¿Quién ordeña la vaca lechera?

por Manuel Riesco*

Todos los parámetros económicos presentan una elevada variabilidad, la cual es por lo general cíclica. La tasa de interés y las bolsas de valores, por ejemplo, que constituyen la base del sistema de AFP y de los mecanismos de capitalización en general, son las más variables de todas.

El que el sistema de pensiones chileno descanse exclusivamente en la capitalización constituye no sólo un problema para la mayoría de menores ingresos, quiénes no tienen capacidad de ahorro suficiente, y quedan por tanto al margen de la cobertura del sistema.

El mecanismo así concebido significa asimismo un serio problema para quiénes si tienen dicha capacidad de ahorro – es decir, para los asalariados de ingreso superior al promedio - , puesto que sus pensiones presentan un grado de incertidumbre inaceptable.

Además este mecanismo condena a las mujeres a pensiones inferiores a los hombres, puesto que jubilan antes y viven más, y deben por tanto sostener más años con el mismo fondo.

¿Cuál es entonces la fuente de financiamiento del mecanismo de reparto, que ha permitido a los principales países del mundo – incluido Chile hasta 1981 -, a lo largo de más de un siglo, garantizar a sus poblaciones pensiones definidas y crecientes al ritmo de los salarios, y a las mujeres condiciones similares a los hombres?

En contraste con la variabilidad de las pensiones que dependen de la capitalización, el mecanismo de reparto constituye la base principal de los sistemas de pensiones en todo el mundo, porque su base de recaudación es asimismo definida, y se asienta sobre las dos variables económicas más estables, y que son al mismo tiempo aquellas que crecen de manera más consistente: el número de trabajadores asalariados ocupados, y el nivel medio de salarios.

En Chile, el flujo de cotizaciones previsionales es muy sustantivo, más que suficiente para pagar pensiones equivalentes a las del INP, y crece constantemente a una tasa que duplica el crecimiento de los adultos mayores.

Dicho flujo se origina en los descuentos previsionales a los salarios y al 2005 totalizó 1.940.844 2 millones de pesos (1,9 billones), equivalentes a 3.500 millones de dólares.

Ha crecido de 859.253 millones (pesos 2005) en 1990, es decir, se ha multiplicado por 2.3 veces en quince años, lo que equivale a una tasa de crecimiento de 5.6% anual, en promedio.

El 10% destinado al fondo de pensiones, y que las AFP traspasan inmediatamente hacia los grupos económicos destinatarios, principalmente, el 2005 alcanzó a 1.578.141 millones de pesos.

A ello hay que agregar las comisiones que cobran las AFP y sus cías. de seguros coligadas, las que en el mismo año promediaron 2.3% de los salarios y sumaron 362.703 millones de pesos.

El costo total de las pensiones no asistenciales pagadas por el INP alcanza actualmente a poco más de 1.5 billones de pesos anuales, incluyendo los beneficios que reciben los pensionados, las sobrevivencias y los inválidos, además de algunas pensiones no contributivas, como reparaciones y otras.

Los descuentos previsionales actualmente destinados al fondo de pensiones podrían solventar perfectamente las pensiones públicas no asistenciales. Dichas pensiones cubren actualmente a tres de cada cuatro adultos mayores, aproximadamente, y su tasas de reemplazo promedio se acerca al 70% de los salarios medios.

En Chile los adultos mayores crecen a una tasa de largo plazo de apenas 2.6% anual, y en los últimos quince años dicho ritmo ha sido del orden de 3% anual.

A ese ritmo, se requieren 24 años para duplicar el número de adultos mayores, mientras las contribuciones salarias más que se duplicaron en quince años, como se ha visto. Es decir, la masa de descuentos a los trabajadores activos crece casi el doble de rápido que el número de trabajadores pasivos, aún manteniendo constante el porcentaje de descuento.

Las cifras mencionadas demuestran sin lugar a dudas la factibilidad y sustentabilidad del sistema de reparto como mecanismo de financiamiento de pensiones definidas.

Entre 1990 y 2005, los beneficios previsionales totales recibidos por los afiliados a las AFP han sumado 4.461.648 millones, mientras los bonos de reconocimiento traspasados por el fisco a las AFP han totalizado 4.402.156 millones .

Es decir, los bonos de reconocimiento han financiado prácticamente todas las pensiones pagadas por las AFP y sus Cías de seguros relacionadas, durante estos años.

El sistema, entre 1990 y 2005, ha crecido desde 4.492.298 millones a 37.897.036 millones, ambas cifras en pesos del 2005.

Es decir, el fondo acumulado ha crecido en 33.604.738 millones.

Los afiliados han recibido beneficios en el período que suman 4.461.648 millones.

Los haberes de los afiliados suman 38.066.386 millones en el periodo. Por otra parte, los mismos afiliados han contribuido con 22.978.944 millones en cotizaciones totales, y el fisco les ha traspasado un subsidio de 4.402.150 millones, ya referido, en bonos de reconocimiento.

La revalorización neta del fondo por intereses y ganancias, además del saldo neto de cotizaciones voluntarias y otras, ha sumado 10.685.286 millones.

