CHILE: Salmón 3.0

A continuación un desglose detallado de las concesiones operando en áreas protegidas y el complejo escenario de las regulaciones y fiscalizaciones recientes en Chile.

1. Concesiones Salmoneras en Parques y Reservas Nacionales

La presencia de la industria en zonas de conservación de la Patagonia ha generado intensos catastros y batallas legales en el país: [1, 2]

El número en Parques Nacionales: Diferentes informes de organizaciones socioambientales detallan que existen 25 concesiones salmoneras activas ubicadas estrictamente dentro de tres Parques Nacionales en el extremo sur:
- Parque Nacional Alberto de Agostini (Magallanes): Concentra la gran mayoría, con concesiones ligadas principalmente a la empresa Nova Austral.
- Parque Nacional Isla Magdalena (Aysén): Cuenta con concesiones operadas por AquaChile.
- Parque Nacional Laguna San Rafael (Aysén): Alberga centros operados por la multinacional Cooke Aquaculture. [1, 3, 4, 5]
El universo en Reservas y Áreas Protegidas: Si ampliamos el foco a toda la categoría de áreas protegidas (que incluye Reservas Nacionales y Forestales), la cifra asciende drásticamente a más de 400 concesiones salmoneras. El caso más emblemático es la Reserva Nacional Kawésqar, que alberga al menos 60 centros de cultivo, provocando la resistencia de las comunidades indígenas ancestrales que acusan la desprotección de sus mares. [6, 7, 8]
El Acuerdo de Retirada Voluntaria: A fines de 2023, el gobierno chileno firmó un inédito acuerdo con AquaChile y Cooke Aquaculture para relocalizar voluntariamente 9 concesiones fuera de los parques Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O'Higgins. Sin embargo, la implementación de este plan ha avanzado de forma lenta e intrincada debido a disputas territoriales sobre a dónde mover las jaulas. [8, 9, 10, 11]

2. Últimas Regulaciones y el Escenario de Fiscalización

El marco jurídico chileno ha intentado responder a las presiones ambientales a través de normativas cada vez más estrictas, aunque la industria presiona por reactivar su crecimiento económico: [11, 12]

Ley SBAP y el Servicio de Biodiversidad: La entrada en vigor de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) marcó un hito. Aunque las salmoneras lograron frenar la prohibición absoluta e inmediata de sus concesiones vigentes en áreas protegidas durante la tramitación, la ley introdujo herramientas de conservación mucho más severas que limitan drásticamente futuras expansiones en estas zonas. [7, 8, 13]
Ley de Delitos Económicos y Ambientales: Con la reciente implementación de esta ley, las negligencias o alteraciones graves a los ecosistemas marinos (como ocultar información ambiental o contaminar deliberadamente) ahora conllevan responsabilidad penal y penas de cárcel efectiva para altos ejecutivos, elevando el estándar de cumplimiento corporativo en la acuicultura. [7]
Fiscalización de Escapes y Transparencia: Sigue vigente la ley de escapes que faculta a los pescadores artesanales para recapturar salmones exóticos que huyen de las jaulas, cobrando multas severas a las empresas que no transparenten sus cifras de densidad de cultivo o uso de antibióticos de manera inmediata. [12, 14]
El Giro Político Actual ("Micro-relocalizaciones"): El Congreso chileno despachó leyes enfocadas en la reconstrucción y reactivación económica que modificaron normativas para permitir las "micro-relocalizaciones" de concesiones. Esto busca facilitar que los centros de cultivo se desplacen distancias cortas hacia sectores adyacentes con mejores corrientes y condiciones sanitarias sin pasar por trámites burocráticos excesivos, una medida fuertemente criticada por ambientalistas que acusan que se está promoviendo el traslado de jaulas desde parques nacionales hacia reservas como la Kawésqar. [8, 15, 16, 17]
Crisis Judicial (El Caso Nova Austral): La tensión en fiscalización quedó en evidencia tras el escándalo de adulteración de información ambiental ("Salmon Leaks") de la empresa Nova Austral en el Parque Alberto de Agostini. La Corte Suprema ratificó la absolución en el plano penal de sus exejecutivos aduciendo falta de estándares de prueba, lo que generó un profundo malestar en las organizaciones civiles que catalogan este tipo de fallos como un precedente de impunidad ambiental en el sur austral. [3, 18]