como consecuencia, vuelven a ponerse sobre la mesa antiguos debates que cuestionan si el amplio poder inversor de estos actores en el mercado chileno no terminará siendo un arma de doble filo.

¿Vivimos en una burbuja bursátil?

Más de US$ 75 mil millones mueven las AFP en un mercado local caracterizado por su limitada profundidad.

Lo advirtió el Banco Central a fines del año pasado y se ganó la animadversión de varios: la bolsa chilena está sobrevalorada, planteó en un informe, lo que provocó una caída en el precio de las acciones y la inmediata reacción de agentes del mercado que criticaron que el ente monetario saliera a intervenir a la bolsa.

Pero las voces de alerta continuaron y en mayo pasado fue el turno del FMI. En su reporte Perspectivas Económicas para las Américas, dijo que el precio de los títulos en la región estaban sobre los niveles de tendencia y advirtió que en el caso de Chile los las valoraciones eran excesivas. El organismo argumentó que “los ratios precio-utilidad se sitúan bastante por encima de los promedios históricos y de los niveles observados en otros mercados emergentes”. 

No es una discusión nueva. Es más bien un debate que viene desde hace varios años, que apunta a que la bolsa chilena estaría “inflada” y que sindica como una de las principales responsables de este efecto a las AFP. Actualmente el límite de inversión de éstas en el extranjero es 80%, pero en la práctica las administradoras invierten cerca del 45% en el exterior. Es decir, más de 75 mil millones de dólares se mueven en el mercado local en diferentes tipos de instrumentos.

Según un agente bursátil, una evidencia del enorme peso de las AFP es lo desacoplado que actúa el mercado bursátil local respecto de las demás plazas mundiales. “El IPSA no necesariamente cae cuando lo hacen todos los mercados del mundo, y eso es por el efecto que las AFP tienen en los precios”, afirma. 

No pasa lo mismo, por ejemplo, en el mercado brasileño, donde los fondos extranjeros tienen una participación importante.

Para un ex ejecutivo de AFP, esto se debe a que cuando una administradora decide invertir en una acción y ésta cae, se transforma en un título atractivo y, a la vez, debe sostener su precio para que no afecte a su rentabilidad. “En la medida en que baje lo suficiente no se necesita que llegue a precios de liquidación importante para salir a comprar, porque la decisión de invertir en la compañía ya está hecha y no la van a botar”, señala.

No obstante, en el mercado coinciden en que hay factores más fundamentales que mantienen a las acciones chilenas en un rango alto de precios y que alejan el fantasma de una burbuja. “Las bajas tasas del mercado local, la mejor clasificación de riesgo respecto de otros países de la región y el hecho de tener compañías basadas en Chile pero con crecimientos regionales importantes juegan a favor de un alza en el precio de las acciones”, comenta un ejecutivo de la bolsa.

Síndrome Hotel California

“Puedes entrar, pero nunca puedes salir”, canta The Eagles. Las AFP lo saben: liquidar posiciones bursátiles puede ser muy costoso.

Puedes entrar, pero nunca puedes salir.

Lo canta The Eagles, en Hotel California y lo viven las AFP a diario en la plaza bursátil. La analogía, acuñada por el gerente de inversiones de Provida, Joaquín Cortés, es una realidad en el sistema de AFP. Su poder como inversionistas es tan grande que no hay compradores suficientes para hacerles contrapeso. 

Por eso, es muy difícil que logren salir de una posición sin botar el precio al piso. “Si una AFP quiere hacer un rescate de 200 millones de dólares de un fondo internacional, puede tenerlo al día siguiente en su cuenta corriente; si quiere rescatar esa plata en la plaza chilena, corre el riesgo de generar un descalabro bursátil”, ejemplifica un cercano a la industria.

Como consecuencia, agrega un analista, no les conviene liquidar sus posiciones acá, porque arriesgan caídas importantes en su rentabilidad, considerando que cerca del 15% del total de fondos que mueven las administradoras está invertido acciones de empresas locales.

Esto supone, como reconoció Cortés en marzo pasado, que el “síndrome Hotel California” de alguna manera pesa en el manejo de las carteras. Lo mismo planteó hace un tiempo el director ejecutivo de Blackrock Chile, Axel Christensen. 

Según él, la única salida para las AFP es dejar de comprar acciones locales y diluir, con el tiempo, su exposición en ese mercado. Pero advierte que “dado el volumen más bien fuerte de salidas a bolsa y ofertas públicas secundarias este año, las AFP se enfrentan al dilema del prisionero: si no compran una acción, pero otros sí la adquieren y la acción sube, entonces su desempeño se ve perjudicado”.

Para AFP Capital, sin embargo, no existiría esta cautividad. Explica que las AFP representan sólo el 5,3% del total transado en el mercado local, de acuerdo a los movimientos netos del sistema informados por la Superintendencia de Pensiones durante el año 2011, y que el porcentaje que tienen en las compañías en las que invierten en promedio no supera el 8%. Agrega que es “consenso entre las corredoras la pérdida de relevancia que las AFP hemos tenido durante los últimos años, tanto por el ingreso de inversionistas internacionales como por la profundización de un mercado local retail”.