Expresadas las cifras anteriores como porcentaje de los haberes totales de los afiliados en el período, es decir, los beneficios recibidos más los aumentos del fondo, resulta que las cotizaciones dan cuenta de un 60.4% de los haberes, los bonos de reconocimiento un 11.6% de los mismos, y la revalorización del fondo un 28.1%, lo cual suma el 100% de los haberes.

Si se considera el flujo financiero de los afiliados con el sistema en su conjunto, se aprecia que estos aportan en forma neta, año tras año, la suma de las cotizaciones más los bonos de reconocimiento, menos los beneficios recibidos.

Como resultado de este esfuerzo de ahorro, tienen derechos sobre el fondo final. Entre 1990 y el 2005, los aportes netos así definidos sumaron 22.919.452 millones, el fondo inicial en 1990 era de 4.292.298 millones, y el fondo final el 2005 sumaba 37.897.036 millones.

Si se calcula la tasa interna de retorno de todos estos flujos anuales, resulta una rentabilidad de 3.5% anual promedio, en el período considerado.

Los asalariados han traspasado a los grandes grupos económicos, y a las AFP y Cías de seguros relacionadas, cotizaciones por un total de 23 billones de pesos, equivalentes a 43.671 millones de dólares, a una tasa promedio de 3.5% anual.

Mientras las AFP han traspasado parte de esas cotizaciones, a grandes grupos, principalmente, y también al Estado, a la tasa de rentabilidad del fondo, que se aproxima al 10% anual, en promedio. Sin embargo, la mayor parte de dicha rentabilidad se diluye para los afiliados, puesto que como se ha mostrado, la rentabilidad neta de las cotizaciones totales, descontados los beneficios y el aumento del fondo, no excede el 3.5% anual.

La diferencia se la embolsan las propias AFP y las Cías de seguro relacionadas, así como otros intermediarios que prestan servicios a estas industrias, como los corredores de bolsas y otros intermediarios financieros, entre otros.

Lo relevante es que la tasa efectiva que reciben los asalariados es muy baja.

Así se produce un traspaso de recursos muy cuantiosos desde este grupo social hacia los grandes empresarios, principalmente.

Puesto que la cifra traspasada es muy significativa –equivale al 40% del PIB, aproximadamente, en los últimos quince años -, el impacto de este mecanismo sobre la distribución del ingreso es muy regresivo.

Hay que agregar el efecto de los cuantiosas franquicias tributarias que benefician a los sueldos más elevados en las AFP, las que suman el doble de lo que el fisco gasta en pensiones asistenciales para adultos mayores.

Cualquier incremento en la tasa de cotizaciones, o en la edad de jubilación, o en las obligaciones de cotizar para los independientes, se traduce necesariamente en un agravamiento de este mecanismo de redistribución regresiva del ingreso que representa el sistema privado de pensiones.

Un incremento en la tasa de cotización significa además una transferencia entre las PYMES – a las cuales les incrementa el costo salarial -, y los grandes grupos, puesto que las primeras no obtienen ni un solo peso del fondo de pensiones.

Todo ello reclama el restablecimiento de un mecanismo de previsión de reparto, en el cual el destino de las contribuciones salariales no sean los grandes grupos, sino directamente los jubilados.

Ello contará con una mucho mayor legitimidad social.

Quiénes se beneficiaron con la privatización de las AFP

por Manuel Riesco*

Es creencia popular que las AFP constituyen una suerte de alcancía, en la cual están depositados sus ahorros previsionales, protegidos con garantía estatal, además.

Muy por el contrario, la recaudación destinada al fondo de pensiones es traspasada de inmediato, principalmente a grandes conglomerados privados, los cuales por cierto los invierten “al tiro” en sus giros de negocios respectivos.

Adicionalmente, las AFP descuentan comisiones fijas del fondo de pensiones y, conjuntamente con sus Cías. de seguros coligadas, se embolsan íntegramente las comisiones variables.

Ni siquiera han financiado pensiones, puesto que los bonos de reconocimiento traspasados por el fisco han sido suficientes para pagar prácticamente todos los beneficios percibidos hasta el momento, por los afiliados y sus sobrevivencias.

El denominado fondo de pensiones no consiste entonces en dinero, sino en acreencias – diferentes papeles, como acciones y bonos - sobre flujos futuros de las empresas que recibieron y gastaron dichos fondos, así como futuros impuestos en el caso de los prestados al Estado.

Contrariamente a lo que piensa la ciudadanía, no existe tampoco ninguna garantía que dichos préstamos van a ser reintegrados. Ello depende solamente de la integridad de los deudores, la cual por cierto difícilmente puede ir más allá de su solvencia.

Por ejemplo, cuando en octubre del 2005 los fondos de pensiones perdieron en un mes el equivalente a un año de cotizaciones, nadie repuso dicha pérdida.

Es probable que el mes en curso (mayo 2006), el fondo de pensiones sufra pérdidas multimillonarias nuevamente, puesto que las bolsas mundiales han sufrido fuertes pérdidas. Tampoco es efectivo, como se difunde a menudo, que los fondos de pensiones se hayan utilizado principalmente en financiar viviendas, puesto que menos de un 5% del total está invertido en bonos hipotecario. También es pequeña la parte que se destina a financiar proyectos de infraestructura, monto que en el caso de las concesiones alcanza actualmente al 1,8% de los fondos totales.

Parte de los fondos, equivalentes al 15.3% del total, fueron traspasados a instituciones del Estado, principalmente el Banco Central y la Tesorería, que han absorbido conjuntamente el 11.6% de los fondos totales.

El INP ha sido el destinatario de US$2.925 millones, equivalentes al 3.7% de los fondos totales, los que ha retornado a las AFP en forma de bonos de reconocimiento, los cuales a su vez financian casi todos las pensiones otorgadas por estas últimas. En este sentido, todavía funciona en Chile el sistema de reparto, puesto que una parte pequeña de los descuentos previsionales se han destinado a pagar pensiones, “al tiro,” por esta vía indirecta.

Finalmente, empresas del Estado, principalmente el Banco del Estado, Metro, CODELCO, Ferrocarriles y ENAP han recibido conjuntamente un 5.4% de los fondos totales. Llama la atención, sin embargo, que mientras empresas privadas no bancarias han sido destinatarias de miles de millones de dólares, CODELCO sólo ha recibido 285 millones. En conjunto, el Estado y sus empresas han sido el destinatario de un 20.7% de los fondos totales. Sin duda, los principales destinatarios del grueso de los fondos de pensiones han sido los grupos económicos privados. Grupos chilenos y extranjeros establecidos en el país han recibido 37.141 millones de dólares, correspondientes al 47.5% del total de los fondos, mientras otros 24.826 millones, que equivalen al 31.8% del total, ha sido transferido al extranjero, principalmente a fondos de inversión estadounidenses.

Es decir, empresas privadas del país y del extranjero han recibido cerca del 80% de los fondos de pensiones. Un tercio de los fondos invertidos en Chile ha sido entregado a sólo 5 grupos, tres ellos relacionados con los controladores de las principales AFP. Los grupos Santander, Luksic, Yarur, Endesa y BBVA, han recibido 18.300 millones de dólares, equivalentes al 34.3% de los fondos invertidos en el país. Un conjunto de 13 grupos económicos han recibido 26.654 millones de dólares, que equivalen al 50% de estos fondos. Un total de 209 grandes empresas privadas utilizaron en su beneficio 37.141 millones de dólares, que equivalen al 69,7% de los mismos.

El 30.3% restante está invertido en instrumentos del Estado y empresas públicas. A marzo del 2006, los fondos invertidos en Chile alcanzaban a 53,298 millones de dólares, que representan el 68.2% del total de los fondos de pensiones.

Los principales receptores de fondos previsionales son los grupos españoles establecidos en Chile. Entre los 13 mayores receptores de fondos hay cinco grupos españoles, Santander, Endesa, BBVA, Telefónica, y Aguas Andinas, que en conjunto han recibido 11.609 millones de dólares, que equivalen a un 21,8% del total de los fondos invertidos en Chile.

Otros grupos españoles son asimismo grandes receptores de fondos, entre los cuales se encuentran varias concesionarios de infraestructura.

Hay que consignar que los grupos españoles Santander y BBVA controlan Bansander y Provida, respectivamente, AFP que conjuntamente deciden el destino de inversión del 43% del total de los fondos de pensiones. Los principales grupos económicos nacionales son asimismo grandes receptores de fondos, destacando los grupos Luksic, Yarur, Matte, Saieh, y Angelini, todos los cuales han recibido más de mil millones de dólares cada uno, y 4.332 y 3.408 millones, en el caso de los dos primeros.

Otros grupos que han recibido inversiones significativas de los fondos de pensiones son los dueños de cadenas minoristas Paulmann y Solari.

Llama la atención que entre los principales favorecidos con las inversiones de las AFP se encuentran grupos estrechamente identificados con la dictadura, o nacidos al alero de las privatizaciones, como los ya mencionados Yarur y Saieh, pero también Hurtado–Fernández, del Real, de Andraca, y nada menos que el ex yerno del dictador, Ponce Lerou.

Todos ellos han recibido aportes de los fondos de pensiones que exceden con mucho su importancia en la economía. Cabe mencionar que Ponce Lerou ha recibido un total de US$467 millones de las AFP, y todos los grupos mencionados han recibido más de 400 millones de dólares cada uno, bastante más de lo que han recibido el Metro, Codelco, Ferrocarriles y ENAP, que son las únicas empresas estatales que han percibido estas inversiones. Otros 24,826 millones de dólares están invertidos en el extranjero, un tercio de ellos en 4 fondos de inversión, y la mitad en 8 fondos.

El grueso en instrumentos privados de renta variable, fondos de inversión y acciones de empresas. La seria exposición que ello significa – basta con que uno o dos de estos fondos entren en falencia, como suele ocurrir casi inevitablemente en períodos largos de tiempo -desmiente categóricamente la idea que la inversión en el extranjero mejora la seguridad de los fondos.

Cabe mencionar que existen asimismo alternativas de compartir riesgos con fondos externos los cuales no requieren sacar ni un solo peso del país.