Otros actores de la industria ven la condición California, como una consecuencia de los bajos límites de inversión que afectaron a la industria hasta el año 2008, cuando el Congreso flexibilizó la norma, lo que permitió ampliar las inversiones en el extranjero. 

Sin embargo, explica un ejecutivo de una AFP, esta situación ha ido cambiando gradualmente. “Como el sistema sigue creciendo y año a año entran más cotizantes de, los que salen, esos flujos se están invirtiendo afuera, de manera de con el tiempo, ir equilibrando los porcentajes”, afirma.

¿Responsabilidades de AFPs?
Por Paul Fontaine, director ejecutivo SWB

En términos simples, el problema de La Polar (LP ) fue un mal manejo gerencial de la empresa focalizado en el otorgamiento de créditos a destajo a clientes sin capacidad de pago, que fueron reprogramados unilateralmente a tasas y gastos desmedidos. 

Estos “ingresos” o activos se reflejaron como buenos en los estados financieros, ocultando la real situación de su cartera de créditos y de la salud de la empresa en general. Esto benefició a los gerentes y directores, que pudieron pagarse suculentos bonos por desempeño. Adicionalmente, algunos inescrupulosos vendieron acciones a precios inflados en el mercado, aprovechando la asimetría de información que poseían.

Las AFP, como inversionistas de La Polar, fallaron en 2 aspectos:

1. Fallaron en la elección de directores. La formalización de cargos por parte de la SVS a los directores elegidos con los votos de las AFP por infracción a la ley de valores por no haber desempeñado de manera diligente sus funciones, lo ratifica. Pareciera que estos directores no dedicaron el tiempo debido a sus funciones, ni tenían los conocimientos específicos requeridos.

2. La segunda falla fue no tomar acciones enérgicas cuando advirtieron en el primer semestre de 2010 que existían problemas en la cartera de créditos de la empresa. Debieron haber llamado inmediatamente a una junta extraordinaria de accionistas, pedir renovación completa del directorio y comenzar su desinversión en bonos y acciones. Tampoco debieron participar en la compra de los bonos colocados en noviembre de 2010. Los índices básicos de gestión de la empresa -como EBIT - DA y cartera promedio- eran malos y seguían una tendencia negativa desde 2009. El directorio que aprobó la FECU de marzo 2011, y el que luego colocó 60 mil millones de pesos en efectos de comercio una semana antes de la debacle, fue negligente en grado extremo. Claramente deberán reembolsar las pérdidas sufridas por los accionistas y tenedores de bonos con sus patrimonios.

Llama la atención que las AFP y fondos mutuos no hayan detectado los evidentes problemas de La Polar que se inferían de las FECU del año 2010 y de marzo 2011.

 Estos antecedentes apuntan a que las AFP deben restituir a los fondos de pensiones que administran las pérdidas incurridas por las inversiones en bonos y acciones de La Polar. El fundamento para estas indemnizaciones está en el DL 3500, que lo señala explícitamente cuando se comprueba culpa leve a las AFP en la gestión de inversiones.
Las AFP deben invertir en instrumentos de renta variable y fija, ya que son remuneradas para ello. El hecho de que deban indemnizar cuando manejan en forma negligente los fondos es parte de la ley. 

La superintendencia de AFP tiene el mandato de hacer cumplir la ley y defender a los afilados. No hacerlo es entender mal su labor y debilitaría el sistema de pensiones. José Piñera fue visionario al incluir este artículo indemnizatorio en el DL 3500. Le dará larga vida al sistema.

Movimientos de manada

Inversiones similares, movimientos en conjunto. Pero si una AFP se sale del rango, la eventual pérdida de rentabilidad le será castigada.
“No tener acciones de La Polar era una decisión difícil. En la medida en que el resto de las AFP tuviera esa acción y el precio subiera, era riesgoso no tener esa rentabilidad en la cartera y, comercialmente podría haber sido complicado”. La frase viene de un ex hombre fuerte de la industria de las AFP. Y es una realidad que todo el mercado conoce.
Las administradoras de fondos de pensiones se mueven en masa para asegurar que sus rendimientos no se ubiquen muy lejos de sus demás competidores. Si una de ellas va a una colocación, lo más seguro es que las demás las sigan y, al analizar sus portafolios, queda claro que todas tienen posiciones similares en los activos que invierten.

Esta forma de actuar ha sido criticada en varias oportunidades, porque según algunos no permite un sistema competitivo y sano y transforma a las AFP en una especie de cartel que puede determinar el éxito o fracaso de una colocación y llegar a determinar el valor de un activo determinado.

Con el descalabro de La Polar, el efecto manada vuelve a estar en cuestión. ¿Cómo es posible que todas hayan invertido en una empresa cuyo modelo de negocio –prestar al C3 y D– era evidentemente riesgoso?
Las AFP se defienden diciendo que no tienen alternativa. La regulación de rentabilidad mínima fortalece este efecto. Se trata de una norma que castiga a la administradora que obtenga una rentabilidad mucho menor al promedio del sistema. Esto quiere decir que si un mes una AFP se desmarca mucho de las demás y su rendimiento cae, debe cubrir esa diferencia con su propio patrimonio.

Al respecto, Carlos Maqueira, decano de la facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás, propone que en vez de realizar la comparación de rentabilidad con el resto del sistema, se tome como referencia a los fondos mutuos, fondos de inversión o fondos de las compañías de seguros.

Pero el efecto manada no es sólo visto como algo negativo. Para algunos se trata de una especie de “seguro” que certifica que la industria está actuando bien, sobre todo teniendo en cuenta las altas rentabilidades acumuladas desde que partió el sistema. “Es natural que equipos compuestos por ejecutivos de similar educación y experiencia y con acceso a la misma información pública tiendan a tomar decisiones de inversiones con cierto grado de alineamiento”, comentan en AFP Capital.

Conflicto en ciernes

Tenedor de bonos y accionista a la vez. ¿Qué rol priorizar cuando un activo se vuelve complicado?

Las AFP, además de ser los principales accionistas de La Polar, son también sus mayores tenedores de bonos: poseen sobre el 60% de toda la deuda emitida por el retailer, equivalente a US$ 376 millones

Y es justamente ese doble rol el que hoy tiene a las administradoras en una encrucijada. Como accionistas, la presión los lleva a preocuparse por viabilizar la empresa a futuro, actuando –entre otras cosas– para evitar que se ejecuten los covenants de los instrumentos de deuda, mientras que como tenedores de bonos el ideal es que la multitienda responda con sus obligaciones financieras sin demoras ni flexibilizaciones.

No es la primera vez que las AFP enfrentan esta disyuntiva. Ya lo vivieron hace algunos años cuando, como tenedores de bonos de Madeco, debieron negociar las cláusulas de pago, al mismo tiempo que tenían acciones de la compañía. El economista de la Universidad Andrés Bello Alejandro Maureira sostiene que, en este caso, la decisión de las AFP de salvar a la compañía supone un conflicto de intereses. “En el peor de los escenarios la quiebra de La Polar hubiese cambiado la estructura del retail y, sin duda, su legislación, afectando por ende a todas las inversiones que tienen las AFP en renta fija y variable. De lo anterior se concluye en que no se salvó a La Polar, sino al sistema”, sostiene.

Sin embargo, desde AFP Capital, entidad que no tenía bonos de la firma y se desprendió de las acciones, afirman que “la situación en que se encuentra La Polar involucra la entrega de información falsa al mercado. Así, al caer el valor de la compañía y acercarse al valor de la deuda –es decir, al valer la compañía más o menos lo mismo que debe– se genera una situación clara de conflicto de interés entre acreedores y accionistas. Mientras los primeros van a ejercer mucha cautela y sólo aspiran a recuperar lo prestado, los segundos ya perdieron prácticamente todo lo invertido y, consistente con alguien que ya poco tiene que perder, son menos adversos a los riesgos que quiera tomar la compañía”, explicitan.

Otros actores de la industria dicen que todo radica en cómo resolver este conflicto. Una propuesta es que, por ejemplo, existan portfolio managers que estén a cargo de los diferentes fondos y sean ellos los encargados de velar por que se maximice el valor de cada uno.

A raíz de ello, ya surgen voces de mayores regulaciones. Una de ellas es la que evalúa el diputado Felipe Harboe junto a otros legisladores: que las AFP no puedan invertir en acciones y bonos de una misma empresa a la vez.

¿Tienen derecho a equivocarse?

El historial de inversiones de las AFP las ubica en un sitial de excelencia, pero casos como La Polar llevan a algunos a pedir nuevas regulaciones.

Que las AFP equivocaron la decisión al invertir en La Polar y que deberían restituir las pérdidas ocasionadas a los fondos de pensiones con su propio patrimonio son algunas de las soluciones que se escuchan en los noticiarios y se leen en los diarios por estos días.

Los cuestionamientos han escalado: el hecho de que no se sepa cuándo estarán los estados financieros de la empresa auditados está generando ruidos sobre si efectivamente habrá o no rescate.
Y sin ir más lejos, hace algunas semanas los diputados Felipe Harboe y Jorge Burgos enviaron una nota a la Superintendencia de Pensiones pidiéndole que se manifestara por la aprobación del aumento de capital de la multitienda por 210 millones de dólares en el que participaron las AFP. “Pensamos que podría haber una ilegalidad si invierten en una empresa cuya contabilidad no es objetiva y cuya rentabilidad futura es cuestionable. No queremos que La Polar quiebre, pero queremos es establecer la diferencia entre un inversionista institucional común y las AFP, que manejan las pensiones de todos los chilenos”, explica Harboe.

La industria no lo ve así. “Son las reglas del juego”, se defienden. “La única forma de obtener rentabilidades más altas es tener más riesgos y diversificar y por algo el sistema provisional chileno tiene cinco fondos, donde el A permite un nivel de riesgo mayor y es un error juzgar el comportamiento de una AFP por el desempeño de un activo en particular. Hay que mirar el portafolio completo”, afirman. Respecto al aumento de capital, explican que aun cuando las AFP votaron a favor, podrían no suscribirlo en el caso de que sus departamentos de inversiones así lo estimaran.