Las AFP en el tapete

por Fernando Vigorena P.*

Es indudable que el sistema de pensiones creado en 1981 requiere de ajustes para continuar su proceso de desarrollo. En esos años el empleado que entraba al mercado laboral viajaba en tren, se tomaba el tren a los 25 años y se bajaba a los 65 años para jubilar.

O sea, las expectativas eran de trabajar 40 años para vivir unos 8 a 10 años más con una pensión. Para tal efecto, se tomó la decisión de aportar el 10% de la remuneración del trabajador, con un tope de 90 UF, o sea, no se podía ahorrar más de $162.000 mensuales .

Posteriormente el sistema abrió diversas otras alternativas de ahorro voluntario que permitían al trabajador alcanzar un mejor promedio de jubilación. Mientras el sistema daba sus primeros pasos y se enmarcaba en el paradigma del empleo para toda la vida las perspectivas eran excelentes. Se hacían hasta cálculos felices con un ahorro de 40 años para vivir unos 10 años jubilados.

El festín era tremendo.

Pero el panorama cambió sustancialmente y el sistema no se ajustó a la nueva realidad. Ahora un alto porcentaje de los trabajadores ya no viaja en “tren”, sino en “colectivo”.

Tiene trabajos temporales, a contrata, por proyectos, free-lance, subcontratos, sistemas que afectan a los trabajadores privados y estatales.

Estos trabajadores no cotizantes temporales del sistema de AFP y muchos de ellos han abandonado el sistema buscando nuevos caminos para el ahorro. Esto está determinando que los cálculos felices de los 80 y 90 ya no sirvan.

Muy pocos trabajadores podrán jubilar a los 60 o 65 años de edad.

La mayoría esta perdiendo su condición de imponente del sistema a corta edad y las jubilaciones anticipadas hacen nata. S

egún datos oficiales el 61% de los cotizantes está jubilando anticipadamente.

Hay personas con 45 años que ya están dejando de imponer porque el mercado laboral no esta generando empleos a partir de esa edad. Hay excepciones, pero son miles los que han dejado el mundo de las imposiciones en la AFP.

Otro factor que incrementa el desafío, es el aumento de la edad de las personas. Si antes un varón jubilaba a los 65 y vivía hasta los 74, ahora la edad de sobrevida está llegando a los 90 años.

O sea, ahora se trabaja hasta los 45 años de edad con imposiciones en la AFP para vivir otros 45 años jubilados. Con esto no hay sistema que aguante.

¿Cuáles serian entonces las soluciones?

Entre otras:

1.- Incrementar el % de ahorro, de un 10% a 13 o 15% sobre los sueldos.

2.- Buscar un método para que los independientes que no imponen lo hagan obligadamente, a través de una retención en las boletas de honorarios y que vaya a un fondo en la AFP.

3.- Generar nuevos instrumentos de ahorro, fuera del sistema de AFP, para que la generación de los SIN EMPLEO, PERO CON TRABAJO ahorre...

El tema no se resuelve con bajar las comisiones o los sueldos de los gerentes, abrir el sistema a los Bancos, NO….eso es como reducir el alcoholismo disminuyendo el tamaño de las botellas.

¿Cuál es el futuro?:

Los trabajadores del futuro viajarán en 4x4, deberán ser desmontables, descartables, desechables o hasta virtuales y el empleo seguro será pieza de museo. Lo que si habrá y mucho será trabajo bajo otras formas de operar, inclusive una persona de 80 o más años aún podrá mantenerse activa y generar ingresos, pero sin empleo. La mayor longevidad abrirá nuevas puertas al trabajo.

¿Qué cree usted que estamos preparando en las Universidades chilenas donde todos buscan un aval para ingresar?

¿Jóvenes para viajar en tren, colectivo o 4x4? ……

Creo que viajeros en tren y de esos que no funcionan. Prepárese, el futuro ya no es la continuación del presente con algunas modificaciones.

Vivimos un cambio de época, no una época de cambios.

Concentración y Mercado no Competitivo en las AFP

Después de 25 años de funcionamiento del sistema privado de pensiones, el alto grado de concentración alcanzado, en términos de oferentes de servicios (AFP) confirma una vez más que en el desarrollo de una economía de mercado, propio por lo demás al desarrollo capitalista, la tendencia natural es llegar a concentrar la propiedad de la oferta; la realidad y la literatura económica es abundante en demostrarlo.

Actualmente solo existen 6 AFP, después que el sistema comenzara con 12 operadores y llegara a un máximo de 21 en 1994. Es así como a través de un proceso progresivo de fusión y absorción, la AFP “Provida” administra los fondos del 43% de los afiliados y la AFP “Habitat” administra un 24%.

Este concentración no solo trae consigo muchas consecuencias económicas, también arrastra efectos en el ámbito de la distribución del poder en la sociedad. La explicación es muy simple y casi obvia, las AFP canalizan el ahorro obligatorio de los trabajadores hacia la compra de acciones y bonos de preferencia de grandes empresas domesticas y extranjeras.