Y no faltan los que apuestan por que las AFP no concurrirán, aunque otros dicen que eso sería un error. “Si tengo un paciente en la UTI para operarlo de urgencia, lo ideal sería poder tener una junta médica con los mejores especialistas y un análisis exhaustivo de todos los escenarios y posibles resoluciones, pero en el intertanto en que recojo esa información, es posible que el paciente muera. Lo mismo puede pasar con La Polar”, afirma un alto ejecutivo de la industria.

No es primera vez que las administradoras provisionales son cuestionadas por sus inversiones. Un ejemplo fue lo sucedido con la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers, del cual algunas AFP tenían bonos. También se menciona, por ejemplo, a la industria salmonera, que aún no muestra signos claros de reactivación y con rentabilidades en algunos casos negativas.

Y la pregunta vuelve a surgir. ¿Cómo es posible que equipos formados por graduados de las mejores escuelas de negocios del país no fueran capaces de advertir la situación real de la compañía? Los departamentos de las AFP cuentan en su mayoría con profesionales certificados con CFA, que es uno de diplomas financieros más exigentes a nivel mundial. En todas las gestoras existen manuales de inversión, que definen dónde y cómo poner los recursos de los afiliados de acuerdo con las pautas establecidas por la superintendencia de Pensiones.

El tamaño de los equipos varía por AFP, pero en promedio lo componen entre 12 y 22 profesionales, liderados por un gerente de inversiones que debe reportar a la gerencia general, un comité y también al directorio.

Mi director, pero nunca tanto

Las administradoras votan por sus representantes en las empresas, pero luego pierden contacto, porque los directores velan por los intereses de todos los accionistas. La responsabilidad de los directores de las compañías elegidos con los votos de las AFP es uno de los debates que resucitó con la caída de La Polar.
De éstos se espera una especial diligencia en la defensa de los recursos de los trabajadores pero, según la ley, representan a todos los accionistas y no sólo a quienes le dieron el respaldo en la junta.

Desde que a mediados de los 80 las AFP fueron autorizadas a invertir en acciones, el rol de los directores ha sido profusamente discutido. En la década pasada incluso se creó una “bolsa” especial con nombres de expertos y a ellos se les ha encargado la promoción de buenas prácticas de gobiernos corporativos y respeto por los accionistas.

“Es absolutamente necesario un cambio. El caso de La Polar es un ejemplo particular de la falla de los directores. Se debe acotar el número de directorios en que una misma persona puede estar presente. Esto, como regla general, pues es imposible que una persona pueda hacer bien su trabajo de monitoreo sobre la administración de la empresa cuando tiene más de 3 directorios y a su vez desempeña otras actividades empresariales”, dice el decano de la Facultad de Administración de la Universidad Santo Tomás, Carlos Maquieira.

Rafael Romero, profesor-investigador de la facultad de Economía y Negocios de la UDD, sostiene que “debería establecerse al interior de las AFP una entidad evaluadora de riesgos, la cual periódicamente debiera recibir todas las informaciones que reporte el (los) director(es) que las representa, además de la información pública disponible”, y añade que se debería exigir a los directores apoyados por las AFP, periódicamente, una rendición de cuentas.

Otra de las propuestas que actualmente se discute en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es que los directores elegidos por las AFP deban acogerse a la Ley de Transparencia.

¿Quiero un controlador?

Teóricos y prácticos decían que los minoritarios debían preferir empresas con propiedad diluida. Ahora todos opinan lo contrario. ¿En qué quedamos?

En los últimos años se instaló la premisa de que para los accionistas minoritarios era más conveniente invertir en empresas con propiedad diluida. Las AFP, la literatura académica y los analistas coincidían en que había que arrancar de controladores fuertes. Por temor a abusos y a los conflictos con minoritarios.

En marzo, la superintendencia de Pensiones redujo la participación que las instituciones previsionales podían tener en empresas donde un controlador detentara más del 65% de las acciones. Ello las obligó a desinvertir en empresas como Falabella.

En el caso de La Polar, donde las AFP llegaron a ser las principales accionistas, se especulaba que al no tener esta firma un controlador definido las entidades provisionales tendrían mayores posibilidades de influir en la administración. Pero eso tampoco fue así.

Maquiera, de la UST, dice que “si no hay un controlador entonces claramente debería bajar la clasificación de riesgo. Como eso no ocurre en forma tan efectiva, entonces se debe tener el cuidado de que el presidente del directorio no sea el gerente general”, mientras que Andrés Blake, decano de Negocios de la Universidad del Pacífico, añade que lo relevante, más que el poder accionarial, son la calidad de gobierno corporativo, la ética y la responsabilidad de la empresa.

Un director elegido por las AFP sostiene que las gestoras tienen definido por ley un rol muy pasivo en las compañías y que lo han cumplido de manera responsable. En AFP Capital agregan que el director “debe ser una contraparte válida no sólo de la administración sino del resto del directorio y, en especial, del presidente del directorio, figura que muchas veces es demasiado desequilibrante en la toma de decisiones”. Sin embargo ejecutivos del sistema, directores y analistas coinciden en que lo más relevante es que en el directorio la gerencia general tienen contrapesos relevantes.

Un ex actor de la industria señala que la ventaja de tener un controlador es que “permite identificar el carácter, la moral de riesgo y la trayectoria del negocio” con mayor seguridad. Sin embargo, admite que lo mejor es que este accionista posea alrededor del 55% de los votos y no más, de manera de garantizar la liquidez de la acción.

Las murallas chinas

La posibilidad de que un mismo grupo controle bancos y AFP vuelve a generar discusión.

La discusión de si un mismo conglomerado puede ser dueño de una AFP regresó en gloria y majestad con el caso de La Polar. El que fuera uno de los temas más polémicos de la reforma previsional vuelve a instalarse y quienes votaron en contra de esa indicación, férreamente defendida por los bancos, hoy respiran aliviados. ¿Qué información tenían los principales bancos acreedores de la situación financiera de La Polar, y con qué datos contaban los agentes que colocaron deuda de la multitienda en el mercado en los últimos meses?
La anterior colocación de un bono de La Polar, asesorada por BBVA, le puso leña a la discusión. Porque, al igual que otras AFP, la deuda fue tomada en parte por su relacionada Provida. La ley establece que aunque las dos empresas pertenezcan al mismo grupo, debe funcionar entre ellas la llamada “muralla china”; es decir, no pueden compartir información.

“Creo que hay un tremendo conflicto de interés en que un administrador de fondos de terceros y un administrador de fondos propios pertenezcan a un mismo grupo económico. Es algo que debería cambiar”, dice un actor de la industria.

Gobiernos corporativos y rol de las AFP

Julio Bustamante, ex superintendente de AFP

Lo ocurrido en La Polar, considerando recientes resoluciones de las autoridades y antecedentes públicos del caso, ha demostrado que las Administradoras de Fondos de Pensiones, en esta empresa, no han estado a la altura de lo esperado en al menos dos aspectos de gran relevancia: no han contribuido a generar buenos gobiernos corporativos ni han realizado, acuciosamente, la labor de análisis y estudio prolijo de la realidad financiera y contable de la empresa en la cual tenían invertidos recursos relevantes de los fondos de pensiones.

Como se sabe, con las cotizaciones de los afiliados se adquieren activos que son de propiedad de los fondos de pensiones. Esos activos, cuando se trata de acciones, dan “derechos políticos” que implican la participación en la administración de la compañía. En este caso, en los directorios.

En La Polar, la percepción general es que fallaron, entre otros, sus directores. Esto es, su gobierno corporativo. Las AFP -que administran recursos de terceros, y que son mandatarios remunerados, dado que sus cotizantes les pagan una comisión para que administren bien sus recursos, que tienen un objeto único, esto es administrar fondos de pensiones- aparentemente no contribuyeron a generar un buen gobierno en la empresa al elegir a los directores que les correspondían; los que, reconocemos, después lo pasan a ser de toda la compañía.

La complejidad de los negocios actuales y la realidad de las empresas modernas nos indican que los directores deben ser personas que le dediquen tiempo, esfuerzos y trabajo a la empresa en la cual han sido designados.
No basta con estar inscrito en un registro o mostrar un nutrido currículo académico o laboral. Eso nada asegura sobre el desempeño futuro del director. Se necesita saber cuánto tiempo le van a dedicar a la función para la cual serán elegidos, cuánto de sus energías y esfuerzos se destinarán a la compañía, cuál es y serán su conocimiento y su aporte al negocio de la empresa. En términos claros, si se dedicará o no a la sociedad.

Nuestro país tuvo un cambio notable a partir de la creación del sistema de pensiones. El mercado de capitales en Chile tiene un antes y un después. Las AFP han sido decisivas en el desarrollo del mercado de valores y en la generación de un mercado informado, transparente y competitivo.
Ahora les corresponde ser pioneras en el desarrollo de gobiernos corporativos de verdad en las empresas de nuestro país; sobre todo, cuando hay compañías que están emitiendo títulos a 30 años donde, por ejemplo, el mercado debiera conocer la opinión de los directores sobre aspectos tan relevantes como el futuro de la actividad y del modelo del negocio y el impacto de los avances tecnológicos, entre otros, dado que, en cortos periodos vivimos cambios radicales.

Las empresas no necesitan “directores taxis”. Necesitan “directores profesionales”, que se dediquen efectivamente a ellas, dándoles todo el tiempo y esfuerzos que se requiere asumiendo también toda la responsabilidad que corresponde por el buen manejo de la compañía.

Para lograr lo anterior, desde ya las AFP deberían fomentar nuevas prácticas, tales como elegir directores con conocimiento de la industria o mercado especifico de la empresa y compromiso de tiempo efectivo que le dedicarán a la compañía; que una persona no tenga más de un directorio logrado con votos de las AFP; que no se elijan directores que antes fueron votados por los controladores o que hayan sido ex ejecutivos de la empresa que después pasan a ser directores con votos de AFP, y que tengan una cartera de directorios razonable y concordante al tiempo comprometido a dedicarle.