Así, a fines del 2005 los seis fondos de pensiones administraban activos por 74,8 mil millones de dólares, equivalente a dos tercios del PIB de ese año, de los cuales 30% estaba invertido en el extranjero y un 47% en instrumentos de renta variable (acciones).

Con el paquete de acciones que estas Administradoras poseen pueden nombrar parte del directorio en las más importantes empresas, y desde allí hacer los negocios pertinentes de expansión o creación de nuevas filiales en variados campos incluidos el de los medios de comunicación, seguros y establecimientos Universitarios.

La convergencia del proceso de privatización durante el régimen militar y la participación de las AFP en la canalización de capitales generados por los trabajadores, fue reproduciendo una nueva estructura de poder en la economía en torno a nuevos y tradicionales grupos económicos. Por otra parte la tecnocracia que acompaño al régimen militar también hizo su entrada en la nueva estructura de poder económico.

Ministros y altos ejecutivos del régimen pasaron a ocupar directorios y puestos gerenciales en las AFP o en empresas en que ellas tenían presencia.

Sin embargo, justo es recordar que después de 16 años de gobierno de la Concertación también comienzan a registrase este mismo tipo de desplazamientos de la tecnocracia gubernamental concertacionista hacia los directorios de las AFP. Desde el ángulo de las consecuencias económicas de la concentración, la configuración de un mercado oligopólico del lado de la oferta de servicios, naturalmente genera, por una parte una ausencia de competencia de precios y por otra crea ganancias propias de un mercado muy concentrado que son por cierto mucho más elevadas que si existiera un mercado competitivo.

El abuso de esta situación se ve acentuada por el hecho que desde el lado de la demanda (trabajadores) se trata de una “demanda cautiva” pues ellos no tienen un sistema alternativo donde colocar sus ahorros salvo elegir entre las seis AFP indicadas. A diferencia de Estados Unidos o Europa, donde el uso de cuentas de capitalización individual es un acto voluntario y complementario al sistema de reparto que sí es obligatorio.

En el caso de Chile, a los trabajadores se les descuenta mensualmente del salario bruto una cotización obligatoria en torno al 12,4% y con un límite de 60 Unidades de Fomento. De este porcentaje, por ley un 10% va a las cuentas individuales de ahorro previsional, y la diferencia del orden del 2,4% va dirigido a financiar los seguros de invalidez, y sobrevivencia ( en general con Compañías de Seguros coligadas a las AFP) y la comisión para la AFP.

Finalmente existe una comisión de un monto fijo que cada AFP cobra según su criterio, independiente del nivel de sueldo bruto y por tanto regresiva.

Sin embargo estas comisiones fijas rara vez han significado más del 10% del total de ingresos por comisiones de las AFP. Obsérvese además que las diferencias de cotización obligatoria que cobran actualmente los seis operadores es mínima, con lo cual se indica la ausencia de competencia en precios, no obstante el dinamismo de este mercado al que entran todos los años un flujo importante de afiliados.

¿De cuánto son las ganancias no competitivas que capturan las AFP? ¿Es demasiado elevado el costo de administración del sistema previsional? En lo que se refiere a las ganancias anormales resultado del bajo nivel de competencia se puede observar a través de las relativamente altas rentabilidades (patrimonial) de las AFP respecto al sistema financiero-bancario.

En efecto estas han estado siempre por arriba, salvo el periodo 1994-96 que tienden a igualarse, pero a partir de 1997 estas se han empinado del 20% al 32%, para situarse en los últimos tres años en torno al 28% en tanto las rentabilidades del sistema financiero fluctúan entre el 10% y el 20% para el mismo período.

Más aún expertos en cuestiones previsionales y académicos de la Universidad Católica concluían en un estudio que el negocio de la administración de pensiones habría generado rentabilidades de 53% en promedio entre 1999 y 2003 habida cuenta de los activos intangibles.

No es de extrañar entonces que según distintos estudios de empresas consultoras, los gerentes generales de AFP son los ejecutivos mejor pagados del sector privado con una remuneración liquida de 23 mil dólares mensuales en el año 2000.

Pero lo que también es interesante destacar es que durante el período donde supuestamente debería haber habido una competencia de precios no la hubo. En efecto, entre los años 1994 y 1999 se produce una disminución de las AFP de 21 a 8, y en ese período la competencia se hace por vía de los gastos comerciales (más vendedores y regalos para nuevos afiliados) pero no por comisiones más bajas. Se trata del clásico problema de la competencia oligopólica que se compite por diferenciación del producto y no por precios, cuestión coherente con el hecho de que ya en 1994 tres AFP concentraban el 67% de los afiliados (Provida, Habitat, Santa María).

En los períodos en que existió una lucha por conquistar partes relativas del mercado y lograr economías de escala, no hubo en consecuencia competencia de precios sino de marketing, con lo cual se revela el carácter oligopólico que siempre ha tenido este mercado.

La concentración del mercado de las AFP explican de por sí una parte de las elevadas rentabilidades que allí se generan y un segundo elemento a tener en cuenta es que los afiliados no muestran mucho interés sobre el precio del servicio es decir, la comisión que cobra la Administradora de Fondos.