Se ha insinuado que establecer mayores exigencias a los directores, incluso con responsabilidades patrimoniales fuertes, podría alejar a algunos buenos profesionales. Creo que si hay personas que no están dispuestas ni tienen el tiempo para efectivamente dedicarse a la empresa, es mejor que den un paso al lado y se elija a directores profesionales que sabiendo el trabajo que están desarrollando, están dispuestos a asumir también sus responsabilidades. 

A generar este nuevo perfil de directores deben contribuir las AFP. Dudas y propuestas sobre el sistema.

Ricardo Solari,
Ex ministro del Trabajo

Antes del escándalo de la empresa de retail, en el área de las AFP la cosa se veía tranquila. La reforma previsional efectuada en el gobierno de Michelle Bachelet había cerrado el debate sobre la legitimidad del sistema de capitalización individual instalado en plena dictadura en 1981. La complementación del ahorro individual con potentes componentes solidarios, vía aportes estatales, para enterar pensiones bajas u otorgárselas a quienes nunca cotizaron, fue la conclusión de un amplio y participativo debate. Pero el tema se ha reabierto a propósito de La Polar.

La alta exposición en acciones y una activa participación en el financiamiento de bonos y efectos de comercio, que totalizaban más de 700 millones de dólares en mayo de este año, les dan fundamentos a los críticos que desde distintas visiones tienen cuestionamientos al estatus actual. Para empezar, porque los directores designados por las administradoras -como todo el resto- no hicieron aparentemente la pega. Se podrá alegar que fueron engañados, pero la pérdida de valor para los Fondos de Pensiones ya está materializada y consignada en las cuentas individuales. Se cuestiona, además, que la información entregada a los afiliados ha sido poca y difícil de entender y concentrada en dos aspectos: minimizar lo ocurrido y salvar la responsabilidad propia.

A partir de un caso que ha sido calificado por algunos como una estafa atípica en la realidad nacional, pero que para otros es evidencia de una falla estructural en la industria financiera del país, se reabre la discusión sobre el sistema, ahora más acotada pero no menos profunda. Adicionalmente, la actual vigencia del esquema de multifondos, importante perfeccionamiento establecido en el año 2002, ha planteado nuevos e insospechados dilemas.

Es evidente que hay un conflicto de interés cuando un administrador de fondos de terceros les compra a unos acciones y a otros bonos de la misma empresa, cuestión que no siempre está alineada en los beneficios, perjuicios o riesgos que provee a unos y a otros. La misma administradora puede surtir de capital a una empresa de la cual es accionista relevante. ¿Y quién hace el arbitraje entre esos dos contrapuestos intereses? ¿Y si el negocio es malo, cómo salir? ¿Quién se beneficia y quién pierde por el apalancamiento de malos negocios?

Fuera de eso, el banco propietario de una AFP puede ser proveedor de crédito de la misma empresa que se financia por la vía de la compra de acciones o de los bonos que adquiere su administradora con los fondos de todos los pensionados.
Asumiendo que las murallas chinas entre banco y administradora operaron, resta decir que importantes vacíos legales se han puesto de manifiesto en la realidad de un mercado pequeño y de muy pocos actores.

En este cuadro, nuevas y viejas propuestas de cambio se ponen sobre la mesa. Se reflota la idea de la AFP estatal, acordada por la Concertación en el protocolo que hizo posible el avance de la reforma previsional, pero jamás presentada al debate legislativo por el gobierno pasado. La propuesta no debería descartarse por prejuicios ideológicos, sino que discutirse en su propio mérito. Y es que tiene fortalezas respecto de la fe pública en el sistema y eventualmente de la competencia para conseguir menores comisiones, pero presenta debilidades en la cuestión específica de la administración de fondos, por el conflicto de interés entre los beneficios de corto y largo plazo del fisco y los de los potenciales pensionados individuales, como ya ocurrió en el pasado.

En otro enfoque, se plantea separar la recaudación y administración de las cuentas individuales, más eficientes y baratas en esquemas de gran escala, respecto de la administración de los fondos, la que requiere una orientación más intensiva en conocimiento profundo de los mercados de inversión, tarea de naturaleza y costos muy distintos de la primera. Otro aspecto cuestionado es la desconexión entre la calidad de la gestión de la cartera y la comisión cobrada. Pierde el afiliado, pero no la administradora. Y bajo la exigencia de ahorro obligatorio y de comisiones tan parecidas, esto es particularmente dramático, pues no hay cómo castigar el mal desempeño.

Urge también discutir los límites y los instrumentos disponibles como destino de los fondos, en Chile y en el exterior, porque éstos ya alcanzan la cifra de 140.000 millones de dólares. Porque con las actuales exigencias de inversión en el mercado local versus el resto del mundo, se seguirán inflando las mismas acciones hasta el infinito, con el riesgo de que se arme una peligrosa burbuja y generando una insospechada intervención que agudice la curva regresiva en la distribución de los ingresos.

También se escucha la exigencia de una supervisión de otro tipo. La idea es que la coexistencia actual de superintendencias especializadas (Bancos, Valores, Pensiones) sea substituida por un nuevo modelo integral, más coherente con la diversificación de los productos financieros y la sofisticación de los mismos.
De igual manera, el estilo de supervisión debería ser intencionalmente proactivo y disponer de más atribuciones para meter mano y no limitarse a una actuación episódica ni reactiva. A la autoridad le corresponde asumir que se requieren cambios. Total, estamos hablando de 2 tercios del PIB del país y de los ingresos de las futuras generaciones de chilenos pasivos.
Las AFP y su rol como inversionistas

Juan Ariztía, ex superintendente de AFP

El rol de las AFP en el mercado de capitales fue concebido como el de inversionistas inteligentes pero pasivos en cuanto a lo que administración de empresas se refiere. El rol pasivo se desprende del pequeño porcentaje que cada AFP puede invertir en una empresa, como medida de diversificación y seguridad.

Existen, además, otras razones de peso para que las AFP desempeñen un papel de inversionistas pasivos y una de ellas es la concentración de poder que se produciría en pocas manos si se les permitiese tomar más participación en las empresas y con ello las controlaran.

Este rol de inversionistas pasivos impide a las AFP entrometerse en la marcha de las empresas y sólo pueden conocer aquello que es público para el éxito del Fondo. Los directores elegidos por las AFP representan a todos los accionistas y no pueden entregarles información privilegiada ni aceptar órdenes de sus electores.

Es decir, las AFP están en la misma situación en lo que a información se refiere que el resto del mercado, y dependen igual que éste de la información pública, de la transparencia general del mercado y de las normas sobre información de los emisores.

En 1985, cuando el mercado de capitales era incipiente, poco desarrollado y muy poco transparente, se creó la Comisión Clasificadora de Riesgos, entidad estatal que clasificó a todas las empresas emisoras de instrumentos y los instrumentos en circulación pública, de modo que las AFP supieran a qué atenerse sobre riesgos. Lo anterior ilustra el grado de dependencia que tienen las AFP de la calidad de la información pública disponible.

En el caso de La Polar es evidente que esta información era poco fidedigna y engañosa. Aparte de la responsabilidad de la empresa, debe preguntarse qué pasó con las auditorías, con la clasificación de riesgos y con las superintendencias encargadas de velar por lo anterior.

A estas últimas hay preguntarles cómo pueden haber dejado crecer un sistema financiero paralelo como el del retail, sin normas apropiadas, sin exigir información detallada de las carteras y clasificación de las mismas y sin haber hecho pública esta información a tiempo. Esta falencia es claramente responsabilidad del Estado.

La ausencia de información fidedigna explica en buena medida las pérdidas sufridas por las AFP en La Polar, confiadas en la información circulante de Fecus y balances.

Por otra parte, la ley de las AFP cautela la rentabilidad y seguridad, procurando que se obtenga la máxima rentabilidad de los ahorros en su conjunto para bien de los afiliados.
Esto se hace a través de diversos mecanismos, uno de los cuales exige a los fondos una rentabilidad mínima en relación a la obtenida por el conjunto, lo cual persigue castigar al menos eficiente, obligándolo a poner dinero de su propiedad (encaje) para suplir la diferencia en caso de producirse. Lo anterior apunta a que lo que debe exigirse a los administradores es el aumento del dinero ahorrado a la mayor tasa posible, lo que se ha logrado a través de competencia por rentabilidad. En el proceso de inversión en centenas de emisores en que participan los fondos, se producen inevitablemente pérdidas en algunos y eso es normal y va a ocurrir siempre si lo que se busca es maximizar la rentabilidad global.

Por el contrario si se pusiera como objetivo no tener ninguna pérdida, esto bajaría considerablemente la rentabilidad del conjunto, ya que obligaría a invertir sólo en instrumentos de máxima seguridad y, por lo tanto, de menor rentabilidad, lo que no conviene a los afiliados.

Sería, por lo tanto, un error grave que se concluyese en modificar los incentivos que hoy tienen las administradoras en cuanto a obtener máximas rentabilidades y se las encauzara más bien a evitar toda pérdida.

Peor aún sería si esto se hiciera a través de intimidar a los ejecutivos a cargo de las inversiones con juicios y demandas ante cualquier pérdida, ya que ello, además de bajar la rentabilidad, encarecería el costo de administrar con seguros y abogados, pagados por los afiliados.

Parece obvio que los problemas de La Polar no estuvieron en los inversionistas, de modo que no es allí donde corresponde actuar, sino en quienes, debiendo garantizar la transparencia y veracidad de la información pública, no lo hicieron.

Otro punto que se ha planteado es el de un aparente conflicto de interés entre el rol de tenedores de bonos y accionistas de las AFP en La Polar. En una empresa en peligro de cesación de pagos, todos los acreedores podrían tener un conflicto de interés con los restantes en cuanto a que los recursos no alcanzarían para pagar a todos y deben respetarse y hacer valer las prioridades legales.
No me parece que en esto haya ninguna novedad por haber AFP de por medio, las que tampoco tienen los mismos porcentajes de bonos y acciones, de modo que cada una tratará de defender lo mejor posible la posición del Fondo que representa.