Existe por tanto una débil elasticidad de la demanda por asimetría de información o falta de interés derivado de un mercado muy concentrado. Esto no significa que exista per se una insensibilidad a una mayor competencia de precios si hubiese un mayor numero de operadores ofreciendo servicios. ¿Que sentido tiene ahora que los trabajadores, que son además clientes cautivos, comparen y busquen la AFP mas conveniente a sus necesidades si la tarifa es prácticamente una sola? Por cierto, hay barreras a la entrada en el negocio de pensiones.

Una de ellas es el tamaño mínimo para entrar al negocio el cual se ha acrecentado porque el mercado se ha concentrado y no necesariamente por la naturaleza del negocio, aún cuando es perfectamente legitimo pensar que es posible diseñar distintas modalidades para separar la administración de cuentas de los aspectos operativos de la administración de inversiones. Incluso distintos expertos han planteado la posibilidad de licitar esta última función con lo cual se introduciría una mayor competencia y una baja en los costos de administración.

Abrir el negocio de las pensiones a nuevos actores podría a conducir a comisiones mas bajas, ¿por que entonces no dejar entrar a los bancos chilenos que tienen infraestructura de sucursales, base de clientes y gama de servicios financieros?

En su origen se excluyó a los bancos locales de este negocio, no sólo porque los bancos estaban a comienzos de la de la década del ochenta colapsados, sino por otras razones que siguen vigentes.

De tal modo que las AFP son de giro único y los bancos no pueden entrar al negocio. Deseos no le faltan a este sector para entrar pero el desembarco de los bancos en el negocio de pensiones no garantiza un mercado más competitivo y es muy difícil impedir el conflicto de intereses entre las demás áreas de negocios de los bancos así como difícil es evitar la venta ligada de productos financieros.

Sin embargo, cabe observar que la presencia de los bancos o de los grupos empresariales dueños de ellos están ya en la propiedad de varias de las AFP, particularmente los grupos de bancos extranjeros tales como el Citigroup, y los españoles Santander y BBVA, pero los bancos no administran directamente los fondos de pensiones.

La entrada de los bancos al negocio de pensiones plantea potenciales conflictos de interés que pueden terminar afectando a los trabajadores cotizantes pues podrían generarse inversiones mas riesgosa de los fondos, o acentuar las tendencias concentradoras pues se trataría de un operador que esta en dos mercados; si una empresa que necesita financiamiento y para ello emite bonos, lógicamente los bancos están interesados en colocar estos bonos pero si al mismo tiempo ellos pueden comprar estos bonos por las vías de la colocación de los fondos de pensiones en inversiones entonces habrá un numero limitado de bancos que controlarían el mercado del crédito y que además controlan el mercado de las AFP.

Para concluir parece cada vez más evidente que para contrabalancear el enorme poder que administran actualmente seis AFP, es dar origen a una AFP pública que de acuerdo a los antecedentes del Instituto Nacional de Previsión(INP) ellos pueden trabajar con costos de administración y con márgenes de ganancias mas bajos que los del sector privado, sin sacrificar eficiencia.

El INP tiene infraestructura ni conocimiento en administración de cuentas. Los fondos que reúna esta AFP publica podrían ser licitados al sector privado a objeto de estar por arriba de la rentabilidad mínima que se le exige al sistema, e inducir a que las AFP introduzcan mayor competencia por la vía de la licitación de fondos.

Informe Marcel

Mucho peor de lo esperado.

por Manuel Riesco*

El contenido del informe incluye uno de los cambios más resistidos a nivel político, como es el aumentar la edad de jubilación de las mujeres. No sólo eso. Rebajan la pensión mínima (la "escalonan"), aumentan los aportes al sistema de los afiliados y el Estado, rebajan más aún las regulaciones sobre la discrecionalidad de las AFP para manejar los fondos y sacarlos al extranjero, no tocan la estructura de la industria, excepto cosmética que no cambiará nada.

Desde luego, el modelo basado exclusivamente en la capitalización individual sigue intacto. En resumen, imposible peor.

El país entero debe darles una respuesta contundente, algo de lo cual se ha insinuado en el rechazo inmediato, unánime e indignado que tales “propuestas” han provocado.

La composición de la referida comisión, integrada mayoritariamente por personeros estrechamente apegados a la industria y al modelo, no auguraba nada bueno. Tampoco las declaraciones de su presidente.

Dicha mayoría se ha expresado en el contenido del informe evacuado. Ni los más pesimistas, sin embargo, esperaban un informe tan desatinado.

La comisión asesora se ha superado a si misma. Es completamente inaceptable la pretensión de subir la edad de jubilación a las mujeres. Ello significa dejar establecida la pérdida de derechos que en la práctica el sistema de AFP significa para ellas. Es decir, en lugar de corregir un sistema que está entregando menos derechos que los que otorga el sistema antiguo, se opta por rebajar los derechos para adecuarlos a aquellos disminuidos que pueden ofrecer las AFP.

En el sistema antiguo, las mujeres chilenas tienen derecho a jubilar a los 60 años, exactamente en las mismas condiciones que los hombres a los 65.

Ciertamente, todas las pensiones del antiguo sistema son de por vida, y benefician también a las sobrevivencias. En las AFP, en cambio, las mujeres -también los casados- tienen menores jubilaciones que los hombres solteros, aunque sus fondos sean iguales. Según el mecanismo de cálculo de las AFP, ellas deben financiar una sobrevivencia promedio mayor.

Adicionalmente, si una persona determinada tiene la mala suerte de sobrevivir más allá de la expectativa de vida promedio, la pensión se reduce a la mínima si era antes de un monto superior, o simplemente se extingue, puesto que los fondos se acaban.

Aún a los 65, sus pensiones seguirán siendo inferiores a las de los hombres.

En todas partes del mundo, las mujeres constituyen la abrumadora mayoría de los adultos mayores, mientras en cambio usualmente constituyen una minoría o a l mas la mitad, de la fuerza de trabajo activa. En Chile actualmente, por ejemplo, 2/3 de los adultos mayores son mujeres, las que por otra parte conforman poco más de 1/3 de los cotizantes. Todos los sistemas se basan, asimismo, en el principio que los activos mantienen a los pasivos, y siempre los que contribuyen más aportan a los que contribuyen menos.

La principal diferencia entre unos sistemas y otros es la institución que media entre pasivos y activos, garantizando a los primeros la solidaridad de los segundos. En el sistema arcaico, dicha mediación y garantía corrían por cuenta de la familia. En los sistemas de reparto corren por cuenta del Estado, mientras en la capitalización “a la chilena,” descansan principalmente en las empresas privadas.

En el primer caso, el Estado recauda cotizaciones a los activos y las reparte de inmediato entre los pasivos. En el segundo caso, las empresas reciben la mayor parte de las cotizaciones – en el caso chileno a partir de 1981, el 80% de ellas ha ido a parar a manos de un reducido grupo de grandes conglomerados privados, a cambio de la promesa de devolverlas incrementadas más adelante.

Naturalmente, de cumplirse tal promesa, serán los trabajadores activos de ese momento quienes aportarán los flujos de utilidades y pagos de intereses a partir de los cuales se pagarán las jubilaciones de los pasivos de entonces.

Asimismo, quienes aportan más a dichos flujos aportarán más al pago de las acreencias de los jubilados. En los sistemas de reparto, el Estado está en condiciones de garantizar pensiones definidas, porque conoce con precisión las recaudaciones de los cotizantes, las que siempre crecen además, incluso durante las recesiones.

En la capitalización, en cambio, los retornos de las empresas y también los derechos de los jubilados, están sujetos a las fluctuaciones de las bolsas y los tipos de interés, los cuales a su vez dependen de los ciclos económicos. En muchos casos, las empresas que recibieron las cotizaciones originales habrán dejado de existir, o no estarán en condiciones de cumplir lo prometido, con lo cual buena parte de aquellas habrán ido a fondo perdido. Esa es la experiencia de sistemas de capitalización que fracasaron rotundamente, como del que existía en Francia durante la entreguerra, y tuvieron que ser reemplazados por sistemas de reparto.

Los únicos sistemas de capitalización que han subsistido son administrados por el Estado y los propios cotizantes, y están invertidos casi en su totalidad en instrumentos de renta fija o en bienes raíces, como el de Singapur o el de Suiza.

Como se puede apreciar, el nivel de conocimiento y la profundidad que reflejan tales opiniones son parecidos a los que evidencian algunos pegajosos “analistas” políticos, que lo único que demuestran es que nunca la han practicado, ni siquiera dirigiendo un consejo de curso. En lugar de aumentar la edad de jubilar de las mujeres, lo que se requiere es establecer un mecanismo diferente, que entregue pensiones definidas y dignas a todos, hombres y mujeres, casados y solteros.

En la propuesta de Cenda a la comisión asesora (ver www.cendachile.cl), se propone y fundamenta, fijar como base mínima los beneficios que hoy día otorga el sistema antiguo. Es decir, recalcular las pensiones de todos los jubilados por AFP, de modo subir sus pensiones al mismo nivel que hubiesen tenido bajo el régimen antiguo. Adicionalmente, se propone mejorar el mecanismo de cálculo de estas pensiones definidas, siguiendo un modelo adoptado recientemente en Suecia, que considera no sólo las últimas remuneraciones, sino todas las contribuciones de la vida de los afiliados.

Para financiar este cambio no es necesario aumentar las obligaciones de los afiliados, es decir, basta con el 12.5% de descuento actual. Sin embargo, si es necesario redirigir parte de dicho descuento al restablecimiento gradual del sistema de reparto.

Como se muestra en dicho estudio, las cotizaciones actuales suman 1.9 billones de pesos anuales (millones de millones), mientras que el costo de las jubilaciones pagadas por el INP, las que cubren a tres cuartas partes de los adultos mayores, es de 1.5 billones anuales.

Es decir, las cotizaciones actuales bastarían para otorgar a todos los adultos mayores pensiones de un nivel similar al del INP. adicionalmente, el estudio muestra que el flujo de cotizaciones crece constantemente y a una tasa anual promedio de 6%, mientras que el número de adultos mayores crece sólo al 3% anual.