CUT ACUSA DE FRAUDE

CUT ACUSA DE FRAUDE A EMPRESAS LA POLAR, BBVA Y PROVIDA POR TRIANGULACIÓN FINANCIERA

Según el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, este fraude dañó fuertemente las pensiones de los trabajadores afiliados a PROVIDA: “Esto dañará sus pensiones y por lo tanto sus aspiraciones al final de su etapa laboral” señaló el máximo líder de la organización.

Además agregó que “Aquí se ha centrado la atención en los clientes que han sido víctimas de la Polar, es bueno que así sea, pero también es necesario que las autoridades tomen acciones concretas sobre los efectos negativos que se generarán por la triangulación del BBVA, PROVIDA y La Polar, que jugaron con los fondos de pensiones de miles de trabajadores”

Por su parte el Abogado del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, Rubén Jerez, quién realizó el estudio que revela los posibles delitos de uso de información privilegiada, malversación de fondos de los trabajadores y colusión señaló que:

“De los estados financieros consolidados de La Polar a septiembre del año 2010, se descubre que la Polar mantenía una deuda con el Banco BBVA por 53 mil millones de pesos, de los que no pagó el 28 de agosto del mismo año 10 mil millones de pesos, con esto se desprende que el BBVA sabía de la insolvencia financiera de La Polar, pero no obstante promovió a través de la colocadora de valores BBVA el aumento de capitales por más de 100 mil millones para comprar “bonos basura” para salvar a La Polar y así poder pagarse su propia deuda, lo que queda demostrado en los estados financieros entregados en marzo del año 2011 en dónde la deuda baja en casi 38 mil millones de pesos con el Banco”

Para el abogado el milagro, como el lo calificó, se explica de la siguiente forma:

“Provida sabiendo que La Polar estaba en una situación de insolvencia, aumentó la compra en bonos basuras -bonos nacionales- de 66,2 a 127, 4 millones de dólares, dinero que fue utilizado por La Polar para pagar gran parte de deuda con el BBVA, propietario de la AFP Provida, entonces la pregunta es dónde se fueron esos fondos de pensiones utilizados por este Banco para realizar un millonario e inédito fraude”

Los representantes de la CUT exigieron que la Ministra del Trabajo tome cartas en el asunto y frene su silencio frente a este fraude. Además anunciaron acciones legales en contra de los gerentes y representantes legales de las cuatro empresas involucradas en este fraude. Banco BBVA, Colocadora de Valores BBBVA, La Polar y AFP Provida.

AFP 30 Años

Las tasas de cotización en el sistema AFP ya son suficientemente altas.
Lo que falta es una mayor eficiencia en el manejo de los recursos de los afiliados por las administradoras.
Allí , si se compara con las utilidades de la de otros sectores como la Banca parecieran ser administradores de otro planeta.
Las AFP usan el dinero de los afiliados y lo administran en forma ineficiente. Allí es a donde deben apuntar las compañías a una mayor eficiencia y o a pretender esquilmar a los trabajadores.
La marcha del sistema de pensiones
El sistema no marcha ni camina hacia una mejor justicia social con los que trabajan toda la vida para obtener una pensión digna en sus vejes que le permita no ser objeto de denigración social y la caridad familiar.
Un sistema que en promedio produce pensiones muy bajas que en su mayoría son de pobre sobrevivencia y en un alto porcentaje debe hacerse cargo el Estado con pensiones asistenciales, no es un sistema es un antisistema.

Debiera publicarse cuanto dinero debería tener en su cuenta un imponente para obtener una pensión DIGNA POR 15 AÑOS, es decir desde los 65 a los 80 años.

Pedir alargar la edad de jubilación es una aberración universal ¿en que País del Mundo se jubila a los 70 o 75 años .


El sistema actual es una bomba de tiempo, que empezara a reventar por allá por el 2020-2030, cuando la gente que ingresó obligadamente al sistema comience a jubilar...y le digan que con suerte le alcanza para la pensión mínima por digamos 5 años.
Los costos del sistema son altísimos para los afiliados y la perspectiva de rentabilidad es muy baja.
Lo justo sería que se prorratearan los aportes en los, digamos 40 años de trabajo.
¿O pretenden que la gente jubile a los 70?
¿Cómo podría un cargador jubilar a esa edad?
¿Uds se subirían a un bus conducido por un abuelito de 70?

Si en lugar de cotizar en una AFP por cada empleado, los empleadores le hubieran abrierto a cada empleado una cuenta de ahorro, se habría acumulado más dinero para cada jubilación.
La causa es que las AFPs cobran comisiones muy caras, gastan demasiado en publicidad y administran con poca eficacia los fondos recaudados. esto último requiere una aclaración: en realidad, los dueños de las AFPs prestan dinero barato a sus propias empresas, las que crecen así aceleradamente.
Sin duda, las AFPs generaron un enorme "ahorro interno" forzado, pero los beneficiados no han sido principalmente los trabajadores, sino los grandes grupos económicos que manejan en beneficio propio las AFPs.