Puesto que actualmente el fisco paga todas las pensiones de vejez, el fondo de reparto inicial tendría que corregir sólo las jubilaciones de vejez de las AFP, que son alrededor de 130 mil. Para ello basta con redirigir al fondo de reparto dos o tres puntos porcentuales, de los 12.5 que se descuentan a los salarios.

Es decir, basta con eso para restituir a todos los jubilados por AFP los derechos que gozan quiénes están en el INP, incluido el restituir a todas las mujeres el derecho a jubilar a los 60 años en las mismas condiciones que los varones a los 65. Esta propuesta es perfectamente factible y moderada.

No crea distorsión alguna sobre la economía, no implica tocar los fondos acumulados ni aumentar los descuentos ni a los trabajadores ni a las PYME. Tampoco genera cargo alguno sobre el fisco. Solo requiere, por cierto, abandonar gradualmente el sacrosanto principio de la capitalización individual y avanzar gradualmente hacia un sistema más equilibrado, que combine reparto y capitalización. Por otra parte, es completamente inaceptable, reducir la pensión mínima, so pretexto que ello es requisito para aumentar la cobertura.

El "escalonamiento" propuesto por la comisión asesora no es otra cosa que un eufemismo para rebajar la pensión mínima. En efecto, a los que tienen 20 años se les otorga el mínimo, a los que tengan 10 media mínima. ¿Cual es el mínimo entonces, el entero o la mitad? Por el contrario, es necesario y perfectamente factible establecer el derecho universal a una pensión pública básica de un valor mínimo de 100 mil pesos mensuales.

Un reciente estudio del INP demuestra que para ello basta con mantener hacia el futuro el mismo nivel de gasto fiscal que se mantenido por veinte y cinco años, como proporción del PIB. Las medidas propuestas por la comisión asesora tampoco afectan en nada a la industria de AFP. Por el contrario, aumentan su margen de discrecionalidad en la inversión de los fondos. La licitación de paquetes de afiliados es una medida cosmética. La inclusión de los bancos, sin cambiar la estructura de la industria, aumentará la concentración en lugar de disminuirla.

En efecto, sólo quedarán AFP que tengan bancos coligados, como ocurre ahora con las principales. Lo que se requiere, por el contrario, es cambiar la estructura de la industria. Establecer un sistema nacional de pensiones, en el cual la afiliación de todos sea al INP. Dicha institución deberá centralizar la recaudación y los pagos, así como todas las demás funciones que tengan economías de escala.

Ciertamente, dicha institución luego verá como opera dicho sistema, pudiendo subcontratar servicios con varios operadores, como lo hace hoy. Actualmente el INP recauda y paga más cotizaciones y pensiones que el conjunto de las AFP. Bien puede hacerse cargo de todas estas funciones, a un costo mínimo. La gestión de los fondos bien puede dispersarse en muchos operadores, como se hace en Suecia, en que un sistema de estas características cuenta con 600 operadores de fondos, incluyendo uno estatal, que es el más importante. Finalmente, es inaceptable sobre todo la pretensión de mantener la capitalización como pilar exclusivo del sistema de pensiones chileno.

Ello condena a la clase media a pensiones inciertas, en las cuales todas las mujeres quedan con pensiones inferiores. Adicionalmente, los chilenos no van a aceptar que durante otros veinte años, sus cotizaciones se destinen a préstamos y aportes a grandes empresas privadas, como ha venido ocurriendo desde que se privatizó el sistema de pensiones. En efecto, como muestra un reciente estudio de Cenda entregado a la comisión asesora, entre 1990 y 2005, los trabajadores aportaron 23 billones de pesos (millones de millones de pesos 2005) a las AFP y compañías de seguros coligadas. En el mismo período, éstas pagaron pensiones por 4.4 billones.

Sin embargo, al mismo tiempo, el fisco les traspasó bonos de reconocimiento por 4.4 billones. Es decir. ni un solo peso de las cotizaciones se utilizó para pagar pensiones.

¿Adonde fue entonces el dinero?

Parte importante, -2,5 pesos de cada 12,5 pesos cotizados- se lo embolsaron las propias AFP y compañías de seguro coligadas.

Otra parte, equivalente al 20% del fondo final, se prestó al fisco.

El grueso, sin embargo, el 80% del fondo total, se prestó a grandes conglomerados económicos. Un 30% del total está en el extranjero, la mitad en manos de sólo ocho fondos de inversión.

El 50% del total está en manos de 20 empresas que operan en Chile, y la mitad en manos de sólo 13 grupos económicos.

Es necesario que las cotizaciones vuelvan a utilizarse para pagar pensiones. Para ello es indispensable reponer gradualmente el sistema de reparto, y reducir gradualmente la capitalización a un rol complementario, como existe en países más avanzados.

Sólo medidas de esta naturaleza generarán un sistema capaz de concitar amplio consenso nacional. Así lo han afirmado recientemente académicos de prestigiosas universidades y centros de estudios, que representan a un amplio arco político.

Sus recomendaciones deben ser ahora tomadas en cuenta por la comisión interministerial. El informe de la comisión asesora, en cambio, deberá ser archivado en el museo de la inequidad, como tantas otras medidas de un período neoliberal que vive sus últimos estertores